Aprobado en 2019 por el ejecutivo de Sánchez

Lakua y Moncloa abren el diálogo para modificar el 'decreto digital'

Erkoreka alega que esta medida contra la república digital catalana no cabe en el "nuevo tiempo"

22.01.2020 | 06:25

Gasteiz - Los gobiernos vasco y español han acordado iniciar el proceso de negociación para modificar el decreto conocido como 155 digital, aprobado en el tramo final del año pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para contrarrestar la república digital catalana en un clima de máxima tensión entre Moncloa y el Govern, pero que el gabinete de Iñigo Urkullu considera que vulnera las competencias de las comunidades históricas como Euskadi.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, anunció ayer el inicio de este proceso que afrontarán de forma conjunta los dos gabinetes, tal y como acordó con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en la conversación que ambos mantuvieron el pasado viernes para reactivar el calendario de transferencias a Euskadi. El real decreto de Sánchez permite al Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, asumir la gestión directa o intervenir redes y servicios de comunicación electrónica.

La decisión adoptada ayer por el Consejo de Gobierno da respuesta al mandato del Parlamento Vasco después de que, el pasado viernes, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos aprobaran, a raíz de una proposición no de ley de EH Bildu, instar al Ejecutivo de Gasteiz a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de seguridad digital del Gobierno Sánchez. Una revisión del decreto digital que, según recordó el PSE en esa sesión plenaria, ya estaba contemplado en el acuerdo de investidura que PNV y PSOE suscribieron para apoyar el nombramiento del presidente español.

El proceso que se abre ahora es el habitual, según recordó Erkoreka: tras el acuerdo del Consejo de Gobierno para interponer recurso ante el Constitucional, las dos administraciones, vasca y estatal, acuerdan a su vez abrir un periodo de negociación de seis meses para dirimir las diferencias existentes, en este caso sobre el 155 digital. Dicho diálogo se desarrollará en el seno de la comisión bilateral de cooperación con el objetivo fundamental de evitar "la judicialización".

Durante este medio año, la materialización del recurso queda además paralizada. Para ello, Erkoreka y Carolina Darias remitirán un escrito conjunto al Tribunal Constitucional antes del 5 de febrero para comunicar el inicio de este proceso de negociación. El consejero vasco explicó que su pretensión al adelantar el viernes pasado a la ministra la intención del Consejo de Gobierno era "anunciarlo lealmente y con antelación para conocer el marco de relación y el campo de juego".

Libertad de expresión En la rueda de prensa que ofreció ayer en Gasteiz, Josu Erkoreka cargó duramente contra el decreto de seguridad pública y administración digital: "Hoy no concurren las razones de excepcionalidad, gravedad y relevancia que llevaron al Gobierno español a su tramitación urgente. Se ha abierto un nuevo tiempo presidido por el diálogo y la negociación entre instituciones y partidos, un tiempo para abordar todo lo referido a las Administraciones Públicas digitales desde las vías del diálogo, la negociación y el acuerdo", dijo.

Recordó que este decreto ley se aprobó en un contexto "de máxima tensión entre el Gobierno español y el catalán", y que Moncloa "instauró un sistema de control desproporcionado, desmedido e inadecuado en un Estado descentralizado". Criticó por ello la "falta de proporcionalidad entre algunas infracciones y sus sanciones", ya que hay previstas medidas "innecesarias y excesivas, cautelarísimas, que no se adecuan al fin propuesto".

Como ejemplo, el portavoz citó que esta norma afecta de manera "grave y restrictiva" a los derechos y libertades fundamentales de los artículos 18 y 20 de la Constitución, ya que "extiende sus efectos a los contenidos que se transmiten y, con ello, a la libertad de expresión".

Agregó que el decreto no solo afectaría a Catalunya, ya que "vulnera el principio de autonomía política y la competencia de autoorganización de las autonomías históricas, como Euskadi", en referencia a la identificación, firma electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, así como en la seguridad en materia de telecomunicaciones. Por ello, en el acuerdo de PNV y PSOE se recoge el "compromiso político real" de reformar el decreto digital y de sustituir la judicialización de las discrepancias por el acuerdo político.

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