El estado de alarma termina el 9 de mayo, y las comunidades autónomas viven estos días como si se tratara de la fatídica cuenta atrás de una bomba de relojería, la puerta de entrada a un escenario de caos donde perderán su vigencia el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación del número de personas en las reuniones sociales para reducir los contagios por coronavirus. En estos últimos compases, el lehendakari ha puesto sobre la mesa una oferta al presidente español para que reconsidere su posición: le ofrece negociar la duración y las medidas del estado de alarma.
Esta oferta, que ha hecho pública esta mañana en la sesión de control del Parlamento Vasco leyendo un extracto de su carta a Pedro Sánchez, es el último cartucho y llega en un momento en el que crece la presión a La Moncloa por parte de las comunidades autónomas. Una comunidad del PSOE, Castilla-La Mancha, coincide con el planteamiento de prorrogar la alarma; y Castilla y León y Galicia, del PP, también verían con buenos ojos que se extienda ese marco. En paralelo, en línea con la idea del lehendakari de abrir un resquicio a la negociación, existe un movimiento de comunidades que plantea en privado la idea de ofrecer a Sánchez que se mantenga el toque de queda, pero no tan estricto, retrasándolo hasta la medianoche, las 00.00 horas.
La base mínima que plantea el lehendakari es que la alarma se aplique en el conjunto del Estado español, y que sea por un periodo significativo de tiempo. Urkullu sí ha ofrecido una prórroga de dos meses, en mayo y junio, o al menos de un mes. Es un periodo inferior al que había señalado inicialmente el PNV (tres meses, hasta bien entrado agosto, cuando la vacunación será masiva y habrá inmunidad de rebaño). Este matiz puede ofrecer un enganche a Sánchez, centrado en salvar la campaña turística.
En cuanto al toque de queda, Catalunya tenía previsto activar un decreto para mantenerlo cuando caiga la alarma, pero se enfrenta a escollos jurídicos. Ha anunciado que ampliará el horario de la hostelería hasta las 23.00 horas y, aunque pide no hacer la lectura de que el toque de queda se puede retrasar, ha sido inevitable que se interprete en ese sentido. El estado de alarma fija el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, con opción de modularlo una hora antes o después (en la CAV es a las 22.00).
Carlos Iturgaiz, de PP+C's, había pedido al lehendakari en el pleno que apostara por la reforma legal presentada por Casado en el Congreso, para habilitar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad y tener el mando sanitario, pero Urkullu le ha recordado que hay comunidades del PP que también defienden la alarma y que ya no hay tiempo para tramitar la reforma. Ha leído el último párrafo de la carta enviada a Sánchez: "Es por ello que ante el riesgo de inseguridad, demoras en la efectividad y por la inquietud del riesgo de interpretación social de posibilidad de vida sin restricciones en un tiempo en el que persiste la incidencia grave de la pandemia, solicito la prórroga del estado de alarma hoy vigente, mostrando mi voluntad de acordar su contenido y duración en virtud de su aplicación por medio del mando y gestión de las correspondientes presidencias de cada comunidad autónoma, de forma coordinada en el conjunto del Estado".
Urkullu
, quien también ha respondido a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, dice que seguirá trabajando por el estado de alarma "hasta el último momento". Pide "no estigmatizar" a Euskadi como si fuera la única comunidad que lo necesita, y argumenta que tiene más casos de contagios porque realiza un mayor número de tests. También ha aclarado que coincide "en lo esencial" con la vicelehendakari segunda y líder del PSE, Idoia Mendia, en que sería conveniente prorrogar la alarma, sea de manera total o parcial en algunas comunidades. Aclara que su gobierno está unido. Al PP le ha pedido que abandone la "obstrucción permanente" y respalde la Ley Antipandemia vasca que, aunque no resolverá los problemas jurídicos (como el toque de queda), permitirá que las actuaciones vascas "tengan mayor solvencia".
Sánchez está tanteando varias opciones, pero ninguna ofrece garantías a las comunidades, y lanza en privado globos sonda como la opción de que sea el Tribunal Supremo quien avale las medidas autonómicas y no los tribunales superiores de justicia, que han sido especialmente beligerantes en algunos territorios como la CAV. Pero no ha puesto en marcha una reforma legislativa que permita mantener las restricciones del estado de alarma y deja a las comunidades a merced de los jueces.
