El primer ministro británico, Boris Johnson, sufrió ayer un duro golpe cuando el Tribunal Supremo de Reino Unido sentenció que su polémica decisión de cerrar el Parlamento hasta el 14 de octubre en un intento desesperado de reprimir cualquier acción parlamentaria contra sus planes del Brexit fue ilegal.

Tras tres días de sesiones en las que analizaron dos apelaciones, una de la activista contra el Brexit Gina Miller y otra presentada por el Gobierno británico ante los tribunales escoceses, el Tribunal Supremo confirmó que el consejo del primer ministro a la Reina Isabel II era “nulo y sin efecto”.

Miller apeló contra la decisión del Alto Tribunal de Inglaterra de considerar el cierre del Parlamento era una decisión “puramente política” que excedía las competencias de los jueces, mientras que el Gobierno de Johnson apeló contra la sentencia del Alto Tribunal de Escocia que subraya que el cierre había sido usado para “reprimir” al parlamento.

El abogado del Gobierno, Lord Keen, defendió que intervenir en asuntos políticos era “terreno prohibido” para los jueces, si bien Lord Pannick, el letrado que representó a Miller, aseguró que la “duración excepcional” del cierre era una prueba de que Johnson había actuado para “silenciar al parlamento”.

En un fallo histórico, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, afirmó que la suspensión de las cámaras, “fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”.

Bercow vuelve a llamar al orden Con la polémica decisión de ayer, el parlamento regresa ahora a la actividad sin el esperado discurso de la Reina y sin nueva agenda legislativa, pero sí con cierto grado de improvisación por parte del presidente de los Comunes, John Bercow, quien dio instrucciones para que el Parlamento reanude hoy mismo sus sesiones, a partir de las 11:30 hora local. Bercow no ocultó su satisfacción por el dictamen del Supremo, que implica que los parlamentarios que actualmente participan en las conferencias de sus partidos en diversas ciudades británicas, tengan que regresar a Londres inmediatamente. Por su parte, el Gobierno aseguró que “acatará el fallo” del Supremo, pero no renuncia a intentar cerrar el parlamento de nuevo, alegando razones legales y la necesidad de que los parlamentarios asistan a las citadas conferencias.

Si los parlamentarios rechazan la propuesta, la conferencia del partido conservador en Manchester tendrá lugar mientras el parlamento vuelve a la actividad, un choque de agendas poco frecuente e inútil, desde el punto de vista del primer ministro, que se encontraba en la Cumbre Climática de la ONU en Nueva York y anunció que volaría de vuelta a Reino Unido de inmediato.

A Johnson le llegaron numerosas peticiones de todos los bandos para que dimita de su cargo, pero por el momento parece resistir. Así se lo pidió el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, quien desde la conferencia del partido laborista en Brighton pidió que un Johnson “no electo”, renuncie y se convierta en el primer ministro con menos tiempo en el poder de la historia británica.

Para el líder laborista, el Reino Unido se enfrenta a un “momento extraordinario y precario” tras la decisión unánime de once jueces del Supremo sobre la suspensión del parlamento y recalcó que el primer ministro “nunca cerrará nuestra democracia ni silenciará las voces de la gente”. Los seguidores laboristas cantaron al grito de “Johnson fuera”, mientras el líder laborista apuntaba a que se había descubierto que el líder conservador “engañó al país”.

En otras circunstancias, la perdida de un caso judicial de estas características hubiese llevado a la celebración de un voto de confianza sobre el gobierno. Pero esta ocasión, no está claro que Corbyn vaya a hacerlo de inmediato y por el momento solo ha pedido a Johnson que “considere su posición”, por miedo a que haya unas elecciones generales que no aseguren una extensión del Brexit y que eviten una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Sobre la mesa sigue programado que Londres abandone la el bloque común en esa fecha y Johnson insiste en que así será, pero los parlamentarios aprobaron la Ley Benn a principios de este mes, obligándole legalmente a pedir una extensión si el Parlamento no vota a favor de un acuerdo Brexit antes del 19 de octubre.