MADRID - La otrora todopoderosa lideresa de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue señalada ayer por el juez del caso Púnica, que investiga la financiación irregular del PP en dicho territorio, como la principal ideóloga e impulsora de un sistema para desviar fondos públicos de cara a alimentar las arcas del partido. Bajo la sombra de la sospecha se sitúan las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 -con sendas mayorías absolutas de Aguirre-, y las generales de 2008, a las que el PP madrileño habría concurrido dopado con un gasto en campaña que incluso dobló el permitido por ley. Tras esquivar el peso de la Justicia durante años a medida que sus más estrechos colaboradores iban entrando uno tras otro en prisión, a Aguirre se le acabó ayer la suerte al ser imputada por financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental.
Por todo ello deberá comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el próximo 18 de octubre. En un escrito difundido a última hora de la tarde, aseguró que acudirá “con mucho gusto” y agregó que el contenido del auto es “completamente falso” en lo referente a ella. Su declaración supondrá el colofón a más de 40 citaciones de altos funcionarios, dirigentes políticos y empresarios, que arrancarán el próximo lunes y que tendrán como segundo rostro destacado a otra expresidenta madrileña del PP, Cristina Cifuentes. En su caso, acudirá a la sede judicial el 1 de octubre por saltarse trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, propiedad del entonces líder de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
La decisión del juez, que accede a la petición formulada hace un mes por la Fiscalía Anticorrupción en base a informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, culmina un ciclo de 15 años, entre 2003 y 2018, con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid investigados por corrupción.
El magistrado considera que existen “indicios racionales” de que Aguirre sería “quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”. Unas campañas que “iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad”, añade. Según el auto de imputación, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 tras el tamayazo, los dirigentes populares “fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinados proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros”.
Este plan se habría concretado en una reunión celebrada a principios de 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, que estuvo presidida por Aguirre y a la que acudieron el expresidente de la Comunidad Ignacio González; el ex secretario general del PP madrileño y cabecilla de Púnica Francisco Granados; el exgerente del partido Beltrán Gutiérrez; el entonces viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, condenado por Gürtel; el consejero de Sanidad Manuel Lamela; y el empresario argentino Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, a cuyas empresas se adjudicaron contratos de propaganda institucional de varias consejerías como “un ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido”. Estos dos últimos fueron los que, en sus declaraciones ante la Guardia civil, situaron a Aguirre en este encuentro.
Cambio legislativo Según el juez, mientras la expresidenta asumió el rol de supervisora de estos desvíos, González -imputado en Lezo-, Granados -en prisión por Púnica- y Beltrán Gutiérrez eran su mano ejecutora y se encargaban del “control directo” de las partidas. De este modo, “el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros, consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos” de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a ellas. Respecto a las autonómicas de 2011, en las que Aguirre logró su victoria más abultada, el PP gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite establecido por ley, de los que al menos 1,25 millones provenían de la caja B del partido.
Como parte de este engranaje se sitúa la modificación, por parte del Ejecutivo de Aguirre, de varias leyes autonómicas con el fin de facilitar la adjudicación de contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas del PP. A partir de este cambio, las adjudicaciones pasaban por la mesa del exvicepresidente regional y sucesor de Aguirre, Ignacio González.
‘Caso Púnica’. Una extensa red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones en ayuntamientos de Madrid y Valencia. El presunto cerebro de la trama era Francisco Granados, ex número dos del PP de Esperanza Aguirre en Madrid.
‘Caso Gürtel’. El centro de la trama era el empresario Francisco Correa, que se nutría de contratos y favores de administraciones dirigidas por el PP en Madrid y Valencia a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades públicas.
‘Caso Bárcenas’. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, destapó la contabilidad B del partido. En sus anotaciones, apuntaba sobresueldos en dinero negro a altos cargos de la formación. En febrero de 2013 denunció al PP por despido improcedente.
‘Caso Palma Arena’. Investiga el sobrecoste del velódromo Palma Arena en Baleares, el enriquecimiento del expresidente del Govern Jaume Matas y la supuesta financiación ilegal del PP. El propio Matas está imputado por doce delitos.
‘Caso Bomsai’. Posibles irregularidades durante el gobierno de Jaume Matas en la adjudicación de obras de la empresa pública Caib Patrimonio.
