bilbao - Se estaba haciendo de rogar y aproximando peligrosamente al inicio la segunda semana de febrero de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que podía enmarañar todo el proceso, pero finalmente el Gobierno español ya ha remitido al Ejecutivo de Urkullu el calendario para negociar y materializar las transferencias pendientes a Euskadi. El plan de trabajo incluye 33 materias a traspasar, todas las reclamadas salvo la gestión económica de la Seguridad Social, pero posterga la de Prisiones hasta enero de 2020. El Gobierno Vasco lamentó ayer que Pedro Sánchez no priorice este traspaso clave y reprochó a Moncloa que sigue desarrollando actuaciones e inversiones en las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri sin su conocimiento.
El Gobierno español se marca un plazo de un año, hasta enero de 2020, para culminar la totalidad de los traspasos y distribuye el paquete de competencias pendientes en tres grandes bloques, dependiendo del inicio de los trabajos. Un primer grupo de siete materias que ya han empezado a ser estudiadas desde el pasado diciembre serán materializadas, siempre según el calendario remitido a Lakua, en marzo de este año. En esta primera fase están incluidas las legislación sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar, las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores por expedientes de regulación de empleo, una decena de servicios y líneas ferroviarias de pasajeros y de mercancías de la antigua FEVE, las escuelas viajeras, el centro de estudios de Experimentación de Obras Públicas y la Administración Institucional.
El Gobierno español ha organizado el plan de trabajo empezando por las que considera más sencillas técnica, administrativa, económica y jurídicamente y terminando en las más complicadas. Un criterio distinto al del Ejecutivo vasco que marcaba otras prioridades atendiendo al peso político de las materias a transferir y teniendo en cuenta la complejidad técnica de cada una de ellas.
Con ello quería evitar que aquellos que requieren de una mayor cocina no se postergue demasiado y se ponga en riesgo su culminación, más aún teniendo en cuenta que la posibilidad del adelanto electoral planea permanentemente sobre esta legislatura. Si eso ocurriera, las transferencias colocadas en los vagones de cola del calendario no llegarían a tiempo y quedarían al albur de las eventuales elecciones y del color del próximo Gobierno español.
un plan de trabajo concreto Las negociaciones y el intercambio de propuestas para las siete primeras transferencias comenzarán en febrero, según anunció ayer el portavoz del Gobierno Vasco. Josu Erkoreka explicó que pese a las “discrepancias” entre ambas partes por el orden de prioridades, el gabinete de Iñigo Urkullu “no desaprovechará” la ocasión de seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
“Es la primera vez que el Gobierno vasco tiene a su disposición un plan de trabajo concreto, con materias y plazos para completar el Estatuto”, señaló Erkoreka para a renglón seguido mostrarse partidario de dejar de lado las discusiones sobre “prioridades o aspectos formales y ponerse a trabajar sobre materias concretas”.
El segundo bloque de traspasos empezará a moverse en febrero pero no será hasta abril cuando arranque el proceso negociador puro y duro de otras once competencias cuyo horizonte de acuerdo está fijado en julio de este mismo año. En concreto las materias incluidas en este tramo son el transporte por carretera, la autopista AP-68, los servicios privados de seguridad, seguros, crédito y banca, salvamento marítimo, seguros agrarios, participación de las empresas públicas vascas en los órganos de administración de la SEPI, fondo de protección al cine, meteorología y los centros de investigación y asistencia técnica.
Buena parte de las materias de mayor calado han sido relegadas al tercer tramo del calendario, cuya materialización se hará efectiva en enero del año que viene. En este bloque se incluyen la gestión de la asistencia a la población inmigrantes, los aerorpuertos de Bilbao, Hondarribia y Foronda, los puertos de Bilbao y Pasaia, el régimen electoral municipal, ordenación y gestión del litoral o la supervisión de las entidades de crédito oficial. Asimismo, en este bloque vienen recogidos los títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, la expedición de los permisos de circulación y matriculación de vehículos, los hidrocarburos, la inspección pesquera y la titularidad de los paradores de turismo de Hondarribia y Argomaniz.
También figura la transferencia sobre la organización, régimen y funcionamiento de las prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri así como de los establecimientos de protección y tutela de menores. En la competencia incluye la potestad para construir nuevas cárceles, aunque la política penitenciaria queda en manos del Gobierno español.
adelanto electoral Erkoreka mostró su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo español siga adoptando medidas importantes y actuaciones en las prisiones vascas de espaldas al Gobierno Vasco. En este sentido, destacó que el propio Tribunal Constitucional sostiene que, aunque el Estado puede seguir ejerciendo competencias pendientes de transfereir a una autonomía, dicho ejercicio estará realizando de manera “anómala” por parte de la Administración española.
Estas son las competencias más expuestas a un adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez y, en consecuencia, a quedarse en humo de las velas. El presidente español depende de los independentistas catalanes para superar al menos la tramitación de los Presupuestos. Si no presentan enmiendas a la totalidad y no apoyan las que puedan presentarse, habrá superado el primer envite y asegurará la legislatura al menos hasta otoño. Pero si, finalmente, no aprueba los Presupuestos, el propio Gobierno español duda de si llegará hasta el final de la legislatura, a mediados de 2020. Por ello se maneja la opción de otoño de este año como posible fecha para convocar elecciones anticipadas, lo que frustraría la culminación de algunas de las transferencias del último tramo del calendario.
