madrid - La espantada de Ciudadanos (C’s) ha dejado solo al PP ante la responsabilidad de negociar con Vox el apoyo de esta formación para que Juan Manuel Moreno sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía. El partido liderado por Albert Rivera no quiere aparecer en la foto hablando con la extrema derecha y a los populares no les queda más remedio que asumir el coste de la escenificación de cerrar, aunque sea con la nariz tapada, los doce votos de Vox en la sesión de investidura de la próxima semana. El PP intenta presionar a Vox ante la reunión de esta tarde entre Teodoro García Egea y su homólogo Javier Ortega Smith recordando que si no apoyan a su candidato Susana Díaz seguirá en el Palacio de San Telmo como presidenta andaluza.

García Egea mostró ayer la disposición de su partido a modificar la Ley de Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, una de las reclamaciones que ha realizado Vox en Andalucía para dar su apoyo a la investidura de Moreno, pero aseguró que el debate no se centra en este aspecto, sino en conseguir el cambio en esa región. Según señaló, no tiene previsto poner sobre la mesa ninguna oferta concreta en este sentido, aunque la semana pasada el partido apuntó a establecer ayudas para hombres víctimas de violencia doméstica.

Ciudadanos se muestra incómodo con la participación de Vox en el tridente de derecha que, si finalmente se materialice, desalojará al socialismo tras 36 años gobernando en Andalucía. La formación naranja tiene presiones en su propio partido con sectores a los que desagrada cualquier componenda con un partido de ultraderecha que es equiparado a Le Pen o Salvini y que está siendo mirado con lupa desde Europa. Además, pone en riesgo las intenciones de Rivera de emular a Emmanuell Macron en futuras contiendas electorales. El propio Manuel Valls, ex primer ministro francés y ahora candidato a la Alcaldía de Barcelona en una plataforma próxima a Ciudadanos, ha descalificado cualquier aproximación a Vox.

Por todo ello no extraña que Ciudadanos intente disimular su corresponsabilidad en este tridente de derecha del que Vox formará parte por activa o por pasiva (con la abstención). En la práctica el gobierno regional estará formado por los tres partidos gracias a los votos de la formación liderada por Santiago Abascal. Ciudadanos descarga el coste de la negociación en el PP que finalmente se ha visto abocado a asumir ese precio. Los populares no quieren limitar la reunión al monotema de la violencia machista, pero Vox intentará salir hoy con un acuerdo bajo el brazo sobre la eliminación de la dotación presupuestaria para violencia de género.

García Egea aseguró ayer que “mejorarán” la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque precisando que “no se puede debatir por Twitter ni en platós de televisión sin el mínimo rigor exigido”, por lo que reclamó a Vox que “si quieren debatir sobre leyes, que hagan las propuestas en el Parlamento y no en Twitter”. El líder popular ha manifestado que “todas las leyes se pueden mejorar”, en respuesta a la exigencia del partido de extrema derecha de modificar la normativa contra la violencia de género para proteger a “todos los seres humanos”, incluyendo a los hombres, algo a lo que el PP está dispuesto si se hace de manera “sosegada y rigurosa” y en el foro adecuado. “Esto no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino de agresores contra víctimas, y toda ley puede debatirse”, ha afirmado, tras decir que también hay que perseguir las denuncias falsas, esas que “en ocasiones pudieran no ser adecuadas a los hechos”.

Ciudadanos tiene su propia escenificación: aparentar distancia con Vox aunque sabe que es la única manera de alcanzar el poder y llevar a buen término los 90 puntos acordados con el PP como acuerdo de gobierno. “El acuerdo programático está prácticamente cerrado y se ha avanzado mucho”, subrayó ayer José Manuel Villegas, secretario general de C’s, en referencia al pacto sobre la estructura de gobierno, en la que cree necesario “un reparto equilibrado”, por lo que auguró que podría estar listo en cuestión de “pocos días”.

El PP y Ciudadanos tienen previsto cerrar esta semana los flecos del pacto de gobierno en el que reducirán el número de consejerías y de delegados territoriales en las ocho provincias, con la intención de “adelgazar” la estructura política de la Junta y de buscar una administración “más eficaz, más ágil y sin costes innecesarios”.

La pretensión es dividirse al 50 por ciento el número de consejerías, con la Presidencia para Moreno y la Vicepresidencia para el líder de C’s, Juan Marín, pero a partir de ahí tienen se negocia el reparto del resto de competencias. Los dos partidos quieren que se reduzca el número actual de consejerías (13), por lo que serían diez (5 para cada uno) u once (6 para PP y 5 para Cs), además de la Presidencia y la Vicepresidencia.

Se prevé que el área económica también se divida, presumiblemente con Hacienda para el PP y otra consejería de Economía para Cs, al igual que las competencias en Sanidad y Educación, que recaerían una en cada partido.