Vitoria - El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, aprovechó ayer el primer día del nuevo año para arrojar luz sobre las medidas que activará para amortiguar la prórroga presupuestaria y sus plazos, y para confirmar sus intenciones de impulsar la subida del salario de los funcionarios y también el incremento en la Renta de Garantía de Ingresos. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco confirmó que será previsiblemente en febrero cuando ambas medidas vean la luz en el Parlamento Vasco, y que también habrá otros retoques a través de la Ley de Régimen Presupuestario para aquellas cuestiones que no necesitan una ley autónoma para entrar en vigor.

“Es verdad que para la subida de salarios o la RGI nos a va a hacer falta un proyecto de ley, que vamos a llevar este mes a la Cámara, pero como este mes es inhábil, será aprobado seguramente en febrero. De esa manera, corregiremos algunas cuestiones, y luego la propia Ley de Régimen Presupuestario a través de habilitaciones e incorporaciones de crédito nos permitirá paliar aquellos desaguisados que se derivarían de un no Presupuesto. Trataremos de que el impacto sea el mínimo posible”, recalcó.

El Ejecutivo vasco, que celebrará su primer Consejo de Gobierno del año el martes de la próxima semana, se ha conjurado para evitar que la prórroga presupuestaria suponga maniatar su acción política y económica. Ya confirmó hace semanas que activaría la subida del salario de los funcionarios en un 2,25%. Lo hizo tras constatar que no hay riesgo de recurso por parte del Estado ante el Tribunal Constitucional. El presidente Sánchez también ha activado esa medida por decreto (abriendo incluso la puerta a una subida adicional del 0,25% en función de la evolución del PIB, y otro 0,25% con fondos adicionales), lo que supone que el Gobierno Vasco puede activar esta subida con total seguridad jurídica y sin riesgo de frustración para un colectivo formado por 70.000 personas. Sin embargo, no lo puede hacer por decreto, sino a través de un proyecto de ley que tendrá que lograr el aval del Parlamento Vasco, donde el Gobierno de PNV y PSE necesita el apoyo o la abstención de un tercer socio. Azpiazu confirmó ayer que también se subirá la RGI. En el proyecto inicial, se contemplaba un incremento del 2,25%. Lakua confía en que la oposición no asuma una actitud obstaculizadora, aunque es consciente de que la proximidad de las elecciones municipales y forales de mayo tensiona el clima y no es el contexto más propicio. EH Bildu, que no llegó a un acuerdo presupuestario, sí ha prometido que no asumirá una posición obstaculizadora por sistema con el mero objetivo de desgastar al PNV. La principal baza del Ejecutivo es la dificultad para que la oposición vete normas como la subida del salario a los funcionarios.