En muchos hogares de Euskadi se avecina “otra Navidad con sillas vacías”. Son las casas de familias víctimas de casos de bebés robados, que ayer se concentraron frente a los edificios que albergan o albergaron clínicas de maternidad implicadas en la desaparición de recién nacidos para exigir “justicia y reparación”, para pedir que esos delitos no prescriban y así “poder cerrar un capítulo muy doloroso”.

El recorrido por los escenarios de robo de bebés desde la década de los cincuenta hasta casi el final del siglo XX -“el último caso es de 1995”- organizado por la asociación Itxaropena tenía como finalidad recordar la lucha de muchas familias vascas para que sus denuncias sean investigadas y, después, juzgadas. Allí estaban Charo y Enrique, que en la búsqueda de una de sus hijas gemelas han llegado hasta el Tribunal Constitucional; Isabel, que pelea por encontrar a su hermana; o Marga, que sabe con certeza que le arrebataron a su hijo. Los carteles colgados del cuello de los familiares congregados ante lo que fue La Gota de Leche daban la fecha y centro sanitario donde nació el hijo o hija, hermano o hermana que se perdió en una trama de tráfico de niños reconocida en algunas instancias pero contra la que no se actúa.

Marga Calvo recordó que según la Justicia española “todos los casos de bebés robados de Bizkaia y Gipuzkoa están prescritos”, por lo que Itxaropena pide que se consideren delitos de lesa humanidad y no les afecte la prescripción, “igual que ocurre en el resto de Europa”. “Tenemos vivencias, datos, documentos, contradicciones, no hay legajos de aborto, ingresos hospitalarios sin datos... muchas cosas que demuestran la realidad de lo sucedido, que aquí también se han robado bebés, hasta los años noventa”, afirmó.

Una ley estatal El diputado de Unidos Podemos por Bizkaia David Carracedo, que participó en el recorrido, explicó la importancia de la Ley de Bebés Robados, que tramita el Congreso de los Diputados tras ser tomada en consideración el pasado 20 de noviembre y que podría cerrar el plazo para enmiendas antes de fin de año y estar aprobada aproximadamente en marzo de 2019. Esta ley, que “es de mínimos pero cuenta con mucho apoyo”, busca reconocer y reparar a las víctimas de la trama de robo de bebés, facilitar el acceso a archivos privados o públicos, crear un censo y un banco de ADN específico, dar asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a las víctimas, nombrar una fiscalía especializada y una unidad de policía coordinada con los cuerpos autonómicos, así como unificación de casos y las investigaciones.

David Carracedo pidió al Gobierno Vasco que traslade a Euskadi las propuestas que se hacen a nivel estatal para resolver los casos de bebés robados. “Aquí no se está investigando y se desestimó la creación de una comisión argumentando que no había casos, pero eso ya no es cierto, hay casos, hay personas afectadas y creo que su dolor debería acabar. Hay que darles respuestas porque estas personas buscan cierres”, señaló el diputado.

“Necesitamos una Ertzaintza que se implique, que investigue para esclarecer la verdad. Necesitamos una fiscalía especializada. Necesitamos que se abran las puertas cerradas, los archivos del Estado y de la Iglesia”, pidieron ayer las víctimas antes de su recorrido por el Sanatorio Bilbaíno, La Gota de Leche, San Francisco Javier, Clínica Indautxu y el edificio donde se ubicaba uno de los pisos de Mercedes Herrán de Gras. “Yo le pido a la Iglesia, a las monjas y a las personas de buena voluntad que saben lo que pasó que hablen, que lo cuenten. Nosotros no queremos que haya represalias, ni cargar contra nadie. Queremos cerrar este capítulo”, concluyó Marga Calvo, quien como muchos otros empezó “buscando un bebé muerto” y ahora busca justicia.