Bruselas - El Parlamento Europeo (PE) abogó ayer por reducir de dos años a un máximo de doce meses la introducción de controles fronterizos en el área de libre circulación Schengen y por exigir más garantías para autorizar las prórrogas. Los eurodiputados hicieron hincapié en que los controles temporales afectan a la libre circulación de personas, uno de los mayores hitos europeos, y que sólo deben introducirse en circunstancias excepcionales y como último recurso. El pleno de la Eurocámara fijó ayer su posición negociadora ante las conversaciones con el Consejo (países de la UE) sobre la reforma de las reglas relativas a los controles fronterizos entre los países de la zona Schengen. El texto fue respaldado por 319 eurodiputados, 241 votaron en contra y 78 se abstuvieron.
Los eurodiputados abogaron asimismo por que la reimposición de controles en las fronteras se haga por un plazo inicial de dos meses, en lugar de seis como ahora.
La ponente del texto votado, la diputada eslovena Tanja Fajon (S&D), dijo que el espacio Schengen “está en riesgo debido a los controles ilegales que seis países llevan efectuando desde hace más de tres años, a pesar del límite máximo de dos años”.
Para la ponente, “esto demuestra la ambigüedad de las reglas vigentes y cómo las autoridades nacionales las interpretan y aplican de manera incorrecta”. Según las normas vigentes, los países que forman parte de la zona Schengen (todos los Estados miembros de la UE excepto Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía y el Reino Unido, además de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) pueden reimponer controles en sus fronteras si detectan una grave amenaza para la seguridad o el orden público. Aunque el límite máximo para los controles en las fronteras interiores es de dos años, seis países los aplican sin interrupción desde 2015: Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega (este último no es miembro de la UE).
Francia lo hace desde 2015, tras los atentados de París alegando riesgo terrorista, mientras que los otros cinco países los aplican desde 2016 para responder a los flujos migratorios, tras la llamada “crisis de los refugiados”.
En septiembre de 2017, la CE presentó una propuesta para modificar las reglas sobre los controles en las fronteras interiores para que se puedan prolongar hasta un máximo de tres años, de forma excepcional, para afrontar amenazas de seguridad concretas de tipo terrorista o migratorio, entre otras.
El Partido Popular Europeo acusó ayer a los socialistas de fijar condiciones “no realistas y costosas” para imponer los controles, que según añadieron producirán dos efectos: un aumento de las decisiones nacionales unilaterales de cierre de fronteras y menos seguridad en la UE. “Nos negamos a jugar a este peligroso juego político en el que están en juego las fronteras internas abiertas, uno de los mayores activos de nuestra Europa unificada”. Por ese motivo, el Grupo del PPE apoyó la propuesta. - Efe
