gasteiz - El inicio de la esperada declaración de los 26 acusados por el caso De Miguel deberá esperar hasta el 1 de octubre, si es que en algunos casos llega a producirse. El abogado del principal acusado, el exdiputado foral alavés y exnúmero 2 del PNV en este territorio, Alfredo de Miguel, solicitó al tribunal la suspensión del juicio para permitir del desarrollo de las conversaciones que mantiene con la Fiscalía para rebajar las penas de su patrocinado a cambio de una declaración de culpabilidad.

Se abre pues un intenso periodo de conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo antes de la citada fecha, que podría dilatarse otras dos semanas -la Ley permite estirar este tipo de contactos durante un mes- o concluir antes si hay pacto. En todo caso, dada la intención del fiscal jefe, Josu Izaguirre, de ampliar los contactos con el resto de acusados, la heterogeneidad de los cargos que se imputan a cada uno de ellos, y que con la mayoría de los letrados aún no se ha contactado desde la Fiscalía, todo hace indicar que antes del 1 de octubre no habrá acuerdo.

El objeto de las negociaciones es buscar “la conformidad de las partes” en una causa de “extrema complejidad”, dijo en la reapertura del juicio oral Izaguirre, que abogaba “seguir explorando las vías de acuerdo” que derivarían en una “notable diferencia” entre las iniciales declaraciones de los acusados y las peticiones de condena de la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que sobre Alfredo De Miguel, presunto cerebro de la trama corrupta al que se acusa de valerse de su posición política para cobrar comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, pesa una petición de pena de 54 años de prisión.

Su abogado, Gonzalo Susaeta, también recordaba que el tribunal afronta “un procedimiento sumamente complejo”, que “más que un juicio son 11 o 12 juicios, cada uno con sus circunstancias”. Recordó además que, dado que la vista oral comenzó el pasado 8 de enero, una suspensión de dos semanas sería, “en el peor de los casos, un pequeño paréntesis”. En cuanto a la situación particular de su cliente, Susaeta dijo necesitar tiempo para “analizar” la oferta del Ministerio Fiscal y ver si puede incidir en su “derecho a la defensa”.

Ni la acusación que ejerce el Gobierno vasco ni la que corre a cargo de la Diputación de Bizkaia pusieron objeciones a dichos contactos, y en cuanto al resto de letrados, accedieron a la adopción de una medida que puede suponer una oportunidad para sus defendidos en buena parte de los casos. Eso sí, la mayoría manifestó haber conocido la apertura de dichas conversaciones a través de los medios de comunicación, y fuera de la sala había quien decía no sentirse concernido por la nueva estrategia del abogado de De Miguel.

El abogado de Aitor Telleria, en el núcleo de la presunta trama junto a De Miguel, Koldo Otxandiano y las esposas de los tres, aseguró que deberá “escuchar” a la Fiscalía y “analizar” la eventual oferta; al igual que el letrado de Otxandiano, que no ha tenido tiempo de escuchar al fiscal “al margen de la prensa”; o el de la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, que se enteró de las conversaciones “el jueves o el viernes”, a pesar de lo cual no puede oponerse a la suspensión “por la defensa de nuestra cliente”.

El abogado del viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga dijo no tener conocimiento de los contactos, pese a lo cual apostó por que lleven “el tiempo necesario”, dado que es “una de las causas más complejas que ha visto este letrado en su carrera profesional”.

Tampoco sabía nada de las conversaciones el abogado de Iñaki San Juan, el exconcejal del PNV en Leioa y administrador de varias empresas satélite de Kataia, la firma que canalizaba las presuntas comisiones ilegales, y por ello apostó por prolongar la suspensión durante tres semanas.

Otros letrados, en cambio, sí pedían celeridad. Lo hizo el abogado de Alfonso Arriola, gerente del Parque Tecnológico de Álava cuando se produjo la supuesta adjudicación fraudulenta de su ampliación a la empresa Urbanorma, propiedad entonces de uno de los acusados, Iñaki Etxaburu, y de la abogada que destapó la presunta trama, Ainhoa Alberdi. También pidió “agilidad” el abogado de Julián Sánchez Alegría, expresidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Sin ninguna oposición por ninguna de las partes, el presidente del tribunal, Jaime Tapia, decretó la suspensión del juicio por quince días, “tiempo suficiente”, “al amparo del artículo 745 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El inicio de las negociaciones con la Fiscalía supone un giro de 180 grados en la estrategia de la defensa de De Miguel, que en la fase de las cuestiones previas trató de desacreditar la investigación de la Ertzaintza y defendió la inocencia de su patrocinado. También pidió que los acusados declararan al final del proceso, una de vez escuchados testigos y peritos, lo que le permitió utilizar la baza a la que ahora se agarra.

Esteban a Otegi. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, censuró ayer que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya sugerido la posible vinculación del PNV con la presunta trama de corrupción del ‘caso De Miguel’, cuando ha estado “alrededor de todo lo que suponía el impuesto revolucionario” de ETA, y “al frente y como responsable de una organización que ha estado amedrentando a todo el país”. En opinión de Esteban, “todo el mundo quiera mezclar al PNV” en el ‘caso de Miguel’, pero no le han “pillado en medio” ni “está metido” en él, como “quedó demostrado durante la instrucción”.