Bilbao - El traslado a la cárcel de Basauri de Olga Sanz y Xabier Moreno, condenados por su pertenencia a ETA pero desligados en la actualidad al EPPK -siglas en euskera del Colectivo de presos políticos vascos -, ha avivado el debate sobre la política penitenciaria, en especial sobre el acercamiento de los reclusos de la banda a prisiones próximas a Euskadi. Una cuestión a la que ayer se sumó el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien en un artículo publicado en las redes sociales pedía que la política penitenciaria quede fuera de la “pugna partidaria y demagógica” y afirmaba que la dispersión de presos es “un castigo añadido y arbitrario que no está contemplado en el marco normativo”. Asimismo, Urkullu reclamaba de los presos de ETA que den “pasos, con la mirada puesta en el cumplimiento de la condena y de la Ley, para su deseable resocialización”.

El máximo responsable del Ejecutivo vasco, que no citaba en ningún momento a los dos reclusos que han repudiado su antigua implicación con la violencia, sostenía que es el juez quien impone la pena que debe cumplir un reo y que “ninguna sentencia establece, como parte del castigo, que el preso deba cumplir su condena lejos de su entorno social o familiar”. Así, recordaba en su artículo que el articulo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece exactamente lo contrario, que la ubicación de las personas presas será fijada por la Administración penitenciaria y “se procurará evitar el desarraigo social de los penados”. Además, la Constitución establece que el fin de la pena es la reeducación y resocialización de los penados. “El objetivo de evitar el desarraigo social de los pensados es, precisamente, favorecer su reinserción”, afirma.

De este modo, el lehendakari dejaba claro que, a su juicio, “la defensa del alejamiento, además de ser ajena a la legalidad, es contraria al más básico sentido de humanidad porque dificulta-castiga a los allegados del recluso, que no han cometido ningún delito y que tienen derecho a visitar a su familiar preso en unas condiciones razonables desde un punto de vista humanitario”.

Por su parte, el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, aseguró ayer que es “muy importante” que el PP “gire” y no utilice el tema de presos como “pólvora partidista”. En una entrevista en RNE, Fernández, interlocutor principal del Gobierno Vasco con el Ejecutivo español en materia de política penitenciaria, consideró “una noticia buena, pero también una noticia normal” el traslado de Sanz y Moreno a Basauri. A su juicio, no hay que mezclar cuestiones como reinserción y acercamiento. “La legalidad dice que los presos deben estar en las cárceles próximas a su lugar de origen o residencia para evitar su desarraigo social. En ningún sitio, en ningún precepto legal en el marco jurídico español, encontrará nadie un artículo que diga que los presos deben cumplir su condena lejos de su lugar de origen y residencia, lo que se dice es lo contrario”, aseguró. En este sentido, recordó que “esto es así porque el objetivo de la pena es precisamente la reinserción y resocialización de las personas presas, y estar en cárceles cercanas al contexto familiar, favorece precisamente la reinserción”.

Fernández discrepó de la postura que mantiene el PP al oponerse frontalmente al acercamiento. “Yo creo que el PP debería ser una pieza muy importante en esta fase. Ha sufrido mucho y por eso, es importante que adopte una posición confluyente con el resto de fuerzas políticas.

tRASlado de un tuitero En este contexto, Etxerat informó ayer que Alfredo Remírez, condenado en 2017 a año y medio de cárcel por enaltecer a ETA en Twitter, ha sido trasladado de la prisión de Daroca (Zaragoza) al centro penitenciario de Zaballa, en Araba, más próximo a su localidad natal, Amurrio.