madrid - La argumentación esgrimida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para solicitar la extradición de Carles Puigdemont por rebelión queda demostrado que estaba cogida con alfileres después de que rechazara ayer recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar otro varapalo como el alemán. El juez rechazó la entrega del expresident solo por el delito de malversación, retirando de paso la euroorden dictada contra él y el resto de dirigentes soberanistas exiliados. El magistrado estima que el Tribunal de Schleswig-Holstein ha “minado” su capacidad como instructor, aunque descarta llevar la actuación alemana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo para que se pronuncie sobre ella. Ahora bien, esta postura, celebrada como una victoria por el independentismo, condena a Puigdemont al destierro, a vivir fuera del Estado, porque se mantiene la orden de detención española y el exjefe del Govern sería arrestado si pisa Catalunya. Un escenario que puede prolongarse durante los 20 años que tarda en prescribir el delito de rebelión por el que quería juzgarle Llarena y que Alemania negó. Eso sí, la opción del juez implica igualmente la renuncia a juzgar por el momento al líder de Junts per Catalunya, lo que puede interpretarse como un agravio respecto al resto de políticos soberanistas encarcelados.
En su auto, de 21 páginas y con un tono duro, Llarena subraya la “falta de compromiso” del tribunal germano con unos hechos “que podrían haber quebrantado el orden constitucional español”, y entiende que con su resolución los jueces alemanes anticiparon un enjuiciamiento para el que no tienen competencias. El magistrado español resolvió además retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira, que, eso sí, también serían detenidos si regresan al Estado. Puigdemont comentó a través de un tuit que “hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticos. Retirar la euroorden es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial. Revocar la prisión preventiva sería la demostración que la justicia española comienza a actuar como la europea”.
Fue la pasada semana cuando la justicia alemana admitió la entrega de Puigdemont solo por malversación y no por rebelión, el delito más grave que se le quería atribuir -hasta 30 años de cárcel- y el que vertebra toda la causa abierta en el alto tribunal. Desde el entorno de Puigdemont dan por acabado el proceso en Alemania y descartan acudir al Tribunal Constitucional para intentar revocar la malversación. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, lo celebró con un mensaje en Twitter: “Parece que se nos ha quedado un verano inmejorable. Y por fin podré tomarme vacaciones”. Según él, Llarena ha querido “evitar un varapalo” de la justicia europea. “Este abogado vuelve a estar en el mercado, porque desde hoy he perdido a todos mis clientes”, apuntó Alonso-Cuevillas. Por su parte, Gonzalo Boye, que forma parte del equipo jurídico, tiró de ironía: “Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos... y ahí lo dejo”.
su restitución, inviable Con todo, quizás Puigdemont contaba con ser entregado por malversación, un delito castigado con 12 años de cárcel, quedar en libertad provisional y optar a ser restituido como president, algo que ahora se antoja improbable pese al nuevo movimiento independentista que ha lanzado. Con lo que la decisión de Llarena puede ser también, en su caso, agridulce. Y es que quizás le toca esperar a un indulto para poder volver a Catalunya, algo que el actual Gobierno de Pedro Sánchez no hará en este instante, por lo que habría que aguardar a cuál será la composición del Ejecutivo español la próxima legislatura y ver si es más factible el retorno de Puigdemont en otro contexto.
Llarena descarta acudir a Luxemburgo porque sopesa que es Alemania quien debió plantear esa opción. “Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE”, puntualiza. Y es que ve que había “dudas interpretativas” dada la posición del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, matiza. En esta situación Puigdemont y los demás líderes independentistas podrán viajar por todo el mundo excepto al Estado. De este modo el expresident podrá volver a Waterloo, en Bélgica, donde tenía previsto fijar su residencia. Comín, Serret y Puig siguen en Bélgica, Ponsatí está en Escocia, donde había retomado su actividad como profesora en la universidad de Sant Andrews, y Rovira y Anna Gabriel se hallan en Suiza.
Toni Comín. Exconseller de Salud de la Generalitat, se encuentra exiliado en Bruselas.
Lluís Puig. El exconseller de Cultura también fijó su residencia en territorio belga.
Meritxell Serret. La delegada del Govern ante la UE se exilió igualmente en Bélgica.
Clara Ponsatí. La exconsellera de Educación da clases en la universidad escocesa de St. Andrews.
Marta Rovira. La secretaria general de ERC se instaló en Suiza, como Anna Gabriel (CUP).
