El Gobierno español y el PSOE salieron ayer en tromba en defensa de un acercamiento de los presos de ETA y la kale borroka a cárceles de Euskadi o limítrofes. Sus principales dirigentes, con el presidente del Gobierno español al frente, se manifestaron a favor de revisar la política de dispersión una vez que la banda se ha disuelto. Además de Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, y el exlehendakari y coordinador de Política Territorial del partido, Patxi López, comenzaron a preparar a la opinión pública española y a las víctimas de cara un cambio en la situación de los reclusos en los próximos meses.

Incluso desde Berlín, donde ayer se reunió con la canciller Angela Merkel, el presidente Sánchez quiso dejar clara su posición política en relación al acercamiento de los presos de ETA. En línea con las manifestaciones de la semana pasada ante las cámaras de Televisión Española, el presidente español volvió ayer a apostar por una revisión de la política penitenciaria actual porque “debemos aproximarnos de otra manera a una realidad que ya es completamente distinta”.

Sánchez ha dado el paso y se ha puesto manos a la obra, consciente de que se va a encontrar piedras en el camino, sobre todo desde el PP y Ciudadanos, así como de algunas asociaciones de víctimas importantes, e incluso desde algunos sectores de su partido. Han sido muchos años alimentando el inmovilismo y la mano dura contra los presos de ETA y contra quien se atreviera a moverse un milímetro en esta materia. Una parte de la opinión pública y de la publicada españolas tiene la piel muy sensible hacia este tema y se opone frontalmente a cualquier revisión de la política penitenciaria. La entiende como una concesión a ETA y, por tanto, sigue siendo anatema.

Así pues, la primera tarea que tiene por delante es hacer pedagogía y revertir un sentimiento bastante extendido. El presidente español siempre comienza su defensa del acercamiento, y ayer también lo hizo ante la prensa alemana, recordando que la banda ha sido derrotada. “Pongamos las luces largas, sepamos que tenemos que normalizar más aún la convivencia en el País Vasco, y desde esa perspectiva es la que va a trabajar el Gobierno”, explicó. Preguntado por el acuerdo cerrado el pasado lunes con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para crear una comisión bilateral sobre el acercamiento de presos etarras a cárceles próximas, Sánchez justificó un enfoque distinto “a una realidad que ya es completamente distinta”, en referencia a la desaparición de la banda.

En similares términos se expresó el ministro del Interior cuando de manera gráfica argumentó su intención de acercar a los presos señalando que “no es lo mismo 2018 que 2006”. Fernando Grande-Marlaska dejó ayer claro que cada decisión sobre los presos se hará de forma individualizada y que los primeros en ser informados serán las víctimas. “No se va a hacer nada por detrás de las asociaciones de víctimas”, aseguró el ministro en una entrevista en Telecinco.

También Adriana Lastra y Patxi López invocaron a las víctimas antes de defender el acercamiento. El exlehendakari explicó que las víctimas “deben entender” que acercar presos no significa su puesta en libertad. “No estamos hablando de soltar a ningún preso, solo de un acercamiento”, recalcó. La portavoz del PSOE en la Cámara Baja, por su parte, pidió al PP que actúe con lealtad al Estado para el acercamiento y subrayó que “se trata de cumplir la ley y de acercar a algunos presos, viendo caso a caso” la situación de cada recluso.

marlaska y las víctimas Varias asociaciones de víctimas salieron ayer al paso de las intenciones del Gobierno de Sánchez y le piden explicaciones ante lo que consideran “mensajes contradictorios” entre Moncloa y el Ministerio del Interior. Se refieren a las diferencias entre lo que dice Sánchez cuando se refiere al acercamiento de presos desde la perspectiva de “normalizar la convivencia” en Euskadi, y lo que sostiene Marlaska insistiendo en que son los funcionarios de prisiones y las juntas de tratamiento de las cárceles las que deben evaluar si procede trasladar a un preso de ETA. En este sentido, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, aseguró “entender que pueda haber acercamiento siempre que se dé el requisito de colaboración con la Justicia, que es el verdadero arrepentimiento”.

La ley exige el requisito de la colaboración para el cambio de grado del preso, pero no para el traslado de un preso. Esta decisión queda en manos del director de Instituciones Penitenciarias -dependiente de Interior- que dirige Angel Luis Ortiz, un exmagistrado que vio con buenos ojos la vía Nanclares.