- El Gobierno Vasco no es capaz de anticipar los resultados de esta fase de diálogo porque no todo está en su mano, pero sí tiene claro que tendrá al otro lado de la mesa a un interlocutor con otro talante en materia de autogobierno. En la reunión celebrada ayer en La Moncloa con el lehendakari Urkullu, el presidente Sánchez realizó un gesto político de primer orden y accedió a conformar un grupo de trabajo con carácter inmediato, en julio, para estudiar las 37 competencias pendientes de ser transferidas a la comunidad autónoma, todas sin excepción, de manera que también se analizarán las transferencias de prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que históricamente han sido tabú en Madrid.

Este gesto no tiene precedentes, aunque nadie quiere dejarse llevar por la euforia y es evidente que esos dos traspasos no van a llegar de la noche a la mañana, y abrir la negociación no prejuzga que se vaya a cerrar con éxito, sobre todo en el caso de la Seguridad Social, donde los recelos son mayores. La clave radica en que, por primera vez, el Gobierno español se abre a dialogar sobre todas las competencias, sin líneas rojas, y mientras tanto comenzará a transferir las materias más técnicas y menos políticas, donde tiene un amplísimo espectro para lanzar guiños.

Es patente el intento de Sánchez de engrasar su relación con el PNV, a quien quiere convertir en socio preferente en Madrid para que la legislatura aguante hasta 2020; y también su voluntad de no contradecir el pacto de gobierno firmado por los propios socialistas en la comunidad autónoma, donde se contemplan esos traspasos. El PNV, por su parte, se puede sentir reforzado por haber apoyado la moción de censura de Sánchez. Ni siquiera el expresidente Zapatero llegó tan lejos en el histórico acuerdo suscrito con el PNV en 2010, donde la Seguridad Social solo aparecía como anexo genérico para la discusión en el futuro, y la competencia de prisiones quedaba excluida con el argumento de que el Estado debía controlar todas las herramientas de la política antiterrorista. Este argumento se ha mantenido con el Gobierno de Rajoy y con ETA ya disuelta.

Como gesto inmediato, se convocará la Comisión Mixta de Transferencias, en julio, para las dos líneas de tren donde el Tribunal Constitucional ha reconocido la titularidad vasca (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo). En el grupo bilateral y permanente que se va a crear, se abordará también de manera urgente el traspaso de las autopistas (A-68 y parte de la A-1) y el Puerto de Pasaia. Cuando se cierren, se convocará otra vez la Comisión Mixta para firmarlos. En paralelo, se formará otro grupo de trabajo para retirar los recursos de Rajoy contra leyes vascas como la que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Esa convocatoria lleva implícita la apuesta por poner fin a la judicialización de las leyes vascas y abrir una nueva fase sin conflictos competenciales, uno de los pilares que defiende Urkullu para blindar el autogobierno.

Urkullu compareció tras reunirse durante dos horas con Sánchez en La Moncloa, y se mostró satisfecho por los avances “concretos”, aunque no tiene intención de asfixiar al presidente exigiéndole un cumplimiento exprés de las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika. No quiso marcarle los plazos y puso en valor la disposición de Sánchez, frente a las cero competencias transferidas en la etapa de Rajoy, que arrancó en 2011. El Gobierno Vasco también detecta una voluntad real de abordar un cambio en la política aplicada a los presos y Urkullu planteó a Sánchez un acercamiento. Se va a mantener una comunicación fluida y directa.

Teniendo en cuenta que el acercamiento de los presos levanta suspicacias en determinados sectores de Madrid y que Sánchez quiere contar con las víctimas, la discreción fue la nota dominante. El lehendakari sí habló expresamente de grupo de trabajo pero, en la nota enviada por La Moncloa, solo se citan los grupos de transferencias y leyes recurridas. Las fuentes del entorno de Sánchez consultadas por este periódico aseguran que los grupos que se van a conformar se refieren a esos dos ámbitos. En cualquier caso, va a existir una interlocución fluida sobre paz. Por parte del Gobierno Vasco, todo apunta a que el peso lo va a llevar el secretario de Convivencia, Jonan Fernández. Urkullu entiende la “cautela”.

En la etapa de Rajoy, no se llegó a producir ni un solo traspaso. En distintos momentos sobrevoló la posibilidad de cerrar transferencias de carácter técnico, pero no se firmó ningún papel. Sánchez ha abierto ahora el melón competencial, y no descarta los traspasos de prisiones y la Seguridad Social, dos materias de alto valor político que supondrían un salto importante en el autogobierno.

prisiones y pensiones El Gobierno Vasco reclama las prisiones en los términos del Estatuto. Sus artículos 10.14 y 12.1 puntualizan que la comunidad autónoma gestionará las cárceles, pero aplicará la legislación estatal. No obstante, su sola transferencia a suelo vasco ya da un margen de interpretación para orientar la política penitenciaria, porque el criterio que adopten las Juntas de Tratamiento de las propias cárceles es determinante para conceder las progresiones de grado y los permisos de salida. Las Juntas de Tratamiento vascas podrían hacer otras valoraciones sin cambiar la ley. Sánchez se quitaría de encima el peso de tener que decidir desde Instituciones Penitenciarias si da el visto bueno a las progresiones de grado. Solo tendría que decidir el acercamiento a Euskadi. Las instituciones vascas gestionan ya la seguridad en el exterior, la sanidad y la educación.

En cuanto a la Seguridad Social, la más difícil, las instituciones vascas recaudarían las cotizaciones y pagarían la prestación, pero la regulación de la pensión quedaría en manos del Estado. La consejera de Trabajo, María Jesús San José, confirmó ayer tras reunirse con la ministra Valerio que la transferencia se negociará.

En julio, en la Comisión Mixta. Se cerrará el traspaso de dos líneas de tren (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo). Quedan otras nueve líneas de Renfe y Feve que circulan íntegramente por la CAV.

Grupo de trabajo. También se abordará con carácter inmediato el traspaso de la autopista A-68 y parte de la A-1; y el Puerto de Pasaia, una transferencia de calado económico porque el Gobierno Vasco pretende conectarlo con la plataforma logística de Lezo y engrasar el transporte de mercancías.

Otras transferencias. Entre las 37 materias se encuentran los tres aeropuertos (Loiu, Foronda y Hondarribia), la inspección de trabajo, crédito y banca, prisiones, el régimen económico de la Seguridad Social, y el Fogasa, el fondo que paga los salarios a los trabajadores en las empresas en quiebra.