iruñea - Miles de personas -50.000 según los convocantes- respondieron con éxito a la manifestación convocada por los padres y madres de los ocho jóvenes procesados por el caso Altsasu, de los que tres llevan más de 500 días en prisión preventiva, debido al suceso ocurrido la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar y en el que se vieron implicados dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas, a la espera de que mañana arranque el juicio en la Audiencia Nacional. Los gritos de “justicia” y “esto no es terrorismo” predominaron en la marcha, organizada también por la plataforma vecinal Altsasukoak Aske, y que arrancó a las 17.30 horas en la Plaza de Europa y acabó en la Plaza del Castillo, donde se leyó un comunicado.
Con el respaldo oficial del Parlamento navarro, que el lunes pasado aprobó una declaración institucional, con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la oposición de UPN, PSN y PPN; también se adhirió el Gobierno de Uxue Barkos, que estuvo representado por su portavoz María Solana; así como el Ayuntamiento de Iruñea, con la participación del alcalde Joseba Asiron; las formaciones Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, Izquierda-Ezkerra; y los sindicatos CCOO, ELA y LAB. Asimismo, asistieron, entre otros, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Maddalen Iriarte; el del PNV, Joseba Egibar; y el lehendakari ohia Carlos Garaikoetxea.
Antes del inicio del recorrido, Edurne Goikoetxea, madre de uno de los encausados, declaró que “este año y medio ha sido un calvario y solo nos hemos sentido arropados por la fuerza y el cariño de la gente que hoy se está demostrando de manera palmaria”. “La sensación de injusticia que estamos padeciendo es una situación que percibe la ciudadanía”, destacó, censurando que “no podemos permitir que jueguen con la vida de nuestros hijos con las cartas marcadas y negándoles un futuro únicamente por sus intereses”. Y es que las familias encaran la cita judicial “sin mucho optimismo porque nos han denegado la mayor parte de pruebas”, así como la recusación de la magistrada que juzgará el caso “porque está casada con un alto mando de la Guardia Civil”. “Vamos a un juicio donde al menos la apariencia de justicia no se ve”, valoró. Es más, la propia Amnistía Internacional reclamó que se retiren los cargos de terrorismo.
El alcalde de Altsasu, Javier Ollo, reivindicó “justicia y para que exista justicia es necesario proporcionalidad”, subrayando que la marcha contó con “personas de distintas ideologías, que también tenemos diferencias a la hora de valorar estos hechos, pero hay un elemento que nos une: que no se pueden calificar como terrorismo porque se devalúa el propio concepto de terrorismo”.
María Solana justificó la presencia del Ejecutivo navarro con el objetivo de “aparecer como garantes de la defensa del principio de proporcionalidad y de una justicia que sea igual para todas las personas”. La portavoz del Gabinete Barkos cree que la causa “ha quedado sin garantía en este procedimiento” y que “colisiona directamente” con “una prisión preventiva que dura ya más de 500 días para algunos de los jóvenes afectados”. Asimismo, estimó que “lo justo hubiera sido que el caso se hubiera juzgado en Navarra” tal y como lo expresó “el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que dijo que creía que la competente para este caso era la Audiencia provincial de la Comunidad foral”. Cuando se produjeron los hechos, el Gobierno navarro “condenó lo ocurrido, apoyó a las víctimas, pero desde el primer momento pidió que se trabajara esto de manera justa”.
En la manifestación tomaron parte miembros del cuatripartito que apoya al Ejecutivo foral. El portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, remarcó que en este caso “hay una flagrante falta de proporcionalidad” y “una violación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. “No hay derecho a que estos jóvenes, por una agresión que en otros lugares no pasa de una multa, estén enfrentándose a penas de 50 y 62 años de cárcel”, incidió Hualde, para quien “algo raro está pasando aquí y en la justicia española”, si bien “Europa ya está mirando hacia lo que pase en el juicio”. El representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, criticó la “absoluta desproporción entre lo que pasó y lo que se está pidiendo para estos jóvenes”, que solicitó que “estén en la calle”. “No es casualidad que esto se produzca en Navarra”, aseveró Araiz, que cree que con esta manifestación la sociedad navarra está diciendo que “ya basta con estos abusos” y que “lo que pasó no fue terrorismo”.
El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, recordó que “en 2015, PP y PSOE, en el marco del pacto antiyihadista, acordaron la extensión” del término de terrorismo “que está teniendo unas consecuencias terribles e injustas”. Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, pidió “justicia, que no impunidad” porque “nos parece una auténtica barbaridad todo lo ocurrido, desde que se calificó el delito como terrorismo, pasando por la prisión preventiva y terminando con una petición de pena totalmente desproporcionada”.
