Desde 1991 y hasta 2017, en solo 26 años, la esperanza de vida de los ciudadanos ha aumentado en más de seis años. Una importante prolongación de la vida que unida a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo configura una nueva realidad y un futuro próximo con una sociedad muy envejecida que requerirá ajustes laborales y económicos, pero, sobre todo, sociales. Uno de los sectores de actividad que ya se está viendo afectado por ese envejecimiento de la población es el de residencias para mayores, que en ese camino de adaptación a más demanda y nuevas necesidades contará con una nueva regulación que busca garantizar una atención de calidad centrada en la persona.

En la actualidad el 21,7% de la población de Euskadi supera los 65 años -más de 460.000 personas- y hay alrededor de 19.900 plazas residenciales para mayores, de lo que resulta una tasa de 4,3 plazas por cada cien habitantes de 65 y más años. El Consejo Económico y Social vasco (CES) ya ha emitido su dictamen sobre el proyecto de decreto “de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco” que ha elaborado el Gobierno Vasco y cuya finalidad es regular los requisitos que deben reunir las residencias, definir el modelo de atención y las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación, actualizando la normativa actual, que data de 1998 con retoques realizados en 2005 y 2006. Esta nueva regulación será de aplicación en todas las residencias de mayores de la CAV integradas en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, tanto las públicas como las privadas, y una de sus principales novedades es que eleva las ratios de personal.

En cuanto a las condiciones físicas de los centros residenciales, el proyecto establece que deberán estar ubicados preferentemente en núcleos de población y deben contar con un acceso sencillo y rápido al resto de los servicios comunitarios. También se hace especial incidencia en las condiciones de accesibilidad y se fijan las condiciones mínimas del área sanitaria obligatoria y de las unidades opcionales de psicogeriatría y sociosanitaria.

Los autores del informe del CES vasco valoran especialmente que la nueva norma incluya elementos novedosos, como las referencias a la mejora continua, a los planes de calidad y a la atención centrada en la persona entre otras, “que suponen dar al servicio una orientación acorde con las actuales tendencias de la atención gerontológica”. “Consideramos oportuno que las personas usuarias de los centros residenciales en la CAV tengan un mismo nivel de calidad garantizado y, en ese sentido, compartimos el objetivo de homogeneizar los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir dichos centros en la CAV, estableciéndose a tal efecto un mismo régimen regulatorio en todo el territorio”, señala también el dictamen del CES.

En la presentación del proyecto de decreto en el Parlamento Vasco, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, señaló que “las novedades son de forma y de fondo ya que el decreto se adecua a la filosofía de atención individualizada, centrada en la persona, haciendo hincapié en dispensar unos mínimos que garanticen la calidad asistencial y aboga por un trato próximo y de calidad. Asimismo, se han mejorado las ratios de personal de atención directa con respecto al decreto vigente y en lo estructural se va a pedir que los centros de nueva creación tengan un 75% de plazas en habitaciones individuales, frente al 25% actual y que las habitaciones sean de mayores dimensiones, pasando de 10 a 13 metros cuadrados las individuales y de 14 a 19 las dobles”.

El Gobierno Vasco ha elaborado el proyecto de decreto en estrecha colaboración las diputaciones forales y Eudel, ya que las entidades forales y municipales son las responsables directas de la gestión de los centros residenciales. “Nos hemos marcado como objetivos básicos que se garantice a las personas usuarias los cuidados y la asistencia personal necesaria para realizar las actividades de la vida diaria manteniendo su autonomía personal; que desarrollen actividades orientadas a mantener sus relaciones con el entorno comunitario; que mantengan y amplíen las relaciones con la familia y con otras personas residentes o ajenas al medio residencial, y que participen en la vida del centro, favoreciendo su sensación de seguridad”, señaló en su día la consejera de Empleo y Políticas Sociales.

Tras analizar el texto del proyecto, el CES vasco concluye que la tramitación del decreto “es pertinente”, aunque advierte sobre “la ausencia de una estimación económica de los costes que implicará el cambio normativo”. A pesar de observar algunas deficiencias y proponer más concreción en determinados artículos, el CES destaca que “comparte la necesidad de cambios normativos en el modelo asistencial para asegurar unas prestaciones acordes con las actuales tendencias de la atención gerontológica y para homogeneizar los requisitos materiales, funcionales y de personal con un mismo régimen regulatorio que garantice un mismo nivel de calidad”.

Residencias. Son centros destinados a servir de vivienda habitual o permanente, y en su caso temporal, a personas mayores de 65 años en situación de dependencia o riesgo de dependencia, a las que se presta una atención integral.

Texto. Regulará los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales para mayores, define el modelo de atención y establece las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación. Será de aplicación a todos los centros residenciales para personas mayores, tanto de titularidad pública como privada, ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca.

Excluido. Se excluyen del ámbito de aplicación del decreto los servicios de alojamiento para personas mayores, es decir, los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias, cuyo régimen se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de que en el mismo edificio en que se emplaza el centro residencial para personas mayores puedan ofrecerse otros servicios para dicho colectivo.