bilbao - La Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco logró evitar ayer el bloqueo de los trabajos. Los grupos pactaron una salida intermedia que apacigua las discrepancias sobre la metodología, y que permitirá avanzar en un acuerdo sobre víctimas y, en paralelo, abordar los bloques de memoria y política penitenciaria. Hasta la fecha, los grupos están consiguiendo salvar sus diferencias y mantener vivo el debate. Tras la reunión celebrada ayer, todos los grupos (salvo el PP, que decidió autoexcluirse del foro parlamentario) optaron por levantar temporalmente el secreto sobre los trabajos en una decisión que buscaba proyectar que la ponencia no se ha parado.
PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE decidieron informar sobre dos decisiones. Por un lado, cada grupo entregó un documento con sus conclusiones sobre el primer bloque abordado en la ponencia, el dedicado a las víctimas. La presidenta de la ponencia, la jeltzale Ana Oregi, presentará una síntesis de todas las posturas en la reunión prevista para el día 20, con el propósito de que ese texto sirva de base para un futuro acuerdo. De hecho, ese día no está previsto que salga de la ponencia un documento cerrado. Se abrirá una fase para presentar aportaciones y debatir.
En paralelo a estos trabajos, se abrirán los bloques de la memoria y la política penitenciaria, lo que supondrá abordar a la vez dos de los cuatro puntos del debate que, en principio, se iban a acometer por separado. El orden también generaba discrepancias, y se ha optado por buscar una solución que contente a todos. Ese día 20, los grupos presentarán su lista de comparecencias para esos dos bloques. Con esta decisión, el último punto que quedará por abordar será el referido a los derechos humanos y la convivencia.
obstáculo salvado Los grupos han logrado salvar un escollo clave. El ritmo de trabajo se estaba ralentizando porque algunos grupos entendían que la ponencia debía avanzar bloque a bloque, cerrando primero un microacuerdo sobre víctimas antes de abordar el resto de asuntos; mientras que otros partidos apostaban por abordar todos los puntos y dejar para el final la redacción de un documento global. El acuerdo de ayer es una vía intermedia. Se va a debatir ya sobre víctimas pero, al mismo tiempo, se discutirá sobre memoria y presos.
Nada se sabe sobre los plazos. La duda radica en si podrá anunciarse un acuerdo sobre víctimas antes del parón de julio. Los partidos de la ponencia están de acuerdo en reconocer a todas, ya sean del terrorismo (ETA, GAL y grupos de extrema derecha) o de abusos policiales. Los obstáculos siempre han tenido que ver con la terminología y la resistencia de EH Bildu a reconocer la injusticia del daño causado por ETA. Otro punto sensible es el reconocimiento como víctimas de las personas que han fallecido cuando acudían a visitar a un familiar preso. EH Bildu impulsó ese debate con la comparecencia del expreso Unai González, que perdió a su suegra. Fue uno de los doce comparecientes de la ponencia, que ha escuchado a víctimas de ETA como Rosa Lluch y Andoitz Korta; los GAL, como Maider García Goena; o abusos policiales, como Martxelo Otamendi.
El debate de la política penitenciaria se va a abrir en paralelo. Se da la circunstancia de que el Estado francés ha comenzado a acercar a los presos de ETA a cárceles vascas, y está por ver si este movimiento arrastra al Gobierno español, que sigue exigiendo a los reclusos que contribuyan a esclarecer los 300 atentados sin resolver. Tampoco ha movido ficha para flexibilizar la situación de los enfermos. El consenso sobre el acercamiento de presos es total, y no sería extraño que los grupos alumbrasen un pronunciamiento al respecto. Ha sido llamativa la insistencia del PSE en pedir públicamente el acercamiento, en la creencia de que puede favorecer también un reconocimiento del daño injusto causado.
La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, dijo ayer en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, que “tiene que llegar el momento en el que la izquierda abertzale reconozca que matar estuvo mal y que nunca hubo una razón para ETA en Euskadi, jamás; igual que tampoco la hubo para el GAL ni para el Batallón Vasco Español, ni estuvo bien que funcionarios públicos abusaran del servicio y vulneraran los derechos humanos de otras personas”, sentenció.
