Qué cierta esa Ley de Murphy que dice es que todo es susceptible de empeorar. Cuando creímos que nadie podía igualar la incapacidad, altanería y soberbia de Jorge Fernández Dáiz, Mariano Rajoy nombró ministro del Interior a Juan Ignacio Zoido. Que, no diré hace bueno a Fernández, pero sí que ensancha los márgenes de lo que parecía llevado al límite por su antecesor.

A sumar su larga lista de despropósitos, la última de sus hazañas ha sido la de calificar como “legítima, profesional y proporcionada” la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el uno de octubre en Cataluña.

Por lo visto, la responsabilidad de las cargas policiales que todos pudimos ver en directo fue de los pérfidos independentistas, que sin el menor miramiento utilizaron a menores como escudos humanos y que se empecinaron en delinquir a través del depósito de una papeleta en una urna. Además, de mil heridos nada de nada, cinco graves y gracias, que para lo terrible del delito pocos son.

Esta narración de los hechos que puede parecer una ridiculización de las palabras del ministro, no es sino un resumen de lo que Zoido vino a decir el jueves en el Senado. A lo que queda añadir que el despliegue de los agentes que participaron en el operativo costó la nada desdeñable cantidad de 87 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del gasto los que no formamos parte de la generación millenial, 15.000 millones de pesetas.

87 millones de euros que se gastaron sin ningún rubor y además, supongo que, “por razones de urgencia, sin la debida observancia de los preceptos de la Ley de Contratos públicos, pero que, además, desde un punto de vista meramente finalista, fue un dinero tirado a la basura.

Si tal y como explicó Zoido, el objetivo de semejante despliegue fue el de impedir el referéndum, más de dos millones de papeletas depositadas en urnas ponen de manifiesto, que, como operación policial, fue un fracaso. Además, si ese era el objetivo, tiene una muy difícil explicación que una vez pasadas las primeras horas del referéndum, no hubiese más problemas, como si a partir de las 11 de la mañana votar en el referéndum hubiese dejado de ser ilegal.

Así pues, si desde el punto de vista operativo el despliegue fue un escandaloso fracaso, ¿cómo es posible que el máximo responsable del mismo se fuera del Senado con el apoyo del PP, el del PSOE y porque Ciudadanos no estuvo presente, que si no, también con el aval naranja?

Pues muy sencillamente, porque el despliegue policial tenía muy poco de operativo y mucho de demostración de fuerza. Aquellas despedidas de los guardias civiles al grito de “a por ellos” como si fueran a combatir en la segunda guerra mundial, el victimismo impostado en forma de nos echan de los hoteles, etc? solo tenía un propósito, el de reforzar la postura del Partido Popular en Cataluña minimizando la capacidad de reacción de la oposición, que, ante la exaltación de los valores patrios, no se atrevió a decir ni esta boca en mía.

87 millones de euros de todos los ciudadanos, utilizados, por lo tanto, para reforzar la posición de un partido político, el Partido Popular, y sobre los que nadie se atreve a pedir cuentas.

Solamente para ilustrar la desproporción de la reacción por parte de los poderes del Estado ante los gastos en Cataluña, cabe recordar los promotores del 9-N (el primer referéndum) están siendo juzgados por malversación de fondos públicos en la cantidad de 5 millones de euros.

Ver para creer.