barcelona - Sin apenas haberse sentado en su asiento de presidente del Parlament catalán, Roger Torrent ya tiene sobre la mesa su primera patata caliente. La fórmula que utilice para la investidura del nuevo president de la Generalitat va a perseguirle hasta el próximo día 31 de este mes, fecha tope para la designación a la que en principio está llamado Carles Puigdemont, el único que podría concitar la mayoría necesaria en la votación. El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) puso ayer la directa desde Bruselas e inició la presión sobre Torrent al solicitar el voto delegado de cara al pleno de investidura.
El presidente del legislativo catalán comenzó ayer la ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios para escuchar sus aportaciones y posteriormente proponer un inquilino para el Palau de la Generalitat. Torrent recibió por separado a los líderes de En Comú Podem (Xavier Domènech), PSC (Miquel Iceta), PP (Xavier García Albiol) y CUP (Carles Riera). Los tres primeros, con sus matices, rechazaron cualquier investidura que no sea presencial.
Iceta rechazó la investidura telemática o por delegación ya que la Ley de Presidencia de la Generalitat, en su artículo cuarto, dice que el candidato debe presentar su programa “delante” del Parlament, por lo que el PSC “no se imagina la posibilidad de una investidura que no sea presencial, sería un gravísimo error y sin amparo legal ni reglamentario”. Para Domenèch es una propuesta inviable porque “la Generalitat está en Catalunya, no en Bruselas, y la recuperación de las instituciones del autogobierno se tiene que hacer desde aquí”. Por su parte, García Albiol descartó un nombramiento no presencial si su situación jurídica no cambia.
A diferencia de la delegación de voto de los dirigentes independentistas encarcelados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) para la elección del presidente del Parlament el pasado miércoles, Puigdemont no cuenta con el aval de los letrados de la Cámara ni con el del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Pero está determinado a llevar hasta el final su apuesta por el voto telemático o por delegación, ya que una investidura presencial le llevaría probablemente a ser detenido, a no ser que sorteara a la policía y se colara en el Parlament para participar in situ en el pleno.
De cara a ese pleno, Puigdemont ha decidido pasar a la acción y presionar a Torrent y a su partido para que acepte una investidura no presencial. Por un lado, ha hecho efectivo su intención de pedir el voto delegado, al igual que otros dos consellers cesados que le acompañan en Bruselas (Lluís Puig y Clara Ponsatí). Y por otro, le ha pedido al presidente del Parlament una reunión en la capital belga para hablar sobre la cuestión. Torrent indicó ayer que “ya se verá” si se reúne personalmente con el candidato de JxCat.
ERC, partido al que pertenece Torrent, aboga por una vía más realista para la investidura y considera complicada y tortuosa la vía telemática o delegada. Pero no puede expresar su oposición en público y ha optado por apoyar con la boca pequeña su investidura si no quebranta la ley o el reglamento del Parlament. De momento, los otros consellers cesados que también acompañan a Puigdemont (Meritxell Serret y Toni Comín) no han pedido el voto delegado para la investidura.
En este sentido, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, admitió ayer que existen dudas sobre cómo investir a Puigdemont, una situación que el partido deberá resolver “en los próximos días”. El diputado republicano también subrayó que “solo hay un plan, que es el de investir a quien tiene más votos”, en referencia a Puigdemont.
artículo 155 La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que van a “adoptar todo tipo de medidas” para que la investidura de Puigdemont, “no se produzca” porque “solo puede ser elegido” president “con una flagrante vulneración de la ley”. Advirtió que van a “estar pendientes” de las decisiones que adopten Torrent y el Parlament e insistió en que la investidura de Puigdemont tiene que realizarse con el candidato presente en la institución. Además, avisó de que la investidura “no es suficiente” para que cese la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. “Es necesario que el president asuma su cargo”,
Según algunos juristas, una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional podría derivar en una invalidación de la investidura y provocar una repetición de las elecciones. Ante este riesgo, en las filas de la lista de Puigdemont y del PDeCAT va tomando cuerpo la posibilidad de que en el último momento, el ex president ceda su sitio a una persona de su confianza (suenan Elsa Artadi y Eduard Pujol) que serían nombrados conseller en cap bajo la dirección áulica del propio Puigdemont desde Bruselas.