Bilbao - El final de ETA llegará en el primer semestre de este año, es decir, de aquí al próximo mes de junio. Una “desmovilización total, definitiva y unilateral”, como la definió ayer el Foro Social Permanente, que supondrá el desmantelamiento de sus estructuras militares. Para llevar a cabo esta afirmación, los miembros del Foro Agus Hernan, Nazario Oleaga, Teresa Toda y Nekane Alzelai se basaron en los datos aportados a través de los mediadores internacionales y las informaciones difundidas por la propia ETA. Al mismo tiempo, avanzaron que están trabajando de cara a dicha desmovilización con el Grupo Internacional de Contacto dirigido por Brian Currin, los gobiernos de la CAV y Nafarroa, la mayoría de partidos políticos y todos los sindicatos, un diálogo en cuyo marco situaron la ronda de contactos llevada a cabo en octubre que debe fructificar en un acuerdo político y social. Por último, desde el Foro Social advirtieron de que en el proceso de cierre que culminará en los próximos meses “se está jugando sentar las bases de la no repetición” de la historia de violencia de la organización.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar los retos del presente curso, el Foro Social Permanente aseguró que, si 2017 fue el “año del desbloqueo” en el proceso de paz y normalización, la primera mitad del presente ejercicio estará marcada por la desmovilización de ETA, un acuerdo político-sindical sobre los presos y la reparación de las víctimas. Respecto al concepto de desmovilización, Alzelai y Hernan explicaron que es el término que usa la ONU en sus denominados Estándares internacionales DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración). Afirmaron que, si bien fueron pensados para “conflictos bastante diferentes” al vasco, algunos de sus parámetros se pueden utilizar para “avanzar en el proceso de paz” después del proceso de desarme que ETA llevó a cabo el año pasado y que “ya nadie discute” en Euskadi, según Hernan.
A juicio del Foro Social, la entrega de las armas se desarrolló “respetando el marco de los estándares de la ONU”, lo que “permitió un resultado suficientemente satisfactorio, tanto para los actores institucionales, políticos, sindicales y sociales de este país como para los observadores internacionales”. Por ello, consideró que ahora se debe realizar una desmovilización en base a esos estándares y pidió a ETA que “transmita que esa decisión es clara”.
Subrayaron la importancia de que el debate abierto en el seno de ETA “se desarrolle en sus tiempos incorporando a todos sus militantes” y añadieron que, en base a los encuentros mantenidos, existe un “consenso suficiente” entre los gobiernos de la CAV y Nafarroa, la mayoría de partidos y todos los sindicatos. “Todos coinciden en que, independientemente del término que utilice ETA para su desmovilización, ésta debe conllevar el desmantelamiento total de sus estructuras militares”, señalaron. Por ello, y para zanjar el “debate terminológico”, dijeron que la culminación de este proceso implicará que “la historia de 54 años de ETA en este país ha terminado”.
Marco de resolución Además de la desmovilización de ETA, las otras dos patas de esta fase definitiva serán “la reintegración de las personas presas, huidas y deportadas”, junto con “los avances en la reparación a las víctimas de todas las expresiones de violencia”. En el primer apartado, desde el Foro Social Permanente destacaron el “diálogo político entre partidos y sindicatos”, en el que se está avanzando “a un ritmo sostenido en un doble carril” en la CAV y Nafarroa, junto a una tercera vía en Iparralde de cara a lograr “una sociedad sin personas presas y huidas”, señalaron. Un diálogo en el que quieren incluir al propio colectivo de presos, EPPK.
El Foro Social expresó su deseo de que este intercambio de pareceres fructifique en “diferentes expresiones de diálogo y acuerdos en las próximas semanas”. Destacó a su vez la importancia de que las mayorías en los Parlamentos encuentren “su camino para generar una mayoría en el Congreso español”, tanto en las cuestiones urgentes, en referencia a los presos enfermos y el acercamiento, como en torno a las transferencias y la legislación. También valoró la postura del Estado español como “bastante favorable a que ETA proceda a su desmovilización total y definitiva, al margen de los términos” en que se produzca.
Por último, defendieron “un marco de resolución que busque el equilibrio entre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y la aspiración de construcción de la convivencia en el seno de la sociedad”. Así, se mostraron convencidos de que este año se profundizará en los “notables avances” dados en 2017 en lo referente a las víctimas. Concluyeron que todos los actos de reparación, “sean de carácter institucional o social, son necesarios para las víctimas”.