Washington - La última colección inédita de archivos del Gobierno de EEUU sobre el asesinato de John F. Kennedy salió a la luz ayer jueves de forma parcial o total, y aunque los expertos no esperaban ningún “bombazo”, los documentos pueden arrojar luz sobre los acuerdos entre la CIA y México en la Guerra Fría.
Se trata de alrededor de 3.100 expedientes oficiales, hasta ahora clasificados y custodiados por los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Sólo el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía la capacidad de impedirlo, según lo dictado por una ley aprobada en 1992. Trump, que el pasado sábado adelantó que permitiría que los documentos vean la luz, confirmó ayer que la “esperada publicación de los archivos de JFK (sigla de John F. Kennedy) tendrá lugar”. “¡Qué interesante!”, añadió el mandatario en un breve mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
La revelación tenía en vilo a historiadores y defensores de las teorías de la conspiración, pero la Casa Blanca insinuó que la publicación podría ser solo parcial: Trump podría haber bloqueado la divulgación de algunos documentos considerados delicados por la CIA u otras ramas del Gobierno estadounidense. “Algunos registros de esta colección no se crearon hasta la década de 1990”, y la Casa Blanca quiere garantizar que su publicación no causaría un “daño identificable” a la seguridad nacional, aseguró la semana pasada una portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, a la revista Politico.
Bajo la ley de 1992, los archivos que sean bloqueados por Trump no podrán ver la luz hasta dentro de 25 años, y quien ocupe entonces la Casa Blanca deberá decidir sobre su posible publicación. Según varios medios, la CIA ha presionado a Trump para que mantenga ocultos una serie de documentos, quizá para esconder sus métodos o la identidad de algunos espías que podrían seguir vivos. Pero el mandatario también ha recibido presiones para permitir la publicación íntegra de los documentos, y satisfacer así a quienes disputan la conclusión alcanzada por la llamada comisión Warren, que investigó el asesinato cometido en noviembre 1963 y concluyó que un solo tirador, Lee Harvey Oswald, fue responsable del crimen.
Roger Stone, un amigo de Trump y ex asesor de su campaña electoral, aseguró el pasado viernes que había aconsejado al presidente que publique todos los documentos, sin excepción. “Él cree en la transparencia, cree en el derecho del pueblo a saber, así que soy optimista, creo que hará lo correcto”, dijo Stone en una entrevista con el portal de extrema derecha Infowars.
Trump ha coqueteado desde hace años con teorías de la conspiración: fue él quien especuló con que el expresidente Barack Obama podía no haber nacido en Estados Unidos, y durante las primarias republicanas de 2016, Trump llegó a sugerir que el padre del senador Ted Cruz tuvo algo que ver con Oswald.
Aunque estos son los últimos documentos sobre el asesinato que posee el Gobierno de EEUU, aún hay información inédita en otras manos, como “entrevistas de Jackie Kennedy protegidas por decisión judicial”, archivos “de los abogados de Jack Ruby” (el asesino de Oswald) o documentos de la KGB en Moscú. Así lo aseguró el juez federal John R. Tunheim, que entre 1994 y 1998 encabezó un comité investigador independiente creado por ley para examinar y publicar los documentos oficiales del Gobierno estadounidense sobre el asesinato de Kennedy en 1963.
La pista mexicana México podría tener un papel central en los archivos inéditos sobre el asesinato de John F. Kennedy, dado que entre ellos hay documentos que la CIA pidió mantener secretos hace dos décadas para evitar que su divulgación perjudicara o incluso hiciera caer al Gobierno mexicano.
Según Tunheim, el Departamento de Estado estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) convencieron a su comité de que no publicara los detalles de “los acuerdos” que tenía Washington para compartir inteligencia con México, por temor a que eso hiciera caer al Gobierno mexicano que estaba entonces en el poder.
“Ese fue el argumento que usaron el Departamento de Estado y la CIA para convencernos de no publicar algunos de los detalles operativos de cómo compartían información de inteligencia con México”, afirmó Tunheim en una entrevista telefónica desde Minesota, donde ahora es juez federal.
“Publicar cómo un Gobierno extranjero comparte inteligencia con la CIA puede ser controvertido, y creo que eso les preocupaba, porque el partido político que estaba en el poder en México en los años 1990 era el mismo que había estado en poder en los 1960”, cuando asesinaron a Kennedy, añadió.
Ese partido de México era el Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante 71 años entre 1929 y 2000, y que ahora vuelve a estar en el poder bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.
El comité de Tunheim, llamado Panel de Revisión de los Archivos sobre el Asesinato (ARRB, por su sigla en inglés), concluyó su trabajo en 1998 sin publicar esos archivos, que según la CIA “podían ser dañinos para los intereses del Gobierno mexicano”. Según informes de prensa, los acuerdos entre Estados Unidos y México permitieron a la CIA vigilar las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en la capital mexicana, adonde el presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, acudió durante un viaje a ese país seis semanas antes de la muerte del presidente.
En 1998, al Departamento de Estado y la CIA les preocupaba tanto divulgar “cómo se compartía inteligencia” como “el mero hecho de que hubiera acuerdos para trabajar” con la agencia de inteligencia estadounidense, algo que “en algunos países es controvertido”, indicó Tunheim.
Si el presidente estadounidense, Donald Trump, no bloquea la publicación de algunos de ellos, todos los documentos que no se divulgaron en 1998 son los que han salido a la luz, algo que a Tunheim le parece pertinente.