barcelona- El Govern redujo ayer el abanico de opciones que tiene sobre la mesa para responder a la suspensión de la autonomía catalana decretada por Mariano Rajoy. El conseller de Presidència, Jordi Turull, aseguró que la convocatoria de elecciones “en estos momentos no está sobre la mesa”, aunque tampoco quiso ofrecer más detalles sobre las opciones que sí baraja el Govern. Con esta negativa, en principio, el terreno de juego se reduce a la aprobación de una declaración de independencia, o al inicio del proceso constituyente que proponen Podem y los comunes como vía intermedia para ganar tiempo y alumbrar una solución dialogada. Todo apunta a que la incógnita se despejará este viernes. La Junta de Portavoces del Parlament se reúne hoy para poner fecha a un pleno donde se debatirá la respuesta al 155.
La convocatoria de elecciones era la única vía para evitar la suspensión de la autonomía. Con el anuncio de Turull, no hay nada que detenga al Senado para dar luz verde a las medidas de Rajoy el viernes, coincidiendo con el pleno catalán. Entre esas medidas se encuentra la destitución del president Puigdemont y de todos sus consellers. Por lo tanto, si el Govern quisiera rectificar y convocar elecciones, debería hacerlo antes del viernes porque, a partir de ese momento, ya no tendrá competencias para hacerlo y será Rajoy el único facultado para poner las urnas. Una vez que el Senado apruebe las medidas, el Govern ya no podrá ejercer sus funciones, aunque también es toda una incógnita si piensa activar una institución paralela u oponer algún tipo de resistencia.
Turull aseguró ayer en sendas entrevistas con Onda Vasca, Catalunya Ràdio y Rac1 que la respuesta del Govern va a conjugar dos aspectos: “La defensa a ultranza de las instituciones catalanas democráticamente escogidas” y la “culminación del mandato del 1 de octubre”. La alusión a la defensa de las instituciones se está convirtiendo en un mantra en los discursos del Govern en las últimas horas. Puigdemont también lo citó en su mensaje institucional del sábado, aunque de manera críptica.
Hubo quien vio en esa alusión una puerta abierta a la convocatoria de elecciones para evitar que el Gobierno español suspenda el autogobierno catalán, una intervención de la autonomía que para el president sería una humillación histórica y una falta de respeto hacia las instituciones propias. La defensa a ultranza de las instituciones, por lo tanto, podría traducirse en evitar la intervención del autogobierno, que además colocaría en una situación muy comprometida a toda la estructura funcionarial de técnicos de la Generalitat, expuesta ahora a responsabilidades penales y patrimoniales si desobedecen a la nueva autoridad estatal. Otra vertiente muy delicada de la intervención es la posibilidad de que Madrid acceda a las tripas del procés y tenga conocimiento de los preparativos de las estructuras de Estado de la República catalana, aunque cabe suponer que estarán bajo llave.
No obstante, Turull descartó ayer la vía de las elecciones, que en las últimas horas no estaba del todo claro que fueran a evitar una intervención de Madrid. Rajoy dejó ver el sábado que ya es demasiado tarde para una marcha atrás. El Govern se arriesgaba a dar el paso de las elecciones en vano, y a asumir, además, el coste político de una decisión que iba a parecer una cesión a Madrid. A priori, está descartada la combinación de la declaración de independencia sumada a una convocatoria electoral. Todo apunta a una declaración de ruptura y está por ver cómo se concreta la defensa a ultranza de sus instituciones.
Junts pel Sí y la CUP están trabajando en una declaración de independencia. Puigdemont ha recibido el aval de su partido, el PDeCAT, para levantar la suspensión de la declaración; y la semana pasada avisó de que una nueva agresión de Madrid podría conducir a que el Parlament proclamase la secesión. Con el artículo 155 a punto de ser activado, cobra fuerza esta opción. Los soberanistas preparan el pleno del viernes con tres posibles formatos. Uno de ellos es la comparecencia de Puigdemont como único punto del orden del día, y las otras dos son un pleno de política general o un debate monográfico. Para los soberanistas, las tres opciones tienen la virtud de que no obligan a anticipar el contenido de las resoluciones, lo que hace más sencillo escapar de la acción del Tribunal Constitucional. Se baraja que Junts pel Sí y la CUP planteen la independencia, y que Sí que es Pot pida un proceso constituyente.
veto al parlament Ahora bien, el problema al que se van a enfrentar las dos opciones es que quizás no puedan desarrollar más contenidos ni más trabajos de seguimiento a partir del viernes, porque el Estado va a intervenir el Parlament y tendrá capacidad de veto sobre las iniciativas que se quieran someter a votación. No permitirá nada que tenga que ver con el procés. Además, la declaración de independencia va a tener como respuesta una querella de la Fiscalía por rebelión, y pedirá medidas cautelares severas que podrían ser el ingreso en prisión.
Por lo tanto, los soberanistas se arriesgan a una travesía en el desierto en los próximos meses, sin Govern, sin resortes de la administración para preparar las estructuras de Estado más allá de las diputaciones y los alcaldes, y con un Parlament que solo podrá votar leyes sobre montes y carreteras, según citó la Moncloa. La CUP presiona para activar una asamblea de electos en paralelo. Madrid forzará la convocatoria de elecciones dentro de seis meses como máximo, y la duda radica en si los soberanistas las van a boicotear, o las va a acatar transformándolas en las elecciones constituyentes que contempla la Ley de Transitoriedad. Esas elecciones darían lugar a un Parlament que redactaría una Constitución.
La otra incógnita es si la declaración del viernes se votaría o no. La CUP no quiere hacerlo para respetar el contenido de la Ley del Referéndum, que pide que la decisión de la ciudadanía expresada en el plebiscito sea la última palabra. Turull se limitó a asegurar ayer que hay “diversos escenarios sobre la mesa”, y añadió que “se debe actuar con la cabeza y el corazón, no con el estómago”.
Parlament. Junts pel Sí y la CUP acordarán previsiblemente que el pleno parlamentario se celebre el viernes. Se desconoce si propondrán la declaración unilateral de independencia. Sí que es Pot apostaría, en cambio, por iniciar un proceso constituyente. Los soberanistas barajan tres formatos: un pleno de política general, un monográfico o una comparecencia de Puigdemont. En ese pleno se dará respuesta a la intervención de la autonomía por parte del Estado.
Senado. El Senado aprobará las medidas que ha propuesto Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución española, y que en la práctica suponen la voladura del autogobierno catalán. Cesará al president y a todos sus consellers, controlará TV3 y los Mossos, y tendrá derecho de veto sobre las iniciativas del Parlament. En un plazo máximo de seis meses, convocaría elecciones. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, y el apoyo del PSOE.
