madrid - El anuncio anticipado del acuerdo, la inconcreción de algunas medidas, la falta de prioridades o el reparto de competencias son algunos de los puntos que han dificultado y retrasado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para cerrar este pacto se reunió ayer con el objetivo de consensuar un documento que deberá ser ratificado por la Comisión de Igualdad antes de pasar al Pleno de la Cámara Baja, que tendría que dar el visto bueno en septiembre.

El borrador del documento que plasmará el pacto y que se discutía ayer establece alrededor de 200 medidas, con una dotación presupuestaria de unos mil millones de euros para los próximos cinco años y que serían repartidos entre las Comunidades autónomas y los ayuntamientos. En principio el borrador -que ha sido redactado por el PP por ser el grupo mayoritario de la subcomisión- recoge únicamente los puntos en los que hay acuerdo y están cerrados, pero las declaraciones realizadas ayer por algunos miembros de la subcomisión plantean dudas sobre ese supuesto consenso.

Los representantes del PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís entraron a la reunión de ayer expresando su “malestar” por las declaraciones del portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, que la semana pasada daba a entender que el acuerdo estaba “cerrado” cuando aún “quedaban flecos” por negociar. La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Alvarez, manifestó “malestar” por la “deslealtad” de los miembros del Gobierno que durante los últimos días se han referido a un pacto ya cerrado. “El Gobierno se ha ocupado y preocupado de vender, con una deslealtad absoluta a los trabajos de esta subcomisión, lo que todavía no estaba cerrado”, precisó, al tiempo que criticó que con esto buscan su propio “beneficio”. Según explicó, quedan “flecos importantes” que discutir, algunos relacionados con “cuestiones presupuestarias” que para el PSOE son “vitales”. Alvarez indicó que el PSOE tratará de que este pacto marque “un compromiso firme con la sociedad civil”.

La responsable de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Patricia Reyes, acusó ayer al Gobierno de “utilizar de manera partidista” el pacto contra la violencia machista y que lo haya dado por concluido cuando aún “quedan unos cuantos flecos por cerrar”. “Nos ha sorprendido que el ministro portavoz salga diciendo que ya estaba hecho todo el Pacto de Estado cuando no era así”, comentó. En su opinión, los 1.000 millones que el Gobierno español se comprometió a aportar para materializar las propuestas “son importantes, pero las medidas que están detrás también lo son”.

“Todas las violencias” La portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad de Unidos Podemos, Ángela Rodríguez, subrayó que la principal condición que debe tener el pacto es la creación de un marco que recoja todos los tipos de violencia sobre la mujer y también debe concretar en qué fechas y de qué manera se van a presupuestar las medidas que se acuerden. “Siempre hemos dicho que no es posible hacer feminismo si no tenemos recursos que garanticen estas políticas, y desde luego este es uno de los ejes centrales que tenemos que discutir aún”, añadió al comienzo de la reunión.

La diputada de Compromís, Marta Sorlí, dijo ayer que no cree que haya “intención por parte de ningún partido de apropiarse el pacto” aunque sí criticó las “declaraciones y filtraciones totalmente inadecuadas” que se han realizado en los últimos días, con las que, a su juicio, se ha intentado “cerrar la negociación antes de que esté totalmente cerrada”. Sorlí calificó este pacto de “importantísimo” pero puntualizó que no puede ser solo “una lista de medidas para mejorar la situación” sino “un pacto que vaya más allá y garantice una atención integral a todas las víctimas de todas las tipologías de violencia”.

Por su parte, el diputado del PP, Javier Maroto señaló al respecto que “el Pacto si es de alguien, es de todos, y si es para alguien es para todas las mujeres y para el conjunto de la sociedad que tiene que ver en el machismo un problema a evitar y a corregir”. Añadió que cuando terminen los trabajos van a “salir con un documento votado por todos”, aunque tengan “ideas distintas en algunas materias” ya que son partidos “muy diferentes”.

En opinión del diputado del PP, este documento resuelve una cuestión que es una “alarma social de primera magnitud”; pone de acuerdo, “por primera vez en mucho tiempo”, a partidos políticos con sensibilidades “muy distintas”; y viene sustentado con un compromiso económico del Gobierno de “más de mil millones de euros para los próximos cinco años”.

Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios del Senado concluyeron ayer un texto con casi 270 propuestas y recomendaciones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, después de que la Ponencia ratificara el documento, tras meses de comparecencias y negociación.