BILBAO - Tres de cada cuatro presos de ETA han aceptado acogerse a la legalidad penitenciaria vigente y de forma individualizada para poder acceder a los beneficios penitenciarios y la progresión de grados contemplados en los reglamentos penitenciarios. El colectivo oficial de reclusos (EPPK, en sus siglas en euskera) da así por terminado el debate interno iniciado en diciembre del año pasado entre sus reclusos. La participación ha sido de un 87,2% del total de internos de la banda diseminados en las cárceles españolas y francesas.
El resultado del debate permite a los presos tomar decisiones de manera individual sobre el estatus al que quieren acceder en prisión y la defensa jurídica que quiera adoptar, aunque previsiblemente la mayoría seguirá yendo de la mano del colectivo de presos y de sus letrados. De este modo cada preso decidirá si aprovecha o no los cauces que la ley le ofrece de cara a progresar de grado.
Actualmente la mayoría de los presos de ETA está en el primero de los tres grados penitenciarios en los que está organizada la trayectoria del recluso, siendo el primero el más duro y el tercero el que facilita el acceso a los beneficios, permisos, destinos, cómputo de redenciones o acceso a la libertad condicional, un estatus al que también se puede acceder en determinadas condiciones con un segundo grado.
En un comunicado remitido al diario Gara y publicado ayer parcialmente en su edición digital, el EPPK revela los resultados de la votación sobre el documento base del debate interno. El 73,4% de los presos han aprobado la propuesta de la dirección del colectivo de reclusos, también conocida como la vía Rufi, en referencia a Rufi Etxeberria, a quien, junto con el también militante histórico de la izquierda abertzale Juan Mari Olano, se le atribuye la paternidad de la iniciativa.
Frente a esos 221 reclusos que han aceptado la legalidad penitenciaria, 42 internos la han rechazado, esto es, un 14,2%. Este porcentaje puede dar una idea del peso numérico de los presos disidentes de la oficialidad de la izquierda abertzale, que simpatizan con los planteamientos del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, más conocido como ATA. Este colectivo y algunos reclusos que se han alineado con él han criticado con dureza la posición del EPPK de aceptar las vías legales al considerar que supone una rendición y el fin de la reivindicación de la amnistía.
Los 38 presos restantes han votado en blanco o no se han posicionado. Los motivos para no pronunciarse son, según la nota del EPPK, dispares y van desde los que han preferido pasar palabra ante la cercanía del final de su condena, los que presentan una enfermedad, los que se sitúan fuera del colectivo oficial, o los que no han podido o no han querido hacerlo.
De este modo, el EPPK da por superada la “fase de resistencia” para que cada preso pueda aprovechar la vía jurídica y contar para ello con el apoyo del colectivo. La decisión supone un viraje respecto a la consigna mantenida durante décadas por la propia EPPK y la dirección de ETA y la izquierda abertzale política, que se han opuesto a la aceptación de la legalidad penitenciaria al entenderla como un instrumento para doblegar a los presos y a todo su estructura orgánica e ideológica.
Este veto ha estado vigilado con puño de hierro por la ortodoxia del entramado de la banda y la izquierda abertzale y quien intentara saltárselo se ha expuesto a ser considerado como un traidor, con todas las derivadas de esa condición con ETA de por medio. El ejemplo más extremo fue el asesinato en 1986 de Dolores Katarain, Yoyes, a manos de la banda por aceptar las medidas legales de reinserción.
El comunicado señala que tras el debate ha quedado aprobado el documenta de base, cuya definición definitiva se conocerá durante el verano, ya que debe completarse aún con las aportaciones producidas. El EPPK destaca la “riqueza” de la discusión, dado que hay 91 propuestas individuales y colectivas. Posteriormente también se elegirá la dirección del colectivo oficial de presos, que estará formada por ocho personas entre 43 nombres propuestos.
Ahora la pelota pasa al Gobierno español y, sobre todo, al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, instancia que decidirá sobre las peticiones que le lleguen de los presos. No obstante, no será un proceso inminente ya que los presos habrán de hacer un tránsito en su cambio de actitud y postura que lleva su tiempo. Cerca de la mitad de los presos tienen horizontes de cumplimiento de condena que van más allá del 2040.
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Presos han votado a favor de la propuesta oficial de aceptar las vías legales, 42 la han rechazado y 38 no se han posicionado.
