barcelona - Catalunya se adentra en terreno desconocido. El Govern de Carles Puigdemont se dispone a hacer historia iniciando hoy la vía unilateral hacia la independencia. Es un hecho sin precedentes en el Estado español y un planteamiento que nadie antes había llevado tan lejos, pero el Govern lo ha mantenido en pie a lomos de una movilización ciudadana sin parangón, y espoleado por una situación económica muy delicada que ha puesto en riesgo el pago a los proveedores farmacéuticos y las finanzas de la Generalitat. Tras varios intentos infructuosos de pactar con Madrid, el president va a comparecer arropado por los parlamentarios de Junts pel Sí y sus socios de la CUP para anunciar la fecha y la pregunta del referéndum de independencia. Si gana el sí en la consulta, el Govern proclamará la república catalana y se abrirá un proceso constituyente para redactar el corpus jurídico del nuevo Estado. Esa es, al menos, la hoja de ruta que defiende la Generalitat. Enfrente tendrá al Gobierno de Mariano Rajoy, que se ha declarado dispuesto a todo para impedir que se lleguen a colocar las urnas. El choque con el Estado abre un escenario de imprevisibles consecuencias.
Todo apunta a que Puigdemont, escoltado por su vicepresidente Oriol Junqueras y tras una reunión matutina de su gobierno, convocará la consulta para el 1 de octubre, aunque no se descarta el día 8. En cuanto a la pregunta, la antigua Convergència prefería una simple y sin sesgo ideológico. Proponía preguntar si los ciudadanos quieren que Catalunya sea un Estado independiente, sin poner calificativos a ese Estado. No obstante, según apuntan en medios catalanes, la insistencia de la CUP (y en parte de ERC) en añadir el matiz de la república ha desembocado en una fórmula híbrida para preguntar “¿quiere que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república?”. Puigdemont no dio pistas ayer, más allá de prometer una pregunta clara y binaria. Sería la segunda vez que los catalanes son consultados por la independencia, pero el plebiscito del 9 de noviembre de 2014 no fue vinculante.
Puigdemont va a rematar un recorrido que inició su antecesor Artur Mas en septiembre de 2012, cuando Rajoy descartó un pacto fiscal para Catalunya similar al Concierto Económico vasco, y enterró de ese modo las expectativas de los catalanes de mejorar su encaje en el Estado y ampliar su autogobierno. Esa negativa revivió la sensación de agravio que había provocado años antes el tijeretazo del Tribunal Constitucional al Estatut. De ahí en adelante, las movilizaciones de la Diada pasaron a tener un cariz cada vez más independentista o, al menos, favorable al derecho a decidir. En todo este periplo, Rajoy no ha planteado una tercera vía y ha limitado su oferta a inversiones ferroviarias. Tras varias convocatorias electorales e intentos de acordar una consulta con el Estado, Puigdemont fijará hoy la fecha y la pregunta.
Lo hará de palabra, sin que esté previsto firmar ningún documento recurrible por el Gobierno español. El PP se mantiene en guardia, pero asume que no puede actuar judicialmente contra una simple declaración política. Va a esperar hasta que se plasme en un decreto de convocatoria. Por los plazos que se manejan, podría firmarse en agosto. Es un mes clave, porque en la segunda quincena se van a tramitar en el Parlament las leyes de desconexión. Esas normas van a sustituir la legalidad española por una nueva legalidad catalana, de manera que, a juicio de los soberanistas, el referéndum unilateral pasaría a ser legal a la luz del nuevo marco jurídico catalán. Siguiendo las previsiones del Estatut catalán sobre las convocatorias electorales, la consulta debería decretarse entre 40 y 60 días antes de su celebración.
los obstáculos El relato del Gobierno español es otro. Rajoy insiste en que el referéndum no va a producirse. Su escenario ideal pasa por cortocircuitar los preparativos en un momento muy preliminar para que las urnas no lleguen siquiera a estar disponibles. De ese modo, se ahorraría tener que intervenir más tarde precintando colegios, una gestión más aparatosa que puede provocar situaciones incontrolables en los operativos policiales, y dar una imagen que podría servir a los soberanistas para denunciar a nivel internacional que el Estado coarta el derecho democrático a ser consultado. El planteamiento inicial es dejarlo todo en manos de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional para que eviten la licitación de las 8.000 urnas en concurso público. El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, avisó ayer a las empresas interesadas de que pondrá cualquier ilegalidad en conocimiento de los jueces. De momento, han presentado su oferta Plastic Express y la UTE Espai World y Suministros Integrales Futbida. La Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario Francesc Esteve.
Si finalmente hay urnas, Madrid tiene muy estudiada la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Le faculta para suspender la autonomía con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, un requisito para el que el PP se basta y se sobra con sus escaños. Sería una intervención parcial y de un solo día con el objetivo de tomar el control del departamento de Ensenyament y evitar la apertura de los colegios electorales; y asumir el mando de los Mossos para que se incauten de las urnas. También está sobre la mesa la posterior inhabilitación de Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, de ERC, que llevará el peso de la logística, pero el Constitucional no actuará de oficio.
El alcance de las sanciones por desobediencia puede afectar a funcionarios rasos, y el Govern ha lanzado mensajes asegurando que va a garantizar su seguridad jurídica. Esa es una de las principales aristas del procés. Es también la principal razón por la cual los comunes de Ada Colau no respaldan la vía unilateral. La alcaldesa de Barcelona quiere garantías para los trabajadores públicos y un aval internacional, algo que no se ve en el horizonte. También Podemos se ha distanciado. El viaje lo harán en solitario Junts pel Sí y la CUP. Tienen mayoría absoluta en el Parlament, pero el problema va a surgir a nivel local con los ayuntamientos que no colaboren, como los del PSC, que pueden restar validez a la consulta si evitan que se realice en sus plazas. Está por ver que pasa en Barcelona.
El otro reto es movilizar a los votantes. El apoyo a la independencia experimentó una bajada en el sondeo de la Generalitat hecho público a finales de marzo. El rechazo a la secesión ganaba con un 48,5%, frente al 44,3% del sí. Si el Estado resta validez a la consulta, es probable que desmovilice a los contrarios a la independencia, pero en el otro lado pueden pasar factura los cinco años de movilización, un pulso difícil de mantener en el tiempo. Las condenas contra los soberanistas por el procés pueden ser un revulsivo, pero pueden pasar factura las acusaciones de corrupción que salpican a la antigua CDC por el 3%.
Fecha y pregunta. Todo apunta a que el president situará la consulta en el 1 de octubre, con la pregunta “¿quiere que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república?”.
Avisos de Madrid. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró ayer en ‘Los Desayunos de TVE’ que parece que Puigdemont no va a firmar hoy ningún documento, y que “lo que valen son las decisiones que tienen valor político y jurídico”, de modo que restó relevancia al episodio del anuncio de la consulta. Desde el Gobierno español, el secretario para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se dirigió a las empresas que optan a elaborar las urnas para decirles que solo valdrán para actos legales.
CUP. Se reunirá y valorará la pregunta a las 20.00 horas.
