madrid - Segundo jarro de agua fría para Mariano Rajoy en relación con el caso Gürtel. Si la citación del presidente español para que declare como testigo ante el juez ya cayó como un misil en los despachos de la Moncloa, ayer recibió la noticia de que tendrá que hacerlo en persona, sin contar con el refugio del plasma y la videoconferencia. Rajoy había solicitado declarar a través de las pantallas, con la intención de minimizar el impacto que iba a tener en su imagen pública el paseíllo hasta la Audiencia Nacional en el marco del caso de corrupción por excelencia de los últimos años. Su declaración el 26 de julio a partir de las 9.30 horas va a ser una imagen sin precedentes, puesto que nunca antes un presidente español en ejercicio ha tenido que declarar como testigo ante los jueces de manera presencial. Rajoy recibió la noticia en Portugal y la despachó diciendo que estará a lo que digan los jueces.

En un auto contundente de la sección segunda de la Audiencia Nacional, los jueces desmontan uno a uno los argumentos del presidente español para declarar por videoconferencia. Consideran que no hay causas de fuerza mayor que justifiquen ese método. Los jueces creen que no existe ninguna razón para pensar que su desplazamiento a la sede del tribunal en San Fernando de Henares vaya a suponer un despliegue de medios públicos, porque tan solo está a 18 kilómetros de su despacho. Tampoco consideran que vaya a ocasionar problemas de seguridad, porque la sede del tribunal cuenta con garantías suficientes, y le llegan a recordar que ha hecho campaña electoral en mercados, clamorosamente más desprotegidos que la Audiencia Nacional.

juez de prada La decisión la secundan, al igual que en el auto de citación, dos de los tres jueces de la sala. Uno de ellos, además, es José Ricardo de Prada, que va camino de convertirse en la bestia negra del PP tras haber reconocido la existencia de la tortura y que los tribunales no han hecho lo suficiente para atajarla. El ponente ha sido Julio de Diego. El voto contrario ha llegado otra vez de la mano del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en cuya opinión debería haber prevalecido el cargo institucional de Rajoy para ahorrarle este trance. Va a comparecer como testigo, lo que implica que no se le imputa ningún delito, pero también significa que está obligado a decir la verdad o se expondrá a incurrir en un delito de falso testimonio. Además, debe responder a las preguntas de todas las partes, al contrario que los imputados, que por estrategia procesal muchas veces solo responden a sus propios abogados.

El presidente español quería evitar a toda costa su declaración en el caso. No quiere tener ninguna vinculación con él. El epicentro del caso se sitúa en municipios madrileños como Majadahonda y Pozuelo de Alarcón donde, según las investigaciones, se amañaban contratos a favor de las empresas de Francisco Correa a cambio de prebendas como el pago de campañas electorales o la entrega de sobres con dinero. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, también habría tenido un papel crucial como intermediario. Rajoy tendrá que declarar en el marco de la investigación de la primera época de la trama, de 1999 a 2005, por si hubiera tenido conocimiento de los manejos en su condición de secretario general y director de varias campañas. Rajoy ha defendido todo este tiempo que estaba a otras cosas, y que sus altas responsabilidades al frente del partido no le dejaban tiempo libre para dedicarse a “menudencias” de las campañas municipales. Se da la circunstancia de que el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, estuvo casado con una de las ministras de la primera legislatura de Rajoy, Ana Mato. Bárcenas, además, declaró ante el juez que Rajoy rompió relaciones con la red porque algunos empresarios lo alertaron, pero no lo denunció a la justicia.

La única buena noticia para Rajoy es que el tribunal sí ha atendido su petición en relación con la fecha, puesto que él había pedido los días 26 o 27 de julio, en pleno parón vacacional. En esa época, el Congreso de los Diputados no tiene actividad plenaria y buena parte de los ciudadanos están menos pendientes de la actualidad política, lo que puede minimizar el impacto público de su comparecencia. A finales de junio o principio de julio, también tendrá que declarar por la caja B del PP en la comisión de investigación del Congreso.

La citación judicial de Rajoy llegó a finales de abril por sorpresa, después de que fuera archivada en dos anteriores ocasiones. El PP lo recibió como un ataque frontal y, con el tiempo, admitió a nivel interno que su reacción no fue del todo afortunada y pudo parecer desmedida. Ayer optó por morderse la lengua y, por boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, solo dijo que su citación en persona “es una rareza” porque al expresident catalán Artur Mas se le permitió recurrir a la videoconferencia en el juicio por el asalto al Parlament en 2011.

En su razonamiento, el tribunal argumenta que Rajoy no ha sido citado en calidad de presidente del Gobierno español, sino como ciudadano, por actos de los que pudo tener conocimiento al frente del PP y no en el ejercicio del cargo como presidente español (si hubiera sido así, incluso podría haber declarado por escrito). Además, opina que sus razones para evitar la declaración presencial “no son consistentes”. En primer lugar, el tribunal rechaza que su desplazamiento vaya a suponer un dispendio de fondos públicos y “no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante únicamente por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kilómetros”. En segundo lugar, descarta las razones de seguridad porque Rajoy no las concreta y, sobre todo, porque la sede del tribunal en San Fernando de Henares “cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la comunidad madrileña, sedes donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones en otras ocasiones, y más aún que las existentes en mercados y otros foros populares donde el testigo también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales”.

Por último, rechaza también como razonamiento su intensa agenda de viajes y contactos institucionales, porque “el tiempo empleado será el mismo” comparezca en persona o por videoconferencia. Enmarca su declaración en la normalidad y en el Estado de Derecho, y puntualiza que ya se fijarán medidas para preservar su figura como, por ejemplo, ofrecerle sentarse en la fila de los abogados.

“sin plasma” Ayer casi todas las reacciones se centraron en su querencia por las declaraciones a través del plasma para evitar el marcaje de la prensa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró en Twitter que “no todo iba a ser vía plasma”. El secretario general de C’s, José Manuel Villegas, se congratuló de que no pueda escudarse en el plasma para explicar algunas “cosas graves” del PP. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que, en cualquier país europeo, un presidente en la misma situación “tendría que dimitir”.