El Gobierno Vasco plantea a Rajoy gestionar las pensiones sin romper la ‘caja única’

vitoria - El Gobierno Vasco va a iniciar conversaciones con el ejecutivo español para conseguir la competencia sobre prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Es el reto de mayor calado político que se ha fijado el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka. Será él quien se encargue de llevar el peso de las gestiones en este terreno, y espera encarrilar esta reivindicación en el marco de su fluida interlocución con la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría. Es una reclamación histórica y tiene a su favor el soporte legal que le brindan varios artículos del Estatuto de Gernika, pero los sucesivos gobiernos españoles se han resistido a efectuar los traspasos de estas dos competencias de gran trascendencia política. Las discrepancias en cuanto al alcance que debería tener cada traspaso y la interpretación de lo que dicen tanto el Estatuto como la Constitución española han contribuido a mantener varado un asunto que podría verse bajo un nuevo prisma en un contexto de deshielo en las relaciones con el gabinete de Mariano Rajoy.

Fuentes del Gobierno Vasco consultadas por este periódico explican que la guía para adentrarse en este terreno será el pacto de coalición entre PNV y PSE. En ese acuerdo se marcan como prioritarias y urgentes ambas competencias. Tampoco hay dudas sobre el contenido que deben abarcar, que se precisa en el Estatuto. En cuanto a las prisiones, el Gobierno Vasco pasaría a gestionar las cárceles, aunque tendría que ejecutar la ley penitenciaria estatal. El Estado tiene la competencia sobre el Código Penal y fija los requisitos para acogerse a beneficios penitenciarios, pero las instituciones vascas gestionarían las cárceles, con el margen que ello pueda brindar para propiciar un avance en la reinserción. Los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto son los que concretan que la comunidad autónoma ejecutará la legislación del Estado. Las instituciones vascas ya gestionan la seguridad exterior de las cárceles, su sanidad y la educación.

En cuanto a las pensiones, el Gobierno Vasco se remite al Estatuto y, en estricto cumplimiento de su letra, pide la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Para el ejecutivo autonómico, esto supone que la comunidad autónoma recaudaría las cotizaciones y pagaría la prestación. Sin embargo, fijar la cuantía de las pensiones, es decir, el dinero que va a recibir cada ciudadano, sería competencia del Estado. De ese modo, entiende que la caja única de la Seguridad Social se mantendría intacta. Evitar la ruptura de la caja es el principal argumento de Madrid para negar el traspaso. A grandes rasgos y tal y como se plantea en el acuerdo de coalición, este traspaso implicaría que toda la estructura de los funcionarios y la tramitación de las prestaciones pasaría a manos de la comunidad autónoma. La ventanilla sería vasca. Así aparece recogido en el Estatuto, tanto en el artículo 18.2 como en la disposición transitoria quinta, que menciona el “carácter unitario” del régimen económico de la Seguridad Social.

En este caso aflora un matiz importante. El PNV mantiene como aspiración política su deseo de crear un sistema propio de pensiones, y ha perfilado a nivel interno las distintas vías de financiación. Esta demanda podría plantearse en la ponencia del Parlamento Vasco que estudia un nuevo estatus de autogobierno. Son dos planos diferentes. El PNV puede defender esta aspiración en la ponencia y el nuevo estatus que se apruebe en referéndum podría recogerla, pero el ejecutivo vasco se va a atener mientras tanto a lo que dice el acuerdo de gobierno con los socialistas. Este debate es el que entraña mayor complejidad porque el socialismo no comparte la aspiración de los jeltzales sobre el sistema propio de pensiones. El consenso en torno a este punto en la ponencia del nuevo estatus se antoja por ahora complicado.

El PNV planteó su modelo en febrero del pasado año, en la Asamblea Nacional del partido. Propuso un sistema basado en las cotizaciones salariales, pero también en la previsión complementaria y voluntaria a través de EPSV de empleo y, si fuese preciso, a través de los Presupuestos. La comunidad autónoma asumiría íntegramente la competencia, también con capacidad legislativa.

El Gobierno Vasco no quiere vincular a la primera de cambio estas dos competencias con las negociaciones presupuestarias entre el PNV y Rajoy en Madrid, porque no sabe si el presidente español va a seguir necesitando a los jeltzales o si tendrá otros socios. Circunscribe estas gestiones a la relación entre ambos gobiernos, aunque no escapa a nadie que la necesidad de apoyos del PP en el Congreso de los Diputados ya ha actuado como palanca para superar desencuentros históricos entre ambas partes y para sellar la paz en el Cupo por quince años. La negociación de las Cuentas de 2018 podría arrancar en verano con el techo de gasto.

Estas dos competencias, no obstante, no estuvieron sobre la mesa en las negociaciones presupuestarias de este año. El PNV quiso dejar fuera de manera expresa la competencia de prisiones porque es una materia sensible y relacionada con la paz. Hace la lectura de que, a medida que se avance en la convivencia y el cierre de la violencia, se vencerán las resistencias que atenazan la posición de Madrid. La disolución de ETA se baraja en los corrillos de Madrid como un hito clave para acelerar los trámites. Tampoco ha sido posible negociar sobre el régimen económico de la Seguridad Social porque este traspaso sigue generando rechazo en amplias capas políticas y sindicales de Madrid. El consenso en contra del traspaso sigue siendo muy amplio y parecía inviable superar esos recelos en cuestión de semanas. Será una negociación larga y compleja.

Reforma de las pensiones Había otro factor que jugaba en contra del traspaso y que va a esfumarse en las próximas semanas, lo que puede abrir una oportunidad al Gobierno Vasco para desatascar esta cuestión. Rajoy está estudiando en este momento una reforma de las pensiones. Su vocación es forjar un pacto de Estado, que sea ampliamente compartido y que perdure de ese modo 20 ó 25 años para que las pensiones no queden al albur de los cambios de gobierno. Existe un consenso generalizado en torno a la idea de que las pensiones viven una situación de emergencia y se debe estudiar su financiación.

Están sobre la mesa los planteamientos para financiar parte de las prestaciones con cargo a los Presupuestos, y también las voces que le piden a Rajoy que elimine su factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 para ligar las pensiones a la esperanza de vida. Teniendo en cuenta que esa esperanza de vida va en aumento, va a suponer un recorte en la cuantía de la pensión. Con semejante discusión abierta en canal, no parecía el momento más oportuno para abordar el traspaso.

Ahora este debate está entrando en su fase resolutiva. La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo está planteando sus recomendaciones en el Congreso y, con ellas, Rajoy espera anunciar una reforma antes del verano, aunque la oposición cree que esos plazos son demasiado ajustados, sobre todo si quiere contar con el PSOE y aguardar a que un nuevo liderazgo en el socialismo pase la página de la crisis interna y esté en condiciones de abordar un pacto de Estado.

Josu Erkoreka. El consejero de Autogobierno fijaba recientemente como prioridad el traspaso de las prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Erkoreka va a ser el encargado de llevar el peso de estas negociaciones, una de las principales funciones que tiene encomendadas en la presente legislatura. El acuerdo de gobierno con el PSE-EE recoge que ambos traspasos son prioritarios. En esa reivindicación, la sintonía es total con la consejera socialista de Trabajo y Justicia, María Jesús San José.

Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta española está llamada a ser la principal interlocutora de Erkoreka en este terreno. No se debe únicamente a la relación fluida que mantienen y en la que han ahondado para desactivar recursos como el que afectaba a la Ley Municipal. La ‘popular’ sería la encargada de asumir estas gestiones en la medida en que es la titular del Ministerio de Administraciones Territoriales, una cartera con la que Rajoy trató de proyectar un guiño a las comunidades autónomas porque iba a ser la interlocutora directa en asuntos de autogobierno.

El Estatuto. En su disposición transitoria quinta, fija que “la Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la CAV asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los plazos y compromisos que, por una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”.

Rechazo de Aznar. El PNV aprovechó las negociaciones de investidura de 1996 con el entonces candidato Aznar para reforzar el Concierto y ensanchar sus atribuciones sobre la concertación de impuestos especiales y la capacidad normativa en el IRPF. Fue un pacto histórico que, sin embargo, no alcanzó a este traspaso, una línea roja que fijó Aznar con claridad desde el arranque de las negociaciones.

Puerta abierta de Zapatero. El PNV estuvo cerca de lograr el traspaso con el socialista. En el pacto para encarrilar una veintena de competencias, figuraba un anexo de traspasos no inmediatos ni asegurados, sino sujetos a estudio, donde se encontraba este asunto. El adelanto electoral de 2011 y la mayoría absoluta de Rajoy frustró las opciones.

El Estatuto. En el artículo 12.1, se atribuye a la CAV la “ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes: 1) legislación penitenciaria”. El 10.14 fija la competencia en “organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”.

El enredo de Nieto. El actual secretario de Estado de Seguridad declaró ver el traspaso “más cerca que hace unos años”, pero Interior lo desmintió.