Europa urge a España a aclarar si Garoña cumple las leyes de seguridad para operar

La respuesta, agregaba la eurodiputada del PNV, obedece a una preguntada que ella misma planteó hace unos meses -en febrero- alertando sobre la falta de transparencia del proceso de reapertura que, a juicio de la jeltzale, “incumple claramente la Directiva sobre seguridad nuclear y hasta las medidas que España anunció en 2014 para aplicar los principios de esta Directiva, que debe ser traspuesta [aplicada]” este verano. Eso sí, Cañete indicaba que en el caso de que se opte por una “explotación a largo plazo” tendrían que implantarse en la central todas las medidas de seguridad necesarias.

En este escenario de indefinición, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido tomar la iniciativa y hace un par de días anunciaba que enviará una carta al Gobierno español para saber si Garoña cumple “todos los criterios de seguridad nuclear” para poder reabrir después de que la Comisión Europea confirmara que no ha recibido ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil. El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, recordó que la decisión final compete a los Estados miembro dado que “la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales competentes reguladoras”. Eso sí, subrayó que si España tomará una decisión para reabrir “a largo plazo” la central de Garoña “todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas” en virtud de la normativa europea.

En el debate generado en el seno de la Eurocámara, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, trasladó que la situación en la central de Garoña “es verdaderamente alarmante” porque se ha excedido su vida útil, al tiempo que recordó que se trata de un reactor similar al de Fukushima. Su compañera Marina Albiol (de Izquierda Plural) alertó del “precedente” de avalar una central nuclear hasta los sesenta años de vida y “sin una revisión integral cada diez años” sino a los 14.

El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, apoyó el cierre “definitivo” de Garoña y mostró su oposición a que el Gobierno español renueve la licencia de actividad por criterios “puramente políticos” y “no de seguridad ciudadana y ecológica” como precedente para “dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil”. Además, consideró de “bastante grave” que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear.

Vulneraciones Por su parte, el eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, denunció que “con este permiso” para reabrir la tercera central nuclear más antigua de Europa “se está vulnerando la legislación europea” porque las medidas de seguridad exigidas “no se han instalado aún”. La voz discordante en esta corriente de opinión en contra de la prolongación de la operatividad de Garoña corrió a cargo de Agustín Díaz de Mera (PP) quien pidió archivar la petición de envío de carta al Gobierno español porque a su juicio “no presenta pruebas de ningún incumplimiento” de la legislación europea. A lo que añadió que en caso de que el Gobierno español decida reabrir “tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas pero sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales”.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wilkström, hizo caso omiso a esa propuesta del eurodiputado popular y confirmaba al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al gabinete de Mariano Rajoy para pedirle “información precisa” y “rápida” a fin de “saber si todos los criterios de seguridad nuclear” que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión Europea no ha recibido “ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña. Tenemos que saber si esto es verdad o no”, concluía.