madrid - Desde el estallido del caso Gürtel, Mariano Rajoy ha tratado de marcar distancias asegurando que los hechos son de otra época y que él no ha tenido conocimiento de ninguna contabilidad opaca ni de cobro de comisiones. En un giro inesperado, la Audiencia Nacional anunció ayer que lo ha citado a declarar como testigo para que aclare si existió una caja B en el PP durante su etapa como secretario general y como director de varias campañas electorales. Acudirá como testigo y no se le acusa de ningún delito, pero Rajoy hubiera preferido evitar cualquier vinculación con el caso y que su nombre pueda aparecer en los legajos del juicio. Por ello, la noticia cayó como un misil en la Moncloa, donde nadie esperaba ese cambio de criterio del tribunal, que en dos anteriores ocasiones había rechazado citar a Rajoy. No podrá declarar por escrito y tendrá que acudir al tribunal o, como parece más probable, declarar por videoconferencia desde su despacho, un matiz que no alivia del todo el mal trago que le va a suponer en términos de imagen. Va a ser una fotografía sin precedentes. Hay que remontarse a la época de Felipe González y las acusaciones sobre los GAL para encontrar algo parecido, aunque el socialista hizo uso de su potestad para declarar por escrito porque las investigaciones se referían a hechos en el ejercicio de su cargo como presidente español. Cuando declaró en persona, lo hizo ya como expresidente. Aún no hay fecha para Rajoy.

Tendrá que aclarar si estuvo al corriente del caso de corrupción por excelencia en los últimos años. Ha sido citado en la investigación de la primera época de Gürtel, que abarca desde 1999 hasta 2005, y en la que aparecen nombres infaustos para el PP como el de su extesorero Luis Bárcenas o el cabecilla de la red, Francisco Correa. El propio Correa confesaba recientemente la existencia de una trama de cobro de comisiones. Según su relato, Bárcenas y él mismo mediaban para poner en contacto a empresas de la red con instituciones gobernadas por el PP. Se trataba de que esas empresas lograran adjudicaciones públicas. A cambio, pagaban comisiones del 2 o 3%, según ese mismo relato. Correa dijo que esa práctica alcanzaba al Gobierno de Aznar y a las grandes obras como el AVE o las carreteras. Rajoy estaba sentado en ese consejo de ministros. Sin embargo, el epicentro de la trama se situaría en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. El entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, es el exmarido de Ana Mato, quien ejerció de ministra en la primera legislatura de Rajoy. El PP se ha aferrado a que los hechos se habrían producido en otra época (la de Aznar). Bárcenas dijo que, cuando se convirtió en líder del PP, Rajoy rompió relaciones con la red porque algunos empresarios le alertaron de que había algo turbio, pero no lo denunció a la justicia. La trama se exilió en Valencia. La oposición cree que Rajoy conocía los manejos y recuerda el mensaje que envió a Bárcenas con su célebre “sé fuerte”.

La comparecencia llega en el peor momento para Rajoy, puesto que gobierna en minoría y el marcaje de la oposición se va a recrudecer. Conviene recordar que ya estaba padeciendo en propias carnes las hieles de la minoría, cuando se vio obligado a apoyar la comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP. La oposición retrató ayer a su partido como una formación salpicada por la corrupción, poco después de la dimisión del presidente murciano y de las nuevas acusaciones contra el exministro Rodrigo Rato. También está en marcha una comisión para aclarar si se activó una Policía política para perseguir al soberanismo catalán y a rivales, pero ayer quedó atorada por la falta de acuerdo entre la oposición a la hora de pedir comparecencias. Esa división es por ahora el principal salvavidas de Rajoy.

La citación se ha producido contra el criterio de la Fiscalía, del abogado del Estado, y de los letrados del PP y parte de la defensa. Todos ellos consideraron improcedente su declaración, y el abogado del PP añadió que sería “perturbadora” y contribuiría al “circo mediático”. A pesar de ello, los populares reaccionaron ayer diciendo que habrá colaboración con la justicia, lo mismo que dijo la Moncloa. La acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) denunció un intento de salvaguardar la figura del presidente y de endosar las culpas a niveles inferiores, en alusión a los entonces alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El PP negó que tratara de salvar a Rajoy y argumentó que no existe el cargo de vicesecretario general de asuntos electorales que se le atribuye y que, a partir de 2004, cuando lideró el partido, tenía demasiados asuntos como para preocuparse por “menudencias de campañas municipales”. Una dividida sala de la Audiencia Nacional ha atendido las peticiones de la acusación, pese al rechazo del presidente del tribunal que lleva el caso, Ángel Hurtado. En la decisión ha tenido mucho que ver José Ricardo de Prada, un juez conocido por estos lares por haber admitido la existencia de la tortura.

A Rajoy no se le imputa ningún delito. Ha sido citado como testigo por si su relato pudiera aportar datos relevantes. No obstante, en función de sus respuestas, el interrogatorio sí podría desembocar en una acusación formal, un escenario en el que ya se colocaron ayer sus socios de Ciudadanos para avisar de que pedirán su dimisión si resulta imputado. Como testigo, está obligado a responder a las preguntas de todas las partes, al contrario de lo que sucede con los imputados, que en varias ocasiones optan por responder solamente a sus propios abogados. Tendrá que decir la verdad o, de lo contrario, se expondría a una acusación por falso testimonio.

obligado a acudir El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que es obligatorio declarar, ya sea por escrito, de manera presencial o por videoconferencia. Solo pueden hacerlo por escrito los presidentes si los hechos hacen referencia a actuaciones en el ejercicio de su cargo como jefes del gobierno. No es el caso de Rajoy, que debe declarar por su papel en el partido en 2003 y 2004. Por ello, deberá prestar declaración presencial, o bien por videoconferencia desde su domicilio o despacho. El tribunal tiene la última palabra, aunque puede escuchar sus peticiones. En vista de la división que ha provocado su citación, lo más probable es que sea citado a declarar de la manera menos lesiva, por videoconferencia. Además, en estos casos es habitual que se mencionen razones de orden público para evitar el paseíllo de las autoridades hasta el tribunal.