GASTEIZ. Artolazabal ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco para informar sobre los cambios en la gestión de la RGI anunciados a finales del mes pasado, entre los que se incluye la exigencia de que los trabajadores y usuarios de Lanbide -organismo que tramita estas ayudas- se identifiquen mediante el sistema de huella digital.
Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico también se encuentra la creación de un grupo destinado a combatir el fraude en la percepción de estas ayudas, que según los datos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales no llega al uno por ciento del volumen total de estas prestaciones.
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, que había solicitado la comparecencia de Artolazabal, ha criticado la "desproporcionada" respuesta del Gobierno autonómico a los supuestos fraudes. Además, aunque ha coincidido en la necesidad de mejorar la gestión de las ayudas, ha subrayado que esto debe hacerse sin "estigmatizar" a quienes las reciben.
La consejera ha reiterado este lunes que el fraude supone "un porcentaje pequeño", aunque ha afirmado que "si realmente queremos poner en valor y defender el sistema de protección que hemos construido, no podemos permitir estos comportamientos".
"OBLIGADO" A RESPONDER
Por ese motivo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está "obligado" a responder "con todo tipo de medidas" a este problema. De esa forma, ha explicado que el gobierno trabaja en la mejora de los procesos de inspección y en medidas "preventivas".
Asimismo, ha citado la creación del mencionado grupo antifraude, que agrupará a profesionales de distintos ámbitos, como los que trabajan en la gestión de las ayudas sociales, las unidades de control interno, informática y comunicaciones, la asesoría jurídica del Gobierno o las oficinas de empleo local. "El objetivo es identificar los comportamientos fraudulentos, así como el desarrollo de medias para contrarrestarlos", ha manifestado.
Por otra parte, se ha referido a los pagos indebidos, es decir, aquellas ayudas que se conceden por un error de la propia Administración, y no por engaño de las personas que los reciben.
SEGURIDAD SOCIAL
La consejera ha explicado que estos pagos se producen en los casos en los que, al no haberse actualizado los datos sobre la situación de los perceptores, estos reciben una prestación que en realidad ya no les correspondería, como por ejemplo ocurre si han empezado a recibir un salario superior a la cuantía máxima que da derecho a obtener la RGI.
Artolazabal ha reconocido que es necesario "corregir" este problema, para lo que se ha comprometido a lograr una "coordinación efectiva" con la Tesorería General de la Seguridad Social, organismo dependiente del Ejecutivo central que gestiona las altas y bajas de los trabajadores.
El objetivo es obtener un "cruce masivo" de datos que permita conocer cuando una persona que percibe la RGI es dada de Alta en la Seguridad Social, de forma que pueda aplicarse la correspondiente modificación en su situación como perceptor de esta ayuda.
Esto, según ha explicado la consejera, requiere de un "cambio" en la información contenida en el convenio actual entre Lanbide y la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que ambas partes ya están trabajando para "implementar" dicha modificación.
