La falta de legitimidad social ha sido uno de los principales caballos de batalla del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, desde que asumió el traspaso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) hace más de seis años. Por efecto colateral, las suspicacias han acabado por salpicar al principal subsidio en Euskadi, que cobran actualmente 63.300 personas. El sistema de protección social, que siempre ha gozado de buen predicamento, parece soportar una losa de la que no acaba de desprenderse, algo que puede ocurrir definitivamente en los próximos meses si se sientan las bases de “un pacto social” que consolide la prestación como un instrumento de cohesión.

Esa es al menos la hoja de ruta marcada por el Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu, que a mediados de mayo, atendiendo al mandato parlamentario, presentará una batería de reformas de la RGI para “optimizar recursos”, garantizar la sostenibilidad y evitar que se cronifiquen las situaciones de necesidad.

Está por ver si se tratará de una gran reforma, como la que se acometió en 2011, o si el impacto será de menor intensidad. La modificación de la ley que sostiene el sistema de protección se antoja, en cualquier caso, necesaria tras un debate que por el momento no tiene visos de cerrarse. Desde que las oficinas del servicio vasco asumieron la tramitación y el pago de la RGI así como del complemento de vivienda, que hasta entonces gestionaban los ayuntamientos y las diputaciones, las críticas arreciaron prácticamente desde el primer día. La “falta de previsión” y “colapso” en las oficinas fueron una constante.

En la medida en que la saturación ha ido desapareciendo del servicio, las quejas se redirigen ahora hacia el supuesto “uso inadecuado” de las ayudas, con sectores empeñados en trasladar la imagen de que el nivel de fraude es “escandaloso”. Un mensaje que ha acabado por calar en parte de la sociedad, a pesar de que el fraude arroja porcentajes anecdóticos, por debajo del 1%.

Se trata de un complejo debate que está siendo abordado por un grupo de trabajo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que elabora el informe sobre el diagnóstico de todos los aspectos de la RGI a modificar. Con este documento que, siguiendo el plazo dado de cinco meses, se presentará a mediados de mayo en el Parlamento Vasco para su debate, se quiere aprobar una nueva Ley de Garantía de Ingresos que exigiría de al menos un apoyo al gobierno bipartito, y sellaría la paz después de tanto desencuentro político.

identificación personal A falta de esos cambios de mayor calado, el nuevo equipo de Lanbide ha comenzado a tomar posiciones, con medidas como la que se ha conocido esta semana, con la implantación de un sistema de identificación y reconocimiento mediante un lector de huellas dactilares a todos los trabajadores y usuarios del servicio vasco de empleo.

Un cambio de gestión y un aumento del control que, según se desprende de los testimonios recabados por este periódico, cuenta con tantos defensores como detractores. Hay quien entiende que “no es una medida desacertada”, teniendo en cuenta que es de las pocas prestaciones que no requiere de un historial contributivo. “Estamos hablando de un subsidio en el que cobra mucha importancia la identificación personal. Basta con un DNI, un pasaporte y un empadronamiento. Es de la pocas prestaciones dentro de la protección social que te la dan por ser quien eres. Así como no te pueden operar treinta veces de lo mismo, sí te pueden conceder treinta veces una ayuda económica si presentas treinta identidades falsas. Ese es el problema”, indican fuentes del sector.

En el otro lado de la balanza están quienes piensan que se trata de una medida “parcial y estigmatizadora”, que no viene sola. Se anuncia además la creación de un grupo antifraude y la coordinación con Ertzaintza, policías locales y Seguridad Social, líneas de actuación que llegan tras un debate político alimentado en buena medida desde las filas del PP.

Los casos de presuntos yihadistas arrestados por su vinculación con el Estado Islámico y que, según se supo posteriormente, llevaban años cobrando ayudas sociales no hicieron más que avivar aún más la llama de la discordia.

El ex alcalde de Vitoria y parlamentario Javier Maroto, llegó a calificar de “intolerable” que el Gobierno Vasco “pague a yihadistas con dinero público todos los meses sin tener consecuencias”. Maroto ya había propuesto implantar la huella digital en Lanbide. Para su formación, las medidas anunciadas esta semana por el Gobierno Vasco “llegan tarde y son insuficientes”. Insisten en la necesidad de que el Ejecutivo acometa una “reforma integral” del sistema.

reduce la exclusión Pero los datos no permiten concluir que haya motivos para tanto alarmismo. De las 135.410 revisiones de expedientes de la RGI realizadas durante el último año, los casos de fraude o uso inadecuado no llegan ni al 1%.

La trabajadora social Mabel Cenizo, responsable del Departamento de Comunicación y Voluntariado de Cáritas, defiende el sistema de protección social de Euskadi por encima de cualquier otra consideración. “Las noticias de carácter negativo no tienen que hacernos olvidar que la RGI reduce la exclusión, de ahí que sea muy importante poner el acento en el sistema”.

Entiende que la nueva herramienta de identificación, “objetivamente”, puede ser válida, “pero para toda la Administración pública. Es una medida que debería ser transversal en todos los departamentos del Gobierno Vasco porque de lo contrario, cuando la eliges de una forma parcial y en un área en la que es irrisorio el porcentaje de fraude, puede haber tras ella otro tipo de consideraciones”.

Desde el tercer sector sostienen que el debate sobre el fraude, aún siendo importante desde el punto de vista de la gestión, puede convertirse “en un elemento distractivo para no hablar de los grandes retos que tiene por delante Lanbide, como son el desarrollo de oportunidades de empleo y formación”. Otras fuentes consultadas abundan en la misma dirección, apuntando como dos de los principales problemas el de “las cuantías para ciertas unidades familiares, y las personas que se quedan fuera”.

Alrededor de 64.000 personas cobran la ayuda social en Euskadi, una prestación que supone una ayuda máxima de entre 625 y 959 euros al mes, en función del número de miembros.

El Gobierno ya ha anunciado su intención de impulsar una estrategia integral de apoyo a la familia y a la infancia, con el fin de garantizar que “todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social”.

Pero por el momento es el regusto estigmatizante que ha dejado la huella digital lo que marca la actualidad y no agrada al tercer sector. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social de Euskadi (EAPN) considera que las medidas para evitar el fraude y los cobros indebidos anunciados por el Gobierno Vasco “contribuyen a generar una imagen muy perjudicial y estigmatizada de las personas que perciben esta ayuda social”.

EAPN, una red de la que forman parte las principales organizaciones sociales de Euskadi -como Cáritas, CEAR o Médicos del Mundo- interpreta que iniciativas como la creación de un grupo antifraude dentro de Lanbide constituyen una reacción exagerada dado el pequeño nivel de fraude detectado. “Si en la RGI, que no llega al 1%, justifica estas actuaciones, ¿qué hacemos con el fraude fiscal que llega al 20%?”, se preguntan.

Otras fuentes consultadas entienden, sin embargo, el malestar y la confusión que ha podido calar en la sociedad, aunque sea por un porcentaje reducido de fraude. “Hay yihadistas que han podido ir a pedir la ayuda y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Para estas personas ha resultado relativamente sencillo. Acreditaron que no tenían ingresos y, salvo que de oficio les llamaran, no han tenido que dar más explicaciones. Hay quien ha podido conseguir tres DNIs y ha cobrado tres veces sin tener que dar ninguna razón. Puede ser algo anecdótico, pero molesta. El perfil de los perceptores no es así. La gente tiene un trabajo, se le acaba, tiene una herencia... está sometida a los mil avatares de la vida que inciden en que te corresponda o no la RGI. De ahí viene el problema de gestión, y el malestar. Quien está escondido y no se mueve sigue cobrando, mientras que los ingresos del resto están sujetos a una constante revisión”, sostienen.

fiscalizar otras áreas La responsable de voluntariado de Cáritas defiende que se adopte esa medida fiscalizadora también en otras áreas. “No es solo Lanbide la que gestiona dinero público. Lo hacen otros departamentos, y como ciudadana quiero que haya transparencia y buena gestión”.

El nuevo sistema, que identifica a las personas a través del reconocimiento de sus huellas dactilares mediante un escáner, ya se utiliza en otras administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Gasteiz y el Instituto Foral de Bienestar Social de Araba, además de otras empresas privadas.

Empezará a aplicarse el próximo mes de junio en una oficina piloto y posteriormente se ampliará a todas las sedes de Lanbide. Está previsto que antes de fin de año el control mediante huella esté implantado en las 43 oficinas, donde habrá escáneres de reconocimiento que facilitarán la realización de algunos trámites sin tener que esperar a ser atendidos por el personal.

Para el consultor social Fernando Fantova “resulta interesante” la aplicación de estas nuevas tecnologías a los servicios públicos, como se hizo con la receta electrónica en Osakidetza, “que está teniendo un buen resultado”.

Entiende que “estas nuevas herramientas que buscan un funcionamiento más ágil y eficiente del acceso a las prestaciones necesitan un tiempo de implementación para ser evaluadas”. Se muestra convencido de que, en la medida en que se consoliden en Lanbide, podrán ser aplicadas en el sistema educativo u otros, “para un mejor servicio a la ciudadanía”.

Sostiene que el modelo de bienestar y desarrollo económico del que goza Euskadi “no puede hacer que nos durmamos en los laureles, y hemos de trabajar en una dinámica de mejora continua, tanto en mecanismos de gestión como en extensión de la protección e interoperabilidad con otros sistemas (como la Seguridad Social o los servicios sociales). Debe ser compromiso de todos los agentes implicados e interesados esta innovación continua de todo nuestro sistema de bienestar”.