palma - Once años después de la apertura de la causa en 2006, el proceso judicial por el que un miembro de la familia real española se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados alcanzará hoy su momento culminante con la notificación en la Audiencia de Palma de la sentencia del caso Nóos, en el que la infanta Cristina se enfrenta a una petición de pena de ocho años de prisión por parte de la acusación popular ejercida por Manos Limpias. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin permanecen en Ginebra esperando a que se notifique la sentencia.
El pseudosindicato la considera cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido, Iñaki Urdangarin, para el que la Fiscalía pide 19 años y medio de cárcel por malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. La petición de Manos Limpias para el exduque de Palma, 26 años y seis meses, es la más elevada de un proceso con 17 acusados, incluyendo el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y el expresidente balear, Jaume Matas.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Pedro Horrach no acusa a la hija del rey emérito Juan Carlos I, y tan solo la considera responsable civil a título lucrativo de las actividades de su esposo, por lo que le reclama el pago de 587.413 euros; cantidad que, por otro lado, ya fue abonada con la venta del Palacete de Pedralbes que la pareja poseía en Barcelona. Todo ello hace prever un fallo especialmente laxo con la infanta Cristina en el que eludiría la prisión. En cualquier caso, la sentencia, que podría superar los mil folios, no será definitiva y se podrá interponer recurso contra la misma. Las acusaciones atribuyen a Urdangarin y Torres haber liderado una estructura empresarial para apoderarse de 6,2 millones de euros de administraciones de Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid mediante la organización de varios foros de turismo y deporte. Para ello habrían urdido una “maraña de facturación ficticia” a través del Instituto Nóos, supuestamente sin ánimo de lucro, para desviar fondos públicos y tributar menos a Hacienda.
Este caso se destapó el 16 de febrero de 2006 cuando el grupo socialista exigió al Govern balear aclarar el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto Nóos para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte, por considerarlo un derroche. El mismo ha supuesto además uno de los mayores motivos de descrédito de la Casa Real en los últimos años. Un auténtico via crucis en el que se enmarca la revocación, el 11 de junio 2015, del título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina -conferido por su padre en 1997-, su alejamiento de todos los actos oficiales de la familia real e incluso la abdicación de Juan Carlos I, que anunció el 2 de junio de 2014. Ese mismo año, el 7 de enero, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, imputó a la infanta. Mucho antes, el 20 de julio de 2010, abrió una pieza relativa a Nóos dentro del caso por presunta corrupción conocido como Palma Arena, lo que supuso el inicio judicial del proceso que culmina hoy.
El juicio arrancó el 11 de enero de 2016 en medio de una enorme expectación y se prolongó hasta el 22 de junio, cuando quedó visto para sentencia tras 5 años, 11 meses y 2 días de proceso judicial. En su transcurso, la infanta negó cualquier intervención en el Instituto Nóos y subrayó su confianza en la inocencia de su marido. Ya en la última sesión, su abogado calificó de “temeraria y maliciosa” la acusación de Manos Limpias contra su defendida y pidió que su absolución impida que “una organización presuntamente irregular consiga alcanzar sus indecentes propósitos”. Se refería así al descrédito en el que cayó el autodenominado sindicato después de que su secretario general, Miguel Bernad, fuera detenido el pasado abril y sus cuentas bloqueadas por un presunto delito de apropiación indebida de 108.000 euros. Ello puso en duda la continuidad de la labor de su abogada, Virginia López Negrete, en Nóos como acusación popular, que finalmente siguió adelante.
Las tres juezas del tribunal, la ponente Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, no han llegado a agotar el plazo que concedió el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a la primera de ellas, exonerada hasta el próximo 31 de marzo del reparto de otros asuntos para que se dedicara en exclusiva a redactar la sentencia. Las partes han sido citadas a las 12.00 de la mañana en la sede de la Audiencia Provincial de Palma.
Contratación ilegal Las condenas que piden las seis acusaciones varían de los 107 años que suman las de la Fiscalía a los 192 años que reclama Manos Limpias. Entre los principales acusados se encuentra Diego Torres, presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo, para quien la Fiscalía pide 16 años y medio de condena, petición que Manos Limpias eleva hasta los 22 años y seis meses. Por su parte, Jaume Matas está acusado de malversación y fraude, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. El que también fuera ministro de Medio Ambiente afronta peticiones de condena de 5 años por parte de la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, y de 11 años de la acusación popular.
Con fama de metódico e infatigable, en julio de 2010 abrió una pieza relativa al Instituto Nóos, dentro del ‘caso Palma Arena’, lo que ha desembocado en la sentencia de hoy. Culminó la fase de instrucción superando no pocas trabas.
Su labor en este proceso ha sido cuestionada por ser muy benigno con la infanta y extremadamente duro con su examigo, el juez Castro. En cuanto se cierre este caso abandonará la Fiscalía y ejercerá como abogado en Palma.
Durante el juicio, no dudó en apuntar a la Casa Real como conocedora de sus actividades en Nóos junto al exduque de Palma. Fracasó en su principal objetivo, mantener a su esposa Ana María Tejeiro alejada del proceso.
Declaró en el juicio en calidad de testigo, ya que fue tesorero de Nóos “para que no se pusiera doña Cristina”. No informó a la Casa Real de la creación de esta entidad por considerar que se trataba de una “actividad privada”.
