GASTEIZ- Si Mariano Rajoy aspira a recomponer sus relaciones con el lehendakari, hay una condición que tendrá que cumplir sin regatear. No es la única, pero sí es “irrenunciable” para el Gobierno Vasco y no asumirla supondría dinamitar cualquier opción de entendimiento. Sin cumplirla, el presidente español tampoco podría aspirar a que los jeltzales le faciliten la aprobación de los Presupuestos estatales. El gesto político indispensable que las fuentes del Gobierno Vasco consultadas por DNA exigen a Rajoy es la retirada de los recursos contra las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza, especialmente el que afecta a la número 26, sobre la que se cierne con mayor intensidad la amenaza judicial.
Madrid insiste en poner límites al número de plazas que se pueden ofertar por un mero criterio de ahorro, con el argumento de que las tasas de reposición para los empleados públicos vienen fijadas en los Presupuestos estatales. El Gobierno Vasco contrapone a ese criterio económico la singularidad de la Ertzaintza, la necesidad de establecer una relación bilateral, y el acuerdo político alcanzando en el pasado en la Junta de Seguridad que reúne a ambos gobiernos, que estableció que el número de agentes vascos debe ser como mínimo de 8.000 para asegurar la renovación de la plantilla y la seguridad ciudadana. Además, recuerdan que, durante el mandato del propio PP, llegaron a un acuerdo en el Senado para que no tuvieran que someterse al corsé de las tasas de reposición las autonomías que cumplieran los objetivos de déficit. Ha quedado en papel mojado.
Hay dos OPE en litigio. La número 25 fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero está recurrida en el Tribunal Supremo y, aunque se da por hecho que la sentencia será desfavorable, es posible que no sea de aplicación porque los agentes ya están patrullando en las calles en régimen de prácticas, y está previsto que en octubre adquieran plenamente la condición de funcionarios. Por lo tanto, esos agentes (unos 250) no tendrían nada que temer si la sentencia llegara después de octubre. En una situación muy diferente se encuentra la número 26. Está en una fase muy preliminar y los aspirantes no han realizado ni las pruebas escritas. Por lo tanto, si la sentencia es desfavorable, no habrá salvación posible y será cancelada por completo. El tribunal vasco no emitirá una sentencia mientras el Supremo no resuelva sobre la 25, y se espera que se ajuste a lo que diga la alta instancia porque será la que siente jurisprudencia. La oferta de empleo pretende cubrir 250 plazas.
El Gobierno Vasco pide un “gesto político” que ponga a salvo las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza, y ve resquicios para acordar. En las últimas horas se ha producido un acuerdo que afecta también a la jurisdicción contencioso-administrativa: se ha retirado el recurso contra el decreto de contratación pública tras un acuerdo entre el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, y el delegado del Gobierno español en suelo vasco, Javier de Andrés. En el entorno del consejero esperan que tenga continuidad en este caso. De lo contrario, ambas partes parecen abocadas a una larga conflictividad por las ofertas públicas de empleo, puesto que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha anunciado tres nuevas convocatorias con mil plazas. Cabe recordar que el Gobierno español está negociando con las comunidades de régimen común una relajación de las tasas de reposición, y Lakua espera que Madrid se preste a hacer lo propio con Euskadi.
Los equipos técnicos de ambos gobiernos llevan semanas negociando la renovación del Cupo, el impulso al tren de alta velocidad, y la retirada de recursos judiciales contra las leyes vascas. La negociación de los recursos, a su vez, se dirime en dos ámbitos. Por un lado, hay leyes recurridas en el Tribunal Constitucional, donde las decisiones del equipo de abogados del Estado dependen en ultimísima instancia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En ese caso, se ha producido recientemente un acuerdo sobre la Ley Municipal con el impulso político de la propia vicepresidenta y del consejero Erkoreka. No hubo acuerdo, por el contrario, sobre la Ley de Adicciones, donde Madrid no quiere abrir la puerta a la regulación de los clubes de cannabis. Por otro lado, otras decisiones, como las OPE, siguen el circuito de lo contencioso-administrativo, recalan en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y quedan en manos del delegado Javier de Andrés.
En cuanto a las leyes recurridas en el Constitucional, la comisión bilateral está negociando ahora la ley de Iniciativa Legislativa Popular, cuyo plazo para llegar a un acuerdo acaba en abril y donde Madrid no comparte que los extranjeros puedan intervenir en la elaboración de leyes; y la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, cuyo plazo expira el 10 de mayo. Lakua también se compromete a defender leyes aprobadas por la oposición como la de Vivienda, con Madrid cuestionando puntos como la expropiación temporal a los bancos; y la de fracking, que no prohibe textualmente esa técnica de extracción de gas, pero establece tantos requisitos que la hace impracticable. Quedan otros casos en lo contencioso, vitales para Lakua, que afectan al currículo de educación básica o las becas.
OPE de la Ertzaintza número 25 y 26. Madrid quiere que se ajusten a las tasas de reposición de los Presupuestos estatales.
Educación. Madrid ha cuestionado las becas de 2014 en educación universitaria y no universitaria, las no universitarias de 2015, y el currículum de educación básica.
Iniciativa legislativa popular. El Estado se opone a que los extranjeros puedan participar en la elaboración de leyes. Esta norma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, incluyendo al PP. La ley baja las firmas necesarias para registrar una iniciativa en la Cámara de 30.000 a 10.000.
Reparación de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. El Gobierno español rechaza que la comisión de valoración pueda exigir datos a otras administraciones.
Vivienda y ‘fracking’. Son leyes de la oposición, pero Lakua las defenderá de las intromisiones.
