Barcelona - Para el soberanismo catalán, estas son unas navidades para olvidar. Las investigaciones abiertas contra políticos independentistas están llegando a tal punto que ya se habla de asfixia y situación límite. Entre los defensores de la independencia hay quienes creen que es insostenible y que no queda otra que acelerar el referéndum secesionista previsto para septiembre de 2017 y celebrarlo antes del verano, con la intención de romper cuanto antes con un Estado que los juzga por decisiones adoptadas por mayoría parlamentaria. La mayor presión en ese sentido la está ejerciendo la CUP, un socio imprescindible para el Govern de Junts pel Sí, que carece de mayoría absoluta. Dentro de la coalición, ERC también ha lanzado algún mensaje en ese sentido. La puntilla llegó ayer con el anuncio del procesamiento al exconseller Francesc Homs por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ese anuncio llega pocos días después de que se fijara la fecha del juicio al expresident Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que tendrán que declarar del 6 al 10 de febrero por el mismo motivo que Homs. También hace unos días, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acudía a declarar ante el juez por permitir la votación de las conclusiones de la comisión del proceso. En las últimas horas, el concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, ha sido detenido bajo la acusación de incitar a la sedición por asegurar que, para hacer tortilla, hay que romper unos huevos.

Desde que arrancara el proceso soberanista, con el colchón de la mayoría independentista del Parlament, se han impulsado votaciones que han dejado en la cuerda floja a cargos del Govern y del legislativo. Las condenas que se están pidiendo no supondrían penas de prisión, salvo en el caso de Coma, pero sí conllevarían una prolongada inhabilitación para ejercer cargos públicos. En paralelo, a nivel municipal, unos 260 ayuntamientos tienen causas abiertas por no izar la bandera española, pagar cuotas a la Asociación de Municipios Independentistas o apoyar la consulta. Ha sido célebre en los últimos tiempos el caso del ayuntamiento de Badalona, que se negó a guardar fiesta el 12 de octubre, lo que condujo a la imputación de seis concejales.

El caso más paradigmático del procés se retrotrae a la consulta del 9 de noviembre de 2014, celebrada durante la presidencia de Artur Mas. El Tribunal Constitucional la anuló, pero la consulta siguió adelante con el argumento de que su prohibición era genérica y ambigua, y que de todos modos el plebiscito tenía un impulso popular y ciudadano y no era el Govern quien estaba detrás. Por esa causa serán juzgados el expresident Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Por esa consulta, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, el fiscal pide para Mas diez años de inhabilitación especial, y nueve para Ortega y Rigau. Homs también está siendo investigado por ese caso, pero su causa la lleva el Supremo porque ahora es diputado en el Congreso. La investigación está en una fase más previa en su caso, pero todos asumen que su futuro es el más oscuro porque la justicia tiene en su poder una carta que habría mandado a una empresa para gestionar unas tareas informáticas sobre la consulta.

Lo que hizo ayer el juez instructor es dar el último paso previo a la apertura del juicio oral. Lo único que resta por hacer es que la fiscalía pida en diez días que haya juicio, algo que ocurrirá sin margen para la sorpresa. En el auto hecho público ayer, el juez Andrés Palomo asegura que Homs “potenció” la consulta aunque era consciente de la prohibición. Por ello, cree que incurrió en un desacato “obstinado y pertinaz”. Podría ser juzgado por prevaricación y desobediencia, penas que no conllevan un ingreso en prisión, pero sí inhabilitación. Homs parece haber asumido que lo tiene todo en contra porque era el máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, la coordinación entre departamentos, la publicidad institucional y la comunicación. El juez se basa en la respuesta que Homs dio a una carta de la empresa T-Systems, a la que se habían encargado tareas de tratamiento informático y a la que Homs habría dado luz verde para que continuara sus labores al entender que la decisión del Tribunal Constitucional no le afectaba. Ayer Homs afirmó que no presentará “recursos estériles” y que se guarda “toda la artillería para el juicio”, según informa Efe.

Forcadell, por su parte, declaró el día 16 en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por no haber impedido que los parlamentarios votaran unas conclusiones que apuestan por la vía unilateral. La votación se produjo el 27 de julio, cuando el Parlament dio el visto bueno a la hoja de ruta del proceso que contemplaba crear las estructuras de Estado y utilizar un “mecanismo unilateral” (un referéndum o unas elecciones plebiscitarias) para elegir a una asamblea constituyente que redactara la Constitución catalana.

los huevos y la tortilla En cuanto al caso de Coma, explicó ayer el contenido del interrogatorio al que fue sometido martes en la Audiencia Nacional por un presunto delito de incitación a la sedición. Según dijo en RAC1, el fiscal “quería que argumentase a favor de la violencia”. “Yo iba bastante preparado y no sabía ni cómo reaccionar. No puede ser que me esté preguntando cómo se hace una tortilla, si para romper el huevo hay que hacer fuerza, qué tipo de fuerza... Él quería que yo argumentase a favor de la violencia. Seguramente tiene prejuicios contra el movimiento independentista y no sabe que soy convencidamente antimilitarista y antiviolencia”, recalcó.

La judicialización está movilizando al soberanismo. En noviembre tuvo lugar una manifestación multitudinaria a favor de los encausados, y el president Puigdemont, sin entrar en la necesidad o no de acelerar la consulta, sí avisó de que el diálogo con Madrid no será posible en estas condiciones. Ayer agradeció a Homs haber “acercado la independencia”.