Donostia - El Foro Social Permanente cuestionó ayer la actitud de los gobiernos español y francés ante la voluntad de ETA de proceder a su desarme y reclamó, tras la operación policial del viernes por la noche en Luhuso, “garantías de seguridad para los intervinientes” en la inutilización del arsenal de la organización y, por otra parte, que en este proceso participen “responsables institucionales, partidos políticos, agentes de la sociedad civil y comunidad internacional”.

En la víspera del “encuentro de artesanos por la paz” que diversos agentes políticos, sindicales y sociales de Iparralde llevarán a cabo hoy en Baiona, el Foro Social -impulsado por Lokarri y Bake Bidean- incidió en las conclusiones del tercer encuentro que celebró en enero en Gernika-Lumo y que, en gran medida, se centró en el desarme de ETA.

Con base en la Declaración de Baiona (24/10/2014) en la que la gran mayoría de partidos de Iparralde reclamó un acuerdo entre el Gobierno francés y la organización armada para desmantelar las estructuras de ETA en suelo galo; más la oferta que ese mismo año hizo el Gobierno Vasco para propiciar un desarme rápido, viable y efectivo (propuesta que repitió este sábado); más la Conferencia de París que instó a los ejecutivos español y francés en junio de 2015 que se implicaran en el final de ETA, el Foro Social instó hace once meses tanto al Gobierno de François Hollande como al de Mariano Rajoy a “facilitar la labor de destrucción de armas, municiones y explosivos o, al menos, a no obstaculizarla”.

Todas las condiciones en las que se tenía que dar este proceso, que cedía un papel protagonista a los parlamentos navarro y vasco, a sus respectivos ejecutivos y a la Comisión Internacional de Verificación que lidera Ram Manikkalingam y que, como los facilitadores impulsados por Brian Currin, ha perdido presencia pública en los últimos meses, se resumían en una: “Seguridad”.

Tanto para la sociedad como para ETA y para quienes participaran en el propio proceso. La misma necesidad de seguridad en la que el Foro Social insistió ayer, porque de lo contrario, la consecuencia sería a la que se enfrentan ahora Mixel Berhocoirigoin, Jean-Noël Etcheverry (Txetx), Béatrice Molle-Haran, Michel Bergougnan y Stéphane Etchegaray.

Son rostros conocidos de la sociedad civil de Iparralde cuyos representantes se concentraron ayer en Donibane Garazi para protestar por los arrestos y comprometerse a seguir el camino de las cinco personas detenidas cuando iban a destruir alrededor del 15% del arsenal de ETA, en el que ayer Naiz incluyó ocho fusiles de asalto y seis subfusiles junto a numerosas armas cortas y 61 kilos de aluminio, 1.400 detonadores y 2.540 metros de cordón detonante.

Esta voluntad de parte de la sociedad de ambos lados del Bidasoa, en algunos casos hasta la implicación directa en el proceso de destrucción de armas como el del viernes por la noche, se topa, sin embargo, con la realidad policial.

ETA, según explicó el Foro Social con base en las cartas entre varios de los detenidos y la propia organización armada que publicó el sábado Mediabask, ha transferido a la sociedad civil la “responsabilidad técnica y política” del desarme. El Foro Social subrayó ayer que ETA ha concluido el inventariado de todo su arsenal e “inicia la fase del desarme” con el objetivo de declarar “lo antes posible que ya no es una organización armada”; que pretende pedir a los verificadores “una ampliación de su mandato actual” y que está dispuesta “sin descartar la participación de los estados, a poner en manos de la sociedad civil las armas”, para que sea esta quien las destruya. Esta voluntad se encuentra de frente con dispositivos de la Policía francesa y la Guardia Civil. El Ministerio del Interior español justificó el del viernes porque “ha desbaratado la acción propagandística de entrega de armas que tenía pensado llevar a cabo”.

La vista, en París “Una operación policial con fuerte contestación”, tituló ayer Le Figaro, que como Le Monde subrayó “el embrollo en el que se ha convertido una operación franco-española que se había presentado como un golpe contra ETA”.

Un dispositivo ante el que tanto las fuerzas abertzales como los socialistas, la derecha de Los Republicanos y el centro de MoDem se han opuesto y que, en lo policial, deja a los cinco arrestados a la espera de su traslado a París.

Por ahora, permanecen en la comisaría de Baiona, donde cumplen el máximo de 96 horas que pueden estar arrestados antes de ser trasladados, en principio hoy, hasta la capital gala. Según anunció Sud Ouest, ayer por la mañana fueron interrogados por los investigadores y sobre ellos pesa la acusación de asociación de malhechores con fines terroristas y posibles delitos vinculados a la tenencia de armas.