de la toga al escaño, pese a la separación de poderes existente en el Estado, tan solo hay un paso. Con innegables vasos comunicantes, muchos jueces han optado por recorrer el corto camino que separa la justicia de la política. Ejemplos hay -y numerosos- en los principales partidos, aunque la última en fichar por una siglas ha sido la magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles. Se suma como independiente al proyecto del PSOE, si bien sonaba como pretendida por una Podemos que aún siendo una formación emergente tampoco le ha hecho ascos a unas incorporaciones vía juzgados que históricamente han sido utilizadas por lo que ellos denominan la vieja política. La nómina de fichajes es amplia en las últimas legislaturas, si bien la tendencia ha mutado durante estos últimos años: de las incorporaciones a las administraciones públicas, con el Ministerio de Justicia como pista de aterrizaje predilecto, se ha pasado a contar con hasta seis jueces en las bancadas del Congreso y el Senado durante la pasada legislatura. Sin incompatibilidad alguna por engrosar las candidaturas electorales de un partido, los problemas suelen sucederse cuando los magistrados vuelven a la carrera judicial y corren el riesgo de ser recusados por motivaciones políticas, aunque no es una práctica habitual.
Ejemplos de los puentes entre justicia y política hay muchos. De la docena de ministros de Justicia que han existido en democracia tres eran magistrados y otros dos eran fiscales. Existen casos que han realizado el camino de ida y vuelta, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra. Pero los jueces, que deben dejar su puesto para militar en un partido o ser miembro de un parlamento, han sido más proclives históricamente a saltar a diferentes puestos de la administración.
Sonadas fueron las incursiones del llamado superjuez Baltasar Garzón en los noventa como delegado del gobierno del Plan Nacional de Drogodependencias en el Ejecutivo de Felipe González -un camino que recorrió junto a sus compañeros Juan Alberto Belloch y Ventura Pérez Mariño-, aunque apenas se mantuviera un año en el cargo. Más llamativa fue la fundación del movimiento RED -Renovación Democrática Ciudadana- que alumbró el polémico Elpidio Silva pocos meses después de instruir el caso Blesa en 2014 y ser inhabilitado por su proceder. Pero los ejemplos de los fichajes provenientes de los juzgados no dejan de sucederse y, en los últimos años, se dan en dirección a los partidos políticos. Buena muestra de ello es la última -y efímera- legislatura, que contó con hasta seis magistrados en la Cámara Baja y el Senado. PP, PSOE y Podemos comparten dos togados cada uno: Juan Ignacio Zoido y Manuel Altava por parte popular, Juan Carlos Campo y Dolores Galovart por parte socialista y María Victoria Rosell y Juan Pedro Yllanes por el bando podemita.
Esa tendencia podría mantenerse en la legislatura siguiente, ya que la captación de magistrados por parte de las formaciones siguen su curso a las puertas de la nueva campaña. PP, PSOE y Podemos, de hecho, incorporan varios magistrados. Y una que tiene muchísimas papeletas de hacerlo es Margarita Robles, que irá de número dos por Madrid. Con pasado en el trayecto de ida y vuelta entre política y justicia, fichó por las filas socialistas en “un momento muy complicado”, entre 1993 a 1996. Con una exitosa trayectoria judicial de más de tres décadas en las que ha roto algunas barreras colocadas a las mujeres, Robles tiene bien claro que su objetivo es aportar su granito de arena “para intentar en la medida de lo posible hacer políticas más justas e igualitarias” a la sociedad.
Esa incorporación le ha traído una contrapartida nada agradable. “Una decisión personal del presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes”, según explica a DNA, la ha empujado a recurrir la decisión del Consejo General del Poder Judicial de retirarle la condición de magistrada del Alto Tribunal por pedir la excedencia voluntaria para ir en las listas. Robles prefiere pasar de esa situación para centrarse en lo que de verdad le importa: “tratar de aportar” a la sociedad española echando mano de la amplia experiencia que atesora en “uno de los pilares fundamentales del Estado” como la justicia. Y es que “cuando los jueces van a la política se dedican a ser servidores públicos”, afirma categórica.
ida y vuelta Similar opinión comparte Jueces para la Democracia (JpD), la asociación profesional que reúne a la mayoría de jueces progresistas. Y, de entrada, no ven con malos ojos que los magistrados puedan entrar en política. “Son profesionales a los que se debe suponer un elevado grado de formación en el conocimiento, interpretación y aplicación de las normas”, defienden desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD), por lo que su perfil ”puede ser muy positivo para participar en el poder legislativo o en el ejecutivo, pues gran parte de sus actividades están dirigidas a la creación o la ejecución de normas. De hecho, la sociedad se queja a menudo de que sus políticos no tienen una capacidad muy elevada. Sin duda, los magistrados reúnen un perfil idóneo para realizar en esos ámbitos aportaciones positivas”, agregan.
La situación de la justicia es algo que preocupa profundamente a Robles y JpD, tanto que la magistrada defendió hace poco en la necesidad de regularizar la vuelta de un magistrado a la actividad tras hacer permanecido en política. El trayecto de ida es sencillo: solicitar una excedencia voluntaria solventa la situación. El de vuelta, sin embargo, puede tener complicaciones en forma de abstenciones o recusaciones. O, dicho de otro modo, que una parte del proceso reclame apartar a un magistrado por considerar que pueda parcializar o que ha prejuzgado un caso concreto. “La ley tiene mecanismos para proteger la apariencia de imparcialidad, pero vuelvo a decir: si ese debate está en la sociedad y se considera prioritario, hagámoslo”, alega. “A pesar de que se trata de casos minoritarios” en un colectivo que arrastra históricas deficiencias como las inasumibles cargas de trabajo, los modelos de organización desfasados o la politización rampante en sus principales órganos, desde JpD son conscientes de que algunos casos que han estallado en los últimos tiempos “pueden generar desconfianza” en la sociedad “sobre la apariencia de imparcialidad de los jueces que han desempeñado actividades políticas y han de resolver asuntos que afectan a los partidos con los que han estado vinculados”. Por ello “lo más correcto sería fijar legalmente unas causas tasadas de recusación y abstención, que ahora no existen para estos supuestos”. Una incompatibilidad absoluta “que prohibiera la vuelta a la judicatura” por la que ciertos sectores políticos suspiran “sería desproporcionada”, ya que “la inmensa mayoría de los asuntos que asume un juez no tienen ninguna relación con la política. Bastaría con medidas específicas para esos casos concretos”.
Casos polémicos A esa situación ha apelado más de uno de los magistrados que ha pasado de una a otra actividad, pero dar ese paso les ha supuesto, precisamente, estar bajo la lupa judicial que ellos administraban antes. María Victoria Rosell, que en escasas semanas pasó del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas a erigirse en la hipotética ministra de Justicia bajo el manto de Podemos, lo ha padecido de primera mano. Exdiputada tras dejar su cargo por una querella del exministro Soria -ejerció en Canarias, donde tuvo algún que otro encontronazo con el hasta hace bien poco hombre del PP en el archipiélago- por delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho, el Tribunal Supremo envió al Tribunal Superior de Justicia canario la causa abierta a la jueza. Renunció a integrarse en la Diputación Permanente del Congreso para perder su aforamiento como diputada. Para rizar el rizo, su sucesor judicial -Salvador Alba- se ha visto inmerso en la polémica a raíz de que el Poder Judicial le investigara por tratar de desprestigiar su actuación. Rosell finalmente optó por tirar la toalla “fruto de la cacería política de la que ha sido víctima desde el mismo momento en que anunció su incorporación” al partido morado, señalaron desde su formación.
El juez José de la Mata es otro ejemplo. Con pasado en el PSOE -fue director general de Modernización de la Administración de Justicia entre 2009 y 2011 en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, en sus manos está el devenir de una de las mayores investigaciones judiciales por corrupción en el Estado: la pieza final de la trama Gürtell. Y, por si ello fuera poco, instruye otra causa de campanillas que salpica de lleno al PP, el caso Bárcenas, desde su puesto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Esa situación ha soliviantado los ánimos del bando popular, que sopesa la posibilidad de recusar al instructor por su imparcialidad.
El partido con sede en Génova efectuaría una maniobra parecida a la realizada antes por el PSOE, devolviéndole el golpe dado hace algunos meses cuando recusaron a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del tribunal encargado de la primera pieza del caso Gürtel. Los socialistas alegaron que ambos debían de inhibirse por haber ostentado sendas vocalías del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Al hilo de este asunto, JpD considera que las recusaciones por causas políticas no están reguladas en la ley. “Y este vacío legal es el que está causando problemas. Una vez esté regulado es lógico que se cuestione la imparcialidad de un juez que presente una apariencia objetiva de que resulta próximo a una de las partes del proceso. Peor sería que no se pueda plantear una recusación y que la sociedad pueda pensar que la justicia actúa de manera partidista”, advierten.
No es de extrañar, por lo tanto, que reclamen diferenciar la justicia de base de la ejercida en las altas esferas. Y, más concretamente, la del más alto organismo de la judicatura española. Siendo un “órgano político”, el problema radica en que “los grandes defectos que tiene el Consejo General del Poder Judicial se proyectan a toda la judicatura”. Así, “es imprescindible que la gente entienda que una cosa es el juez en el ejercicio de su trabajo, y otra es el órgano”. Y esa apariencia de politización “será algo que haya que abordar, pero que haya que abordarlo desde una perspectiva del pacto de Estado y el mayor consenso parlamentario posible”, ahonda Robles.
Pero lejos del ruido mediático generado en algunos casos, algunos jueces seguirán siendo partícipes de la actividad en el Congreso y en el Senado la legislatura venidera. Zoido y Altava por el PP, y Galovart y Campo por el PSOE -donde se incorporaría la propia Robles- repiten en sus candidaturas del 26-J, todos instalados en cómodos puestos de salida. Podemos también dispone de Yllanes. Pero lejos de los hemiciclos también hay casos sonados. Y con positivos resultados, al menos si se atiene al ejemplo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Luchadora antifranquista desde la abogacía, miembro del PCE y jurista de prestigio con talante social, su jubilación tras más de tres décadas la colocó en la atalaya perfecta para ser estandarte de Ahora Madrid. Muchos vieron una maniobra parecida en la invitación del partido morado en Euskadi a Garbiñe Biurrun para ser su candidatura a lehendakari. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la propuesta, al igual que el ex Ararteko Iñigo Lamarca. Son excepciones a la regla que, sin perjuicio de la separación de poderes, emparenta al mundo de la política con el de la justicia.
