Deuda, déficit y recaudación hunden la oferta electoral del PP de rebajar más los impuestos

Es el mismo Ejecutivo que acometió una reforma fiscal el pasado año y que hasta marzo ya había costado a la Hacienda española 1.650 millones de euros. Son datos recogidos por el propio Ministerio de Cristóbal Montoro como impacto de los cambios normativos en la tributación directa. O, en román paladino, la rebaja del IRPF y el Impuesto de Sociedades de la que el PP hizo bandera electoral y con la que vuelve a coquetear de cara al 26-J.

Los datos recaudatorios del mes de abril en la Comunidad Autónoma Vasca han puesto a las instituciones en actitud de tomar precauciones. Los llamamientos del lehendakari Urkullu a la prudencia y la priorización del gasto han animado a los partidarios de incrementar la presión fiscal a ofrecer esa vía como solución a las estrecheces del momento. El más vehemente, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz. Es una opción factible, aunque vengamos de una reforma fiscal que ya ha elevado el peso de los impuestos directos por encima del entorno estatal y mantiene figuras impositivas que, como la del Patrimonio, no se aplican en nuestro entorno.

Precisamente son esas medidas las que están ayudando a mantener una suficiente cobertura de los servicios públicos, muy superior en Euskadi que en su entorno más cercano, pese a que tampoco faltan voces que, desde las organizaciones empresariales -el vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o representantes de las patronales vascas-, reclaman una rebaja de la presión fiscal como mecanismo para reactivar las economías española y vasca.

Es una opción igualmente factible, aunque no es precisamente la fiscalidad que encarece los costes de las empresas vascas y merma su competitividad -carburantes, electricidad- la que está en disposición de ser revisada por las instituciones de Euskadi. Es cierto que el tipo general de Sociedades es superior al del Estado, pero también que el de las pymes -un 90% del tejido vasco- no lo es.

Abril ha invertido la tendencia que se acumulaba en el primer trimestre en los territorios forales y, frente a un incremento de la recaudación del 3,2% en ese primer cuarto del año respecto al mismo período del año anterior, el cuarto mes cerró con unos ingresos un 0,3% inferiores en el cómputo interanual. Hasta ahí, los datos conocidos y objeto de debate porque a nadie se le escapa que la perspectiva presupuestaria de las instituciones vascas está comprometida.

Hay un diferencial de ingresos significativo porque la expectativa de aumentarlos este año en un 5% fue la base de la elaboración de los programas de gasto. Habida cuenta de que el cierre efectivo de 2015 acreditó una recaudación menor de la esperada en la práctica, las Haciendas Forales deberían recaudar este año cerca de un 7% más que el pasado para cubrir las previsiones presupuestarias. Con un desfase del 0,3% hasta abril, se antoja complicado.

El problema se acentúa en las previsiones de Montoro: aspiraba a que la recaudación española creciera un 6,2% en 2016 pero la realidad le puso ante una caída del 1,7 hasta marzo, según sus propios datos y, con el diferencial de recaudación real sobre 2015, el aumento de ingresos fiscales este año para cumplir los presupuestos diseñados de cara a las elecciones de diciembre pasado debería superar el 9%.

El ajuste pendiente Sin embargo, Euskadi parte con una ventaja en ese escenario: su contención del déficit. La vasca ha sido una de las únicas tres comunidades que han cumplido el objetivo de déficit del año 2015, el mismo objetivo que España ha desbordado en casi un punto -el 5,16% real frente al 4,2 pactado con Bruselas-. En consecuencia, las Cuentas vascas no requieren del ajuste de partida que sí deberá realizar el Gobierno que salga de las urnas españolas en junio, si los partidos son capaces esta vez.

El propio Montoro lo cifró en 10.000 millones de euros, que deberán recortarse del presupuesto de este año pero que la Comisión Europea considera insuficientes y apunta al menos al doble. Sin contar con que pesa sobre el Estado la amenaza de una sanción económica por el incumplimiento de 2015, cuya aplicación y dimensión se mantienen en un cajón para no incidir sobre el voto del 26-J. Pero la pasada semana desde Alemania llegaban voces que se impacientaban y exigían tomar decisiones antes.

Tampoco pesa sobre las cuentas públicas vascas el lastre de una deuda pública que está a punto de desbordar el 100% del PIB español. Las administraciones vascas afrontan deudas significativas y el coste de su amortización suma varios centenares de millones de euros en el presente ejercicio. Pero, en conjunto, no pasan del 14,4% del PIB vasco. Se entiende fácilmente la diferente situación fiscal de las administraciones vasca y española atendiendo a la deuda per cápita: la vasca alcanza los 4.333 euros por habitante; la española, 23.058 euros.

Con ese escenario presupuestario, la reclamación que reiteradamente realizan las organizaciones asistenciales -esta misma semana lo hacía Cáritas- de aplicar en el Estado una renta mínima de inserción similar a la RGI vasca está condenada en el medio plazo. Precisamente los servicios sociales fueron identificados por Urkullu días atrás como la prioridad de gasto que se mantendrá por delante de cualquier otra a la hora de orientar el presupuesto. Ese escenario es impensable para el próximo gobierno español, obligado como estará a reducir aún más sus políticas de gasto. Y, sin embargo, no hacen dos semanas desde la última vez que Mariano Rajoy sostenía que su estrategia fiscal está orientada a reducir de nuevo los impuestos si resulta reelegido, siempre que la recaudación “continúe incrementándose”. Una premisa interesante en estos momentos porque, en el inicio de año, no se cumple.

Los últimos datos publicados por la Hacienda española, correspondientes al primer trimestre, reconocen la pérdida de ingresos de 1.650 millones citada más arriba en los capítulos de IRPF y Sociedades por las rebajas fiscales aplicadas el pasado año. Sí ha habido, por el contrario, un aumento significativo de los ingresos derivados de las subidas del IVA y los impuestos especiales. Pero, con todo, la recaudación real en el arranque del año es 700 millones de euros menor a la de un año antes. Esto descarta, de facto, la nueva rebaja fiscal con la que Rajoy pretende seducir a los votantes.

De hecho, el comportamiento fiscal del primer trimestre se corresponde con el período presuntamente más dinámico de la economía que se espera en el año. Las previsiones de todos los servicios de estudios hablan de una ralentización que obligó al Gobierno español a admitir que el PIB español quedará este año por debajo del 2,7%. Meses atrás elaboró los presupuestos con la presunción del 3% y, con la precampaña lanzada, Luis de Guindos volvía esta semana a abrazarse a esa expectativa.