GASTEIZ. El manifiesto, que ha sido presentado por representantes del colectivo a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, ha sido respaldado, entre otros, por la exparlamentaria jeltzale María Eugenia Arrizabalaga, el juntero del PNV Xabier Ezeizabarrena, el exviceconsejero de Interior Ignacio Ormaetxe, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga o el exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia Nazario Oleaga.
Otros firmantes son el parlamentario de EH Bildu en Navarra Adolfo Araiz, el miembro del Tribunal Administrativo del Deporte Koldo Irurzun, el profesor de Derecho en la Universidad de Pau Eneritz Zabaleta y abogados de Bizkaia como Joxean Lozano o Iñigo Santxo.
La declaración tiene su origen en unas jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Bizkaia sobre el derecho a decidir, que conllevó la creación de "un grupo de juristas" con la intención de "debatir" sobre el asunto.
Según declara el propio texto, presentado en la Cámara vasca, el grupo se caracteriza "por su pluralidad y pluralismo" y pretende "socializar" esta cuestión entre los juristas vascos, así como "enriquecer el debate con otras aportaciones desde perspectivas plurales".
La declaración, entregada este martes a Tejería, afirma que, "a lo largo de su historia", la comunidad política "a la que pertenecemos" ha manifestado su "voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y reforzar la cultura propia y la identidad colectiva". "Nuestro autogobierno se fundamenta también en los derechos históricos a los que nunca se ha renunciado", ha señalado.
También precisa que los territorios "en los que se asienta nuestra comunidad política" configuran "un espacio lingüístico, cultural, social y económico común, con vocación de reforzarse y actualizarse desde el reconocimiento mutuo".
"Como consecuencia de factores históricos, políticos y legales las formulaciones jurídico-administrativas en las que se ha integrado y se integra la ciudadanía de Lapurdi, Zuberoa, Bizkaia, Nafarroa Garaia, Behenafarroa, Gipuzkoa y Araba son diversas y también lo son las propuestas políticas de futuro sobre las relaciones con los Estados español y francés", señala.
A juicio de los firmantes, el "debate público" entre la "pluralidad de propuesta" debe estar presidido "por el principio de participación ciudadana, decisión democrática y garantía de respeto a las decisiones mayoritarias", por lo que el derecho a decidir "se convierte en la herramienta fundamental de la ciudadanía para decidir su futuro".
Los 114 juristas aseguran que "el reconocimiento del derecho a decidir" se plasmó en la Propuesta de Estatuto Político de Euskadi, aprobado por el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004, "rechazada" por el pleno del Congreso de los Diputados, así como en "otras iniciativas políticas y sociales", como las declaraciones del Parlamento vasco de 15 de febrero de 1990 y de 29 de mayo de 2014, "la propuesta Batera en Iparralde, o el punto cuatro del Acuerdo de Aiete".
Para los firmantes, el modelo de autogobierno actual "está sufriendo embates políticos y competenciales de gran intensidad por parte del Gobierno central" tanto en ámbitos económicos, sociales, como culturales, lo que "impide el desarrollo efectivo de un modelo propio social y de bienestar".
"FUTURO"
En su opinión, "de cara a futuro" el derecho a decidir "cobra una sustantividad especial, en un contexto político general de cambio que reclama la renovación y el fortalecimiento del sistema democrático abriendo cauces de participación a la ciudadanía".
"El derecho a decidir se erige, asimismo, en instrumento de cohesión entre quienes apuestan por la apertura de procesos en los que quepa plantear tanto el encaje constitucional como escenarios de plena soberanía", aseguran.
Recuerdan también que "en la actualidad, son varios los pueblos" en la UE que "han utilizado o reclaman el derecho a decidir" y, por ello, creen "razonable" que Euskadi "se sume a la búsqueda de condiciones que posibiliten su ejercicio".
"El contexto político actual resulta favorable para la búsqueda de puntos de encuentro entre juristas de diferentes ideologías, posibilitando trabajar conjuntamente y crear ámbitos de colaboración a favor de la aplicación del derecho a decidir", indican.
Además, insisten "en los principios de legitimidad democrática, transparencia, dialogo, cohesión social y cohesión territorial y respeto a los derechos humanos incluidos los derechos de las minorías" y, por ello, defienden que "corresponde a la ciudadanía vasca el derecho a decidir sobre su futuro político".
También manifiestan que "el principio democrático supone el instrumento para hacer efectivo el derecho a decidir, dentro del pleno respeto por los derechos y libertades fundamentales, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social, y cultural".
Además, se comprometen a trabajar "para contribuir a hacer posible la celebración de una consulta democrática y con todas las garantías jurídicas que posibilite determinar libre y democráticamente el futuro político colectivo" de Euskadi y añade que, "también corresponde a la ciudadanía el impulso de todos los instrumentos legales (internos e internacionales) y procedimientos democráticos existentes para hacer efectivo el fortalecimiento y el ejercicio del derecho a decidir".
Por último, reiteran su "deseo" de participar "de manera activa" en el proceso de ejercicio del derecho a decidir y animan "a todos los compañeros juristas a ser protagonistas activos en este proceso democrático".
