vitoria - PNV e izquierda abertzale comparten la apuesta por el derecho a decidir, es decir, que los vascos puedan fijar el futuro de Euskadi en una consulta. Sin embargo, sus caminos se separan a la hora de concretar cómo ejercer ese derecho. Los jeltzales plantean la vía del pacto. El Parlamento está trabajando en un nuevo estatus de autogobierno para el territorio, y lo que quiere el PNV es encajar el derecho a decidir dentro de ese marco. Pide acordarlo con el resto de los partidos, a ser posible incorporando a los socialistas para que el pacto no sea solo entre abertzales y tenga más opciones de ser respetado por el Gobierno español. Además, son conscientes de que los territorios que, por ejemplo, han consultado sobre la independencia a sus ciudadanos lo han hecho en la mayoría de casos de forma pactada con el Estado, acotando bien el derecho a decidir y fijando a menudo condiciones algo severas, ya que ningún país está dispuesto a dar un cheque en blanco para su desintegración.

El PNV viene a decir que, guste o no, esa es la realidad y plantear ese derecho como un poder ilimitado y sin concretar las preguntas es una ensoñación porque Madrid lo va a vetar a la primera de cambio. Para analizar el planteamiento de EH Bildu, por su parte, puede tomarse como referencia la propuesta para convocar consultas que registró en el Parlamento y que criticaron los jeltzales porque, de entrada, creen que no ha seguido la vía del pacto al no haber presentado su borrador en la ponencia del nuevo estatus ni haberlo cocinado con ningún otro partido. También critican que no concrete sobre qué quiere consultar, y que adelante acontecimientos hablando ya de convocar una votación el próximo año cuando todavía no se ha acordado aquello que debe ser sometido a referéndum: el nuevo estatus.

Los jeltzales manejan criterios generales sobre el derecho a decidir. El PNV quiere que la potestad de convocar consultas sea de Euskadi, y que no tenga que pedir permiso al Estado para convocar un referéndum como sucedió con la votación para ratificar el Estatuto de Gernika. Quiere pactar el principio general del derecho a decidir para convocar después esos plebiscitos. ¿Cómo pretende seducir a todas las partes? Ofreciendo un acuerdo sobre los límites temporales de la consulta (cada cuánto se pueden convocar y dentro de cuándo podrá ejercerse el derecho a decidir), que sean necesarias mayorías reforzadas en el Parlamento para activar ese derecho, y pactar sobre qué se puede preguntar.

El PNV no pierde de vista varios casos internacionales. Entre ellos, el de Quebec en Canadá. En ese caso no se admite el derecho a la independencia unilateral; ni siquiera que se esgrima una victoria en la consulta para decretar automáticamente la secesión de Quebec. Todo debe negociarse. Eso es lo que reconoció la Corte Suprema canadiense. En concreto, cuentan con una Ley de Claridad bastante exigente que pide negociar los pasos a dar incluso cuando gane la independencia, abre la puerta a poner como condición porcentajes superiores al 50,1% para ganar la votación, y se puede anular el resultado si se detectan incumplimientos de la ley. En el supuesto escocés, también hubo pacto: el primer ministro británico David Cameron y el entonces ministro principal escocés Alex Salmond pactaron la pregunta y la fecha de la consulta, que se celebró en septiembre del pasado año (ganó el no).

Además, en el Estado español, todos los intentos de activar una consulta desde un territorio sin el concurso de Madrid han fracasado: el plebiscito aprobado durante el mandato del lehendakari Ibarretxe por una amplia mayoría del Parlamento Vasco (pero sin votos de PSE o PP) y la Ley de Consultas catalana que iba a servir al president Mas para preguntar por la independencia han sido tumbados por el Tribunal Constitucional.

las propuestas El PNV buscará un resquicio planteando el derecho a decidir como una herramienta sujeta a pacto. En primer lugar, proponiendo que sean necesarias mayorías reforzadas para aprobar una consulta. De momento no maneja cifras oficiales, pero el límite de dos tercios del Parlamento (50 de los 75 escaños, más de lo que suman PNV y EH Bildu ahora) se ha mencionado en conversaciones informales en círculos jeltzales. Lo que sí tienen claro es que no irán muy lejos proponiendo una mayoría del 51% de escaños. Lo que intenta el PNV es que España se quede con el mensaje de que las fuerzas abertzales deberán contar con los votos de algún partido estatal para aprobar la consulta.

En el borrador de la proposición de Ley para el Empoderamiento de la Ciudadanía de EH Bildu, las mayorías son bastante más laxas. La consulta la podría promover el Parlamento por mayoría simple (más votos a favor que en contra; de manera que con el actual reparto el PNV podría convocar una consulta con el voto en contra de PSE, PP y UPyD y el apoyo de tan solo un escaño de EH Bildu), todo ello a propuesta de dos quintas partes de los parlamentarios (30, y el PNV tiene ahora 27), o tres grupos parlamentarios. También la pueden promover el lehendakari o el Gobierno, dos diputaciones forales o un 10% de los municipios que hayan recabado un apoyo por mayoría absoluta y sumen al menos 270.000 habitantes.

La ley no concreta preguntas y se entiende que sirve para todo y que valen las mismas mayorías para preguntar por la independencia que para interrogar sobre cualquier otra cuestión. El PNV lo ha criticado por meter las grandes consultas políticas en el mismo saco que cuestiones municipales como decidir de qué color se pinta una calle. La propuesta de la izquierda abertzale solo veta las preguntas que puedan restringir las libertades de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En cuanto al permiso del Estado, queda en el aire. En la iniciativa se apuesta por recabar el reconocimiento de Madrid sobre la capacidad de decisión de Euskadi, pero EH Bildu ha dicho públicamente que solo atenderá el mandato de los vascos incluso si España suspende la ley. En teoría, las consultas tampoco serán vinculantes, pero se pretende que guíen la acción política. Además, la iniciativa se inspira en la Ley de Consultas catalana vetada por los tribunales, hasta el punto de que se ha colado por error una referencia a las “instituciones catalanas” pegada literamente del texto. Por ello, en algunos ámbitos le han visto corto recorrido.

límite temporal Otro criterio que ha condicionado el ejercicio del derecho a decidir en otros puntos del planeta es la frecuencia con la que pueden convocarse las consultas, un punto que cuando se ha acordado entre el territorio y el Estado al que pertenece ha servido para allanar el pacto. El PNV lo tiene en mente pero no ha concretado fechas. No pierde de vista ejemplos como el caso irlandés. Los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que condujeron al desarme del IRA, contemplan la posibilidad de convocar una consulta sobre la reunificación de Irlanda, que Irlanda del Norte pueda separarse de Reino Unido; eso sí, en caso de activarse esa vía, no podrá convocarse otra consulta en siete años. Además, solo podrá celebrarse una votación si se percibe una demanda social mayoritaria a favor de la unificación.

Frente a este modelo, la propuesta de EH Bildu fija un límite de hasta tres consultas en un solo año. Parece obvio que nadie convocará tres plebiscitos sobre el autogobierno en un mismo año, pero en el borrador queda sin definir. Su iniciativa propone que la consulta se lleve a cabo en el ámbito de la comunidad autónoma, en los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, aunque no se renuncia a estrechar lazos con el resto de Euskal Herria.

La consulta la podría promover el Parlamento por mayoría simple (más votos a favor que en contra; de modo que con el actual reparto el PNV podría convocar una consulta con el voto en contra de PSE, PP y UPyD y el apoyo de tan solo un escaño de EH Bildu). También la pueden promover el lehendakari o el Gobierno, dos diputaciones o un 10% de los municipios que hayan forjado un acuerdo por mayoría absoluta y sumen 270.000 habitantes.

En la propuesta que registró EH Bildu en el Parlamento, no se concretan preguntas y se entiende que vale para consultar sobre el futuro político y cuestiones más cotidianas. Solo veta las preguntas que limiten las libertades de la Carta de Derechos Fundamentales europea.

Pone como límite que puedan plantearse hasta tres consultas en un solo año y, aunque es obvio que nadie convocará tres sobre el autogobierno, no lo aclara en la ley.

El PNV no tiene planteamientos en firme porque quiere pactarlos en la ponencia de autogobierno del Parlamento, pero apuesta por activar consultas con mayorías reforzadas, más allá del 51% de los escaños. El mensaje que quiere trasladar al Estado es que no valdrá con los votos abertzales, sino que deberán contar al menos con una fuerza de adscripción estatal, como los socialistas.

Los jeltzales reprochan a EH Bildu que no concrete en su propuesta sobre qué ámbitos quiere preguntar, y que plantee los mismos procedimientos para una gran consulta política y para cuestiones más locales. El PNV cree que deben acordarse bien la pregunta y los ámbitos del derecho a decidir.

No ha fijado una fecha y examinará ejemplos internacionales. En Irlanda del Norte, si se convocara una consulta de reunificación, no podría hacerse otra en siete años.