DONOSTIA. Un grupo de integrantes de la plataforma se ha concentrado hoy en el Boulevard de Donostia, donde han dado cuenta a los medios de comunicación del caso de Ana Múgica, una mujer que se enfrentó a la posibilidad de que Laboral Kutxa subastara el próximo 8 de mayo su vivienda en Donostia así como la de sus padres, pensionistas residentes en Ordizia, que actuaron de avalistas.

En el mismo lote, estaba incluida la panadería, que es el único medio de vida de Ana Múgica, situada en Ormaiztegi, y la segunda vivienda de sus suegros, ubicada en Orihuela (Alicante).

Además de estas pérdidas la afectada, que tiene un hijo de 23 años que trabaja en la panadería y una niña de 12, debía hacer frente a una deuda de 100.000 euros.

Según ha explicado Múgica, en 2006 pidió un crédito con Laboral Kutxa por valor de 500.000 euros para montar el negocio, que en un contexto de crisis "no factura mucho", por lo que no ha obtenido los recursos suficientes para hacer frente al pago de la deuda.

Ante esta situación acudió a Stop Desahucios, un colectivo que a su vez pidió la intervención del alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, quien intermedió para que la entidad acreedora suspendiera la subasta.

La portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa Rosa García ha explicado que esta es la vía habitual de actuación de este colectivo, que pide siempre la implicación del primer edil de la localidad en la que reside la afectada por un desahucio, algo que han hecho los alcaldes de Errenteria, Pasaia, Eibar, Lasarte o Urnieta, entre otros.

Ana Múgica se encuentra a la espera de que la entidad financiera fije una fecha para iniciar las negociaciones destinadas a renegociar su deuda de manera que pueda hacer frente a los pagos.

"Solo quiero mantener la casa de mis padres y la panadería", ha indicado Múgica, quien ha animado a los autónomos que se encuentran en una situación similar a dejar la "vergüenza" y pedir ayuda.

Stop Desahucios ha subrayado que en un primer momento los sectores amenazados por la pérdida de sus casas eran los inmigrantes, a los que siguieron los parados de larga duración y ahora son las clases medias y los autónomos.

Por ello han recordado que entre sus propuestas, recogidas en un decálogo suscrito por algunos partidos y plataformas sociales , figura la necesidad de implantar en el País Vasco un código de buenas prácticas bancarias que facilite una segunda oportunidad para los endeudados.