TREBIÑU. El alcalde, Ignacio Portilla, ha explicado que la prestación de servicios al enclave a través de convenios y otros "apaños institucionales" entre Castilla y León y el País Vasco supone una situación de "transitorialidad, precariedad e inseguridad jurídica" para los treviñeses.
Así se incluye en la proposición aprobada hoy y en la que se reivindica a las dos administraciones que pongan fecha de caducidad a esos convenios, situación que Portilla considera que debería hacerse efectiva a lo largo de la próxima legislatura.
En la propuesta indican que ninguna de las dos instituciones implicadas en la administración de Trebiñu está en condiciones de imponer condiciones u obligar a otras para garantizar la prestación de servicios y, por lo tanto, consideran que la "solución racional" pasa por la trasferencia administrativa de la titularidad del enclave burgalés a las instituciones de Araba y País Vasco.
Por eso, piden a las instituciones de Burgos y Castilla y León que constaten su "incapacidad" de prestar los servicios en Trebiñu de forma "racional, directa y de pleno derecho" y a las del País Vasco que fijen una fecha límite para que le sea transferida la titularidad del enclave "como única garantía de estabilidad y pleno derecho competencial".
Portilla ha señalado que esta información deberá ser trasladada al Gobierno de la nación cuyas Cortes Generales, mediante ley orgánica, tienen la "competencia exclusiva" para arbitrar la solución.
En este sentido, se lo trasladarán también a la ponencia de enclaves constituida en el Senado en 1995 y cuyo informe, conclusiones y recomendaciones "sigue sin aplicarse" en la actualidad.
Además de las acciones institucionales, la proposición contempla establecer como actuación permanente la presentación de denuncias puntuales ante los órganos que correspondan por la "vulneración de derechos" derivados de la situación administrativa actual tanto de índole público como particular.
Portilla ha detallado que los vecinos de Trebiñu se encuentran a diario con situaciones irregulares como la imposibilidad de crear mancomunidades de gestión con sus vecinos más próximos del País Vasco o la diferente aplicación del céntimo sanitario en las dos comunidades.
La proposición ha sido aprobada por los concejales de las dos agrupaciones independientes más el de PNV y el Bildu, en un pleno extraordinario al que no han asistido los tres ediles del PP.
El alcalde ha recordado que tal día como hoy, un 8 de marzo, se celebró en 1998 la consulta popular en la que más del 68 % de los vecinos mostró su apoyo a iniciar el proceso de incorporación a Araba.
Además, ha señalado que esta reivindicación se remonta incluso a los años 1646 y 1940 cuando ya se documenta la petición de Trebiñu de incorporarse al entramado administrativo de Araba, algo que se ha ido repitiendo desde entonces por distintas vías, la última en noviembre del pasado año en el Congreso de los Diputados.
