- “Mientras haya consenso político, movilización social, actitud pacífica y pulcritud democrática vamos a continuar. No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán pueda decidir su futuro”. Con esta exposición Artur Mas plasmó ayer la intención del Govern de mantener vivo el proceso soberanista pese a verse obligado a paralizar la campaña institucional por mandato del Tribunal Constitucional (TC), una estrategia donde trata de no dar un paso atrás apoyándose ahora en la movilización popular pero siendo consciente de que no debe incurrir en un movimiento que destile ilegalidad, de ahí que el Ejecutivo catalán descarte la desobediencia civil. En este escenario, no exento de trifulca en el Parlament, la Generalitat otorgó luz verde a la junta electoral que debería encargarse de la jornada del 9 de noviembre a modo de reto al TC, al tiempo que presentó los recursos correspondientes para solicitar el inmediato levantamiento del veto a la consulta con una fundamentación “sólida, solvente y completa” donde se invoca la “legitimidad” del derecho a decidir que Madrid niega a Catalunya.

“Se acabará con la gente votando, y esto ustedes no lo podrán impedir”, recalcó el president en una sesión de control monográfica sobre la suspensión del referendo no vinculante donde se visualizaron los bloques tradicionales y la posición intermedia del PSC. Atareado ya Mas en contactar con los líderes de los partidos proclives a la llamada a las urnas para acordar una hoja de ruta conjunta, sin grietas, la Cámara designó a los siete miembros de la comisión de control del 9-N con los 86 votos de CiU, ERC, ICV y la CUP, y tras un acalorado rifirrafe con PP y Ciutadans. Es más, los populares solicitaron la relación de quienes apoyaron la creación de este órgano a modo de amenaza de llevarlos ante la Fiscalía por lo que entiende como una “desobediencia clara” a la decisión del Alto Tribunal.

El freno de mano que echó el Govern en relación con la campaña de la consulta se justificó con el hecho de no poner contra las cuerdas a los funcionarios públicos, aunque ayer mismo ERC ofreció su entrada en el Ejecutivo para activar todo lo que atañe al referendo y asumir, por ende, las consecuencias legales que se pudieran derivar del desacato a las providencias dictadas por el Constitucional. Es más, su secretaria general Marta Rovira desveló incluso que su formación dispone de una lista de funcionarios voluntarios dispuestos a desafiar el requerimiento del TC. Entre tanto, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, negó cualquier discrepancia en el seno de su gobierno o del bloque soberanista más allá de los “matices”, enfatizó el comportamiento de los ciudadanos catalanes reivindicando su derecho a expresarse en las urnas a través de las movilizaciones en las plazas, y rechazó que estén abocados a hacer desaparecer la web oficial del 9-N (9nconsulta2014.cat), que sigue activa pero no actualizada, porque es un sitio que depende directamente de él y que está dispuesto a mantener hasta personalmente para no poner en riesgo a ningún trabajador de la institución.

No tiene Mas interés ni deseo de que esta senda se convierta en una huida hacia delante, de ahí que, ante la rogatoria de, por ejemplo, la CUP de aplicar la desobediencia civil, el president respondió que “históricamente no siempre ésta ha llevado a la victoria”, y que “en este momento” no se halla en esa tesitura sino en la de “presionar” al TC para virar su postura. Mientras, Homs acusó a Rajoy de “utilizar las leyes a su conveniencia” y con fines partidistas: “Para ellos, la democracia es una manera de llegar al poder”, afeó a un Gobierno del PP que “está desmontando el Estado de Derecho”. “Usa el poder como en otros tiempos, por la vía del “ordeno y mando”, zanjó el conseller, que insistió en que el Govern no comprometerá a ningún miembro ni funcionario de la Administración. “No podemos cargarle el muerto a un empleado público”, afirmó, matizando que todo aquello que dependa directamente de los dirigentes de la Generalitat continuará igual.

consecuencias “imprevisibles” Los recursos presentados ante el TC por el Govern advierten de que no levantar la suspensión tendría consecuencias imprevisibles y perjuicios “de carácter irreversible y no reparable”. En su argumentario alude a la Constitución, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Macedonia, la sentencia del TC sobre la declaración de soberanía del Parlament, las consultas normalizadas en países europeos y hasta las encuestas del CIS, sin olvidar las masivas manifestaciones en Catalunya. La conclusión del Ejecutivo de Mas es que el Gobierno español esgrime su posición desde la “cerrazón” en la lectura de la Carta Magna, y destaca que “si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, tal como demandan tantos ciudadanos, es difícil prever las consecuencias”. En ese punto se cita una resolución del Consejo de Europa de 2003 donde se alerta que si la población ve privado su derecho a participar en la toma de decisiones políticas “se tiende a alimentar el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia”. La mayoría de los ayuntamientos catalanes -el 98%, que representa al 88% de la población- se ha postulado a favor de la celebración de la consulta.

Y mientras el Govern trabaja en este doble sentido de exponer la viveza del proceso mediante los mecanismos a su alcance pero sin caer en conductas ilegales, falta por saber cómo y cuándo se pronunciará el TC. Según recogía ayer La Vanguardia, el tribunal estaría tratando de fraguar un pacto que permita dictar su fallo en un plazo de tres meses y al estilo del que se gestó con la declaración soberanista. Es decir, desarrollando la tesis sobre la admisibilidad de la reivindicación del derecho a decidir con la perspectiva de una reforma constitucional, iniciativa que solo puede nacer del diálogo político.

Críticas a Rajoy. Bloomberg, el gigante de la comunicación propietario de la influyente agencia estadounidense de noticias políticas y económicas, publicó ayer un duro editorial en el que destaca los “errores” de Rajoy en relación a la cuestión catalana. Aludiendo a Escocia -dice-, y a diferencia de los británicos, “los españoles no están dispuestos a dejar que tengan un referendo”. “Los líderes de España tienen que mostrar un poco de inusitada habilidad política y hacer posible la votación, incluso haciendo campaña para la unión”, señala el editorial. Por su parte, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley estima que un acuerdo para lograr un pacto fiscal sería una solución al contencioso con Catalunya.

El nuevo secretario general del PSOE apostó de nuevo por la reforma federal y cargó contra la conducta del líder del PP. “El inmovilismo de Mariano Rajoy es gasolina para el independentismo”, señaló en declaraciones a La Sexta Pedro Sánchez, para quien el dirigente popular “es ahora mismo más presidente del PP que presidente del Gobierno. Está en pleno cálculo electoral”.