MARDRID. Aunque en ningún momento el acuerdo del CGPJ cita el caso ni al juez ni al fiscal, la declaración ha sido aprobada esta tarde después de que de los vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial pidieran que se actuase contra el fiscal por las "imputaciones" que aseguran que ha hecho contra el juez en su recurso contra la imputación de la infanta Cristina.
El CGPJ considera necesario en su acuerdo, aprobado por unanimidad, solicitar "de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional" de los jueces y magistrados.
El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones "que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia" de los jueces en el ejercicio de su cometido, "más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia".
El pasado jueves, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que el juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la hermana del Rey en "meras conjeturas", al tiempo que consideró que sufría "contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación" y despreciaba indicios exculpatorios.
El Poder Judicial ha recordado que el pasado 23 de enero ya puso de manifiesto en otro acuerdo que los jueces asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades "en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad".
Subraya, asimismo, el CGPJ que la confianza pública que merecen los jueces en su trabajo reclama "de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales".
La reacción del Poder Judicial se ha producido a instancia de los seis vocales progresistas, que reclamaron que el CGPJ manifestara la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, "mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados".
Los vocales que mostraban su preocupación "por las imputaciones" del fiscal fueron Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáenz y Pilar Sepúlveda.
Estos vocales han considerado que en el recurso el fiscal utilizó expresiones como que el juez se fundamenta en "el pilar inicial" de la "certeza absoluta" de la culpabilidad de la infanta o que el instructor tenía "el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación", con relegación de "los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia".
En su recurso contra la imputación de la infanta Cristina, el fiscal sostuvo en su escrito que el juez ha actuado "imbuido por oleadas previas de interesados inputs mediáticos" y le ha achacado que despreciara "indicios de notable fuerza exculpatoria" hacia la infanta.
Según el fiscal, el instructor ha construido "un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez" para imputar a la infanta, que se desmoronaría con "una leve brisa" porque se basa en tres circunstancias de "nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50 %.
El propio juez contestó, en declaraciones a los periodistas, que el fiscal tendría que haber presentado "una querella" contra él "por prevaricación" si considera que ha cometido este delito, tal como le atribuye en el escrito con el que recurre el auto en el que el magistrado mantiene la imputación de la infanta Cristina.
"Creo que si el Ministerio fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación", afirmó el juez a su llegada a los juzgados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha evitado hoy pronunciarse sobre la polémica: "No nos corresponde al Gobierno establecer ningún tipo de valoración ni opinión sobre un asunto que está en tramitación judicial", ha señalado.
