MADRID - El trámite, de tan cocinado, era menor. Una aplastante mayoría del Congreso sustentada en el pacto del corneado bipartidismo dio luz verde ayer a la ley sobre la abdicación de Juan Carlos de Borbón, la norma más corta de la etapa democrática en el Estado español, a modo de prólogo a la proclamación de Felipe VI como próximo monarca. Despojada la votación de cualquier atisbo de sorpresa, y mientras en el exterior el número de agentes policiales superaba al de manifestantes que abogaban por la república, en el hemiciclo la atención se centró en los discursos, tópicos, con Mariano Rajoy loando la monarquía, el líder de la oposición actuando como si fuera Ejecutivo, los partidos nacionalistas remando hacia los intereses de los territorios históricos y la izquierda clamando por un referendo que dé la palabra al pueblo.

Un capítulo sin sobresaltos, como lo han venido macerando el presidente español y Alfredo Pérez Rubalcaba desde que el rey les confió su intención de ceder los trastos a su hijo en virtud del poder sanguíneo. Han bastado diez días desde que sus intenciones se hicieron públicas para amarrar un escenario en el que PP y PSOE, a imagen y semejanza de la Transición, lo han dejado todo atado a través de una proposición que partía del propio Gobierno para reglar el traspaso de poderes, en lectura única, y mediante un procedimiento exprés que solventara 39 años de reinado -y los que vengan bajo la misma dinastía- en una matinal de poco más de tres horas. El único temblor llegó de la bancada socialista, con la abstención de Odón Elorza rompiendo la disciplina de partido, y las ausencias de Guillem García y Paloma Rodríguez Vázquez, que recibirán la multa correspondiente. La sanción a su formación es probable que llegue de sus militantes y simpatizantes, pero de nuevo en la urna, reprochando a su formación el quebranto del espíritu republicano que le vio nacer.

299 votos favorables de los diputados de PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias (85,4%), frente a los 19 en contra de Izquierda Plural, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromis-Equo y Nueva Canarias, y las 23 abstenciones de CiU, PNV y Coalición Canaria -y la del exalcalde de Donostia-, resolvieron la reedición del canto a la Constitución de 1978, con Rajoy advirtiendo de que "en el orden del día" no se discutía el modelo político, y apreciando en la monarquía "el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado" porque, a su juicio, es quien "mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz que es indispensable para el progreso y la posteridad". Descripción que vistió otorgando a la monarquía parlamentaria el señuelo de asentarse en "hondas raíces históricas", mientras aplaudía la figura de Juan Carlos I por los "méritos contraídos", ser el "mejor símbolo de nuestra democracia en el mundo" y por "haber puesto cuidado en la preparación de quien está llamado a sucederlo". Es decir, Felipe de Borbón. O sea, que habló no solo de abdicación, sino también de sucesión y perpetuación de un sistema.

El brete del psoe En la bancada socialista, algunos diputados con un rictus de avestruz cuando cantaban el voto afirmativo después de que su líder excusara su posición añadiendo la necesidad de una reforma constitucional, la incomodidad ante la votación era patente. El socialismo se fajó en resaltar su fidelidad a la Carta Magna y al monarca, y en señalar que sería "un dislate" votar en contra de una ley que "ratifica el consenso alcanzado en la Transición" y que "abre un tiempo que nos permita hacer frente a la crisis social, política y económica que vive España". "El PSOE defiende la preferencia republicana, pero somos compatibles con la monarquía", precisó. El último servicio a la causa de Rubalcaba, que se saldó con aplausos del PP.

Mientras Rosa Díez (UPyD) se abrazó efusiva y sucesivamente a la Constitución, la Izquierda Plural, cartel en mano exhortando a la consulta y escarapelas en las solapas con la bandera republicana, lamentó que Felipe VI herede la Corona como si fuera "una propiedad privada". Lo atestiguó el líder de IU, Cayo Lara, que denunció un proceso de sucesión "gestado de forma oscura, sangre nueva para una dinastía decrépita". Arropó su discurso Alfred Bosch (ERC), quien avistó el referendo del 9 de noviembre, donde Catalunya "elegirá entre la monarquía española y la república catalana, y proclamaremos esta".

Paralelamente, Duran i Lleida (CiU), haciendo tremendo encaje de bolillos entre su sentir y el del grupo del que es portavoz, reprochó a PP y PSOE que hayan obviado a su coalición en este proceso, solicitando al nuevo rey "sensibilidad" respecto a las demandas de la ciudadanía catalana; mientras que Aitor Esteban (PNV) recordó el pacto constitucional del que los jeltzales fueron excluidos y que se concretó en que solo el 30% de la CAV avalara la Carta Magna.

El PP no olvida a eta Amaiur, cuyos diputados se fueron en la votación, relacionó al monarca, por boca de Sabino Cuadra, con las torturas y lo situó como heredero de Franco, concluyendo su exposición al grito de "¡monarquía fuera, viva Euskal Herria libre y republicana!", mientras desplegaba una ikurriña en la tribuna. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, tuvo luego la idea de vincular a la formación soberanista con las acciones de ETA al acusarla de haber "intentado asesinar al rey". "Sabíamos que el señor Cuadra no iba a hacer un homenaje al rey porque él es más partidario de hacer un homenaje a los asesinos de ETA", soltó el popular.

A su vez, Uxue Barkos (Geroa Bai) criticó que el traspaso de la Corona "se hurte a la sociedad" con las "prisas" del bipartito "por coronar a Felipe VI", a quien solo queda ya proclamarlo el próximo día 19.