vitoria - El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, pudo haber incurrido en un delito de prevaricación por la denegación de indemnizaciones a varias víctimas de los GAL y otros grupos terroristas que previamente ya habían sido reconocidas como damnificados por el terrorismo. Así lo advirtió ayer el catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU Ignacio Muñagorri, quien compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en compañía de la profesora de Derecho Penal Ana Pérez Macho para presentar un informe referente a la negación de ayudas a víctimas de los GAL, el Batallón Vasco Español (BVE) y la Triple A. Según datos del Gobierno Vasco alrededor de 30 víctimas de estos grupos de la extrema derecha habían solicitado la actualización de las ayudas que ya percibían al haber sido reconocida su condición. Aunque a cinco de ellas se les ha dado la razón y han visto ampliadas sus ayudas, a una docena de ellas les ha sido denegada la indemnización, mientras que el resto de casos están aún pendientes de resolver.

La negativa a revisar las actualizaciones de la compensaciones por parte del Gobierno español se sustenta en el artículo 8.2 del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos. Según se señala en este artículo, se establece la posibilidad de "reducir o suprimir" la indemnizaciones si la víctima solicitante participó en delincuencia organizada o pertenece a una organización que perpetra delitos violentos.

A juicio del catedrático Muñagorri, el Ministerio del Interior español desvirtuó el contenido de este Convenio puesto que basó la decisión de denegar las ayudas en meros informes policiales y otro tipo de elementos probatorios "insuficientes" para afirmar que estas víctimas tenían conexión con organizaciones que perpetraran actos violentos. A su entender, con esta actuación se destruye la presunción de inocencia de aquellos a los que se les ha denegado la indemnización. "Con esta interpretación arbitraria y falsaria del texto europeo, el Ministerio del Interior vulnera el principio de legalidad, la separación de poderes y la presunción de inocencia", aseguró el catedrático de la UPV/EHU. De hecho, critica que informes policiales se eleven a categoría de prueba de cargo para negar las ayudas por el mero apunte de que un solicitante sea "simpatizante de la izquierda abertzale" o que perteneciera a una formación política como Herri Batasuna que en su momento, en 1980, era legal.

Por todo ello, Ignacio Muñagorri planteó ante la Comisión del Parlamento Vasco la posibilidad de que Jorge Fernández Díaz hubiera incurrido en un delito de prevaricación. "En relación con los delitos, pensamos que había un ilícito penal grave por parte de quien firma las solicitudes de indemnización, a efectos puramente de firma, que es el ministro, y por parte de quien firma las respuestas denegatorias a los recursos de reposición", aseguró. Así, fue más allá y señaló que "estudiando el tipo delictivo recogido en el artículo 404 del Código Penal (referente a la prevaricación) , vemos que están todos los elementos del tipo: los subjetivos, tanto el cognitivo como el volitivo, y el elemento de resultado objetivo a partir de los supuestos de hecho que recoge el tipo de prevaricación".

Reacción parlamentaria Ante el informe de Muñagorri, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate calificó de "abuso de poder" la actuación del Gobierno español. En parecidos términos se expresó el representante de EH Bildu Julen Arzuaga, quien se preguntó si esta denegación de las ayudas no podía ser considerado como "una humillación a las víctimas".

Por parte del PSE, Rodolfo Ares apoyó que todas las víctimas tengan "derecho a la reparación y la verdad", mientras que Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD, resaltó que el "contundente informe" hace "graves acusaciones contra el Gobierno de España". El parlamentario del PP Carmelo Barrio calificó de "absolutamente exageradas" las afirmaciones de Muñagorri y aseguró que las resoluciones adoptadas por el Ministerio del Interior, "están fundamentadas en los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a la tutela judicial".

Reunión en Gasteiz Esta situación, además de otras cuestiones más, se analizará hoy en la reunión que mantendrán distintos colectivos de víctimas del terrorismo con representantes del Gobierno Vasco, entre ellos el secretario para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández.

Este consejo, que se reúne dos o tres veces al año, fue creado por la Ley vasca de Víctimas del Terrorismo y se ocupa de informar sobre los proyectos y las normativas relacionadas con las personas afectadas por el terrorismo. En su última cita, celebrada el pasado 21 de octubre, se analizaron las alegaciones que hicieron las víctimas al Plan de Paz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Al encuentro de hoy acudirá por primera vez Josu Puelles, hermano del inspector Eduardo Puelles asesinado por ETA, toda vez que ha entrado a formar parte de la Ejecutiva de Covite en sustitución de Ana Velasco, que concurrirá a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo en las listas de VOX.