Bilbao. El racimo de indultados asusta. La cifras resultan aplastantes. Cuentas de un rosario interminable. Un rayo que no cesa. Desde 1996, los condenados rescatados de cumplir las penas por la intervención del gobierno de turno supera con creces los 10.000 casos, unas cifras "disparatadas", estima Eva Belmonte si se tiene en cuenta que los indultos son la última oportunidad, algo así como la lotería de un reo. Desde JpD no se quiere adjetivar la avalancha de medidas de gracia decretadas desde el poder ejecutivo, pero consideran que "el número de indultos es un exceso". Da la impresión de que el Gobierno español reparte clemencia como si se tratara de una tómbola. "Se genera mala imagen. Otorgar un indulto debe ser una facultad de carácter especial y debe emplearse con mesura y criterio", apunta Edmundo Rodríguez.

En ese sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo calificó en su día la actual Ley del indulto, que data de 1870, como una "herencia del absolutismo". En su reflexión, la sala criticó que la adopción de esta medida de gracia no exija a sus impulsores "la más mínima justificación" para llevarla a cabo. Fue la respuesta de los magistrados al indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz por parte del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, perteneciente al ejecutivo de Rodríguez Zapatero. "Es curioso que ahora Rubalcaba diga que no se pueden otorgar indultos sin argumentarlos, pero el PSOE eliminó esa posibilidad cuando estuvo en el Gobierno", refresca Belmonte.

doble indulto "El de Alfredo Sáenz fue uno de los casos más llamativos, pero el del doble indulto a los mossos d'Esquadra, condenados por torturas es aún peor. Es un precedente muy peligroso y un mensaje muy preocupante para la sociedad", amplifica Eva Belmonte. La medida de gracia a la que se refiere Belmonte fue concedida el año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. "El juez se opuso con fuerza a la medida y de hecho, tras un primer indulto, decretó cárcel para ellos, pero finalmente concedieron los indultos y todo se resolvió mediante una multa. Así que pueden seguir ejerciendo su trabajo después de haber sido condenados por un delito de torturas", critica Belmonte cuando mira por el retrovisor y observa aquella maniobra. No fue la única de este tipo. Unos guardias civiles condenados a penas de cárcel por torturas también fueron perdonados por la gracia del Gobierno español.

Si bien la cantidad de indultados es elevadísima, preocupante en sí misma -"no puede haber un alto número de indultos porque va en contra del propio sentido de la justicia y del trabajo que ésta desarrolla", enmarca Edmundo Rodríguez- no lo es menos la tarjeta de presentación de algunos de sus beneficiarios que forman parte de la arquitectura del propio Estado. "Si este tipo de conductas quedan sin castigo, si se resuelven con un indulto, se está mandando un mensaje muy negativo porque da la sensación de que existen conductas que quedan impunes y eso es muy perjudicial para el Estado de Derecho", deslizan desde Jueces para la Democracia. "Todavía es más preocupante que el indulto se aplique a quienes hacen un uso desmedido del poder y son parte del Estado", suma Belmonte, que espera al sprint final del Gobierno español para recoger la cantidad total de indultos. "A finales de año siempre hay un repunte con el tema de los indultos".

Según los datos que manejan desde el Indultómetro, porcentualmente los condenados que más se indultan se trata de políticos y funcionarios. Denuncia Belmonte que cuando se trata de medidas de gracia no hay colores políticos que valgan. "Se trata de un asunto de preservar la casta. Gobiernos del PSOE han indultado a políticos del PP y viceversa. No existe una voluntad real para modificar esta ley". "No solo hay que fijarse en el número de indultos sino también en quiénes son los beneficiarios de los mismos", advierten desde Jueces para la Democracia. De hecho, son los delitos de prevaricación, malversación de fondos y delitos contra el medio ambiente los que despuntan en el ranking de indultos, delitos estrechamente unidos con actuaciones de políticos y funcionarios.

De esa clase de prácticas cuelgan las condenas que recaen sobre José María del Nido, quien fuera presidente del Sevilla; Jaume Matas, expresidente de las Islas Baleares y Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja del PP. Sobre Del Nido pesa una condena de siete años de cárcel y 2,8 millones de multa por delitos de malversación y prevaricación en el Ayuntamiento de Marbella. La pena para el exmandatario de Baleares, que aún tiene varias causas pendientes con la Justicia, es de 9 meses y un día de prisión después de que el Tribunal Supremo rebajara la pena inicial de seis años. Matas acumula dos condenas por el caso Palma Arena, una de ellas por tráfico de influencias. Su compañero de partido, Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, fue condenado a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio de recogida de basuras de la ciudad.

sin rubor alguno Condenados los tres a ingresar en prisión tras sendos procesos judiciales, todos ellos comparten destino: han coincidido a la hora de pedir un indulto al Gobierno español como método para esquivar la cárcel. Además, los tres se han destacado al pedir la medida de gracia ante los medios de comunicación. A estas alturas, en un país enfangado en corrupción, nadie se tapa. Es más, al exalcalde de Torrevieja le apoyan los parlamentarios del PP en las Cortes valencianas y tiene a favor los informes de la Fiscalía de Valencia por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suspendido la condena hasta que se resuelva la petición de indulto, que tiene carácter de urgencia. "Saben que existen precedentes para casos similares a los suyos así que les da lo mismo decirlo públicamente", atribuye Eva Belmonte, que curada de espanto, se lo toma con cierto humor. "Al menos, al pedirlo en público ponen las cartas sobre la mesa. Así que casi mejor".