pamplona. La situación de minoría del Gobierno de UPN en el Parlamento de Navarra volvió a pasar ayer factura a los regionalistas, que vieron como la oposición sacó adelante una vez más una ley en contra de su voluntad. El apoyo del Partido Popular no fue suficiente para el equipo de gobierno de Yolanda Barcina, a la que la soberanía popular le pasó de nuevo por encima, en esta ocasión para poner freno a los despidos masivos y al desmantelamiento de la Corporación pública puesto en marcha por el Ejecutivo foral desde hace meses.
Toda la oposición de izquierdas -PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai- acordó modificar la ley de empresas públicas, por lo que a partir de ahora se requerirá la autorización previa de la Cámara para realizar operaciones sobre las participaciones en sociedades públicas. La fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de estas empresas, así como la presentación de expedientes de regulación y planes de reestructuración de plantillas que afecten a más del 10 % de los empleados de una sociedad pública, deberán ser autorizadas por la mayoría del Parlamento y no solo por el Gobierno, como era preceptivo hasta ahora.
Una enmienda de última hora, planteada por todos los grupos de la oposición para dotar de mayor seguridad jurídica a esta norma, introdujo el matiz de que el Parlamento solo podrá decidir sobre aquellas operaciones que "no hayan sido cerradas completamente". Se elimina así la retroactividad que se planteaba inicialmente y que había sido señalada por varios informes jurídicos como posible causa de inconstitucionalidad. No obstante, la ley afecta a todos los expedientes que están pendientes, como el de Ganasa, Intia, o el anunciado para Nasuvinsa. No tendrá efecto, en cambio para el de Cein, que ya está finalizado.
Los grupos parlamentarios han querido de esta forma poner freno a las intenciones de UPN, que está llevando a cabo agresivos procesos de regulación -con la consecuencia del despido de decenas de trabajadores- para reducir de manera sustancial el volumen de empresas. La oposición considera que el déficit que arrastran las empresas públicas es consecuencia de una nefasta gestión del Gobierno foral -acciones de Iberdrola, fondos de Sodena, inversiones como el Circuito de Los Arcos-, por lo que no es de recibo cargar sobre los hombros de los trabajadores las consecuencias.
Barcina, disconforme Lejos de compartir estos argumentos, el Gobierno de UPN, que anunció que no aplicará la norma, se muestra convencido de que los despidos y la reducción del volumen general de las empresas públicas son la única vía para poder cuadrar sus cuentas. Segura de que la ley que sacó adelante la oposición incurre en cuestiones de carácter legal que podrían dejarla sin efecto, Yolanda Barcina pidió ayer su retirada y mostró su "absoluta disconformidad con el texto". La presidenta habló de la "responsabilidad" que deberían mostrar los miembros del Parlamento y consideró que la oposición "está tomando un camino peligroso".
"Por mucho que la enmienden, la ley sigue siendo inconstitucional y genera una gran incertidumbre jurídica", valoró Barcina, que confió en que el Gobierno de Rajoy sea de nuevo quien la defienda y presente un recurso en el Tribunal Constitucional que deje la norma sin efecto. Su inesperada intervención fue la primera que protagonizó en un debate ordinario y le valió para volver a demostrar que, a pesar de la situación de bloqueo en la que se encuentra su Gobierno por no contar con el respaldo del Parlamento, no tiene intención de aceptar la derrota y abandonar el cargo.
"Por mucho que la enmienden, la ley sigue generando una gran inseguridad jurídica"
YOLANDA BARCINA
Presidenta del Gobierno de Nafarroa
"Tiene que aplicar la ley, si no estarán prevaricando"
Samuel caro
Portavoz de PSN-PSOE
"La intención de UPN es desmantelar el sector público"
maiorga ramírez
Portavoz de Bildu
"El Gobierno navarro nos ha obligado a traer esta medida"
manu ayerdi
Portavoz de Geroa Bai
