madrid. Una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son "expulsadas" diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según indicó el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013, que revela que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.

El dato se calcula dividiendo la cifra de beneficiarios que han salido del Sistema en el último semestre entre seis meses y entre 30 días. Esta cifra, sumada al hecho de que "no se mantiene la tasa de reposición" de la Gran Dependencia conduce, según Ramírez, a la "destrucción absoluta" del Sistema de Dependencia.

Además, Ramírez pidió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que "no alardee" de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013, ya que, según apuntó, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera.

Concretamente, denunció que esta reducción es consecuencia de: "impedir que nuevos dependientes accedan al sistema", como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones "a la baja" del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.

Precisamente, Ramírez señaló que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según remarcó, les consta que han sido "masivas y sangrantes" en algunas comunidades autónomas.

"Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición", insistió, al tiempo que acusó al Gobierno de "mentir con medias verdades", de "jugar con los datos" y de "ocultar restricciones al acceso" al Sistema.

Además, explicó que, si el Gobierno hubiera invertido en Dependencia los 449 millones de euros en recortes, "más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos -IRPF, Seguridad Social e IVA-, hubiera evitado el despido de 2.000 personas y hubiera ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones". Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia es "sostenible y viable" pues genera unos retornos económicos de en torno al 42% así como 30 empleos directos y estables por cada millón de euros invertidos en el sistema de atención a la dependencia.

"Si aplican los tres nuevos Reales Decretos que están sobre la mesa pendientes para publicar, probablemente el destrozo en la política social será dramático, la desatención a las personas dependientes será insoportable y la repercusión en el empleo hará que más de 20.000 personas en los próximos meses vayan engrosando las listas del paro", advirtió.

A su juicio, el Gobierno quiere convertir el sistema "un subproducto financiero de aseguradoras".