SAN SEBASTIÁN. El embargo es consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que el pasado mes de febrero desestimó un recurso del exalcalde contra le decisión de un juzgado de San Sebastián de exigirle una caución por valor de casi 416.000 euros.

La fianza exigida por este fallo, al que ha tenido acceso EFE, pretende garantizar que Zabala pueda hacer frente al pago de más de medio millón de euros que el Ayuntamiento de Astigarraga le reclama para resarcir a las arcas públicas del coste que le supuso un convenio urbanístico firmado por el exacalde en los años 90.

El caso parte del año 1995, cuando Zabala, entonces alcalde en las filas de EA -partido que actualmente integra Bildu- firmó un convenio urbanístico con la empresa Elgopebi.

En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento debía compensar a esta compañía con un terreno a cambio de recortarle casi 1.000 metros cuadrados la parcela que ocupaba Elgopebi para construir en ella una carretera.

Ese convenio no llegó a votarse en pleno y el siguiente gobierno municipal -que correspondió a Euskal Herritarrok en 1999- no lo asumió, por lo que Elgopebi recurrió a los tribunales y la Justicia obligó al Ayuntamiento a pagar a la empresa cerca de 416.000 euros.

Al ejecutar esta sentencia, el consistorio de Astigarraga abonó a Elgopebi en 2011 un total de 415.896,24 euros -los que fijó el fallo- más 146.298,63 euros por intereses de demora.

Ya con Bildu al frente del gobierno de Astigarraga, el pleno municipal aprobó en enero de 2012 iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial contra Zabala para determinar si incurrió en mala gestión y, en su caso, exigirle el abono de la cantidad pagada por el consistorio.

En abril de 2012 el Ayuntamiento concluyó que el exalcalde había cometido una "negligencia grave" e inició una "acción de regreso" por un valor de 562.194,87 euros, hasta que en mayo el Departamento de Recaudación exigió al exalcalde el pago de este importe

Zabala recurrió ante los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián decidió suspender cautelarmente el procedimiento en su contra, aunque le exigió que presentara una fianza por valor de 415.896,24 euros.

El exalcalde, que se integró en Hamaikabat tras la escisión de EA, recurrió a su vez el establecimiento de la fianza, pero el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado su petición y ha ratificado la obligación de cubrir dicha cantidad.

En la sentencia, que es firme, el TSJPV considera que Zabala "no ha acreditado que carezca de recursos o bienes suficientes para ofrecer una garantía inmobiliaria o de otra clase para responder del pago de 415.896 euros o que no pueda constituir esa caución sin costes o gravamen insoportables, o sea, que produzcan un grave desequilibrio en su situación patrimonial".

Según han indicado a EFE fuentes del entorno del exalcade, quien no desea realizar declaraciones, el Ayuntamiento le ha comunicado ya el embargo de su vivienda habitual como fianza, aunque por el momento no la ha sacado a subasta, por lo que Zabala sigue viviendo en ella.