Bajo manga

Con esos 800 millones se pueden hacer muchas cosas en Álava. Por ejemplo, cubrir durante más de dos años todo el Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria. La cantidad corresponde exactamente al recorte que ha aplicado el nuevo Gobierno Vasco a sus primeras Cuentas, a la última estimación sobre la fortuna de Paul McCartney o a la multa que Samsung ha tenido que pagar a Apple por copiarle el iPad. Es mucho dinero.

De estas estimaciones -es imposible conocer el dato exacto de una actividad no declarada, pero el cálculo coincide con otros realizados con diferentes metodologías-, se extrae que un 20,5% del dinero que se mueve en Álava circula fuera del control de Hacienda, una tasa muy similar a las de Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia. ¿Es mucho o es poco? Depende. A principios de los ochenta la media española era del 15,5%, en 2009 estaba ya en el 23,3%. En Santa Cruz de Tenerife baten récords con un 35,9% de economía sumergida, en La Rioja se mueven en el 31%, en Andalucía la tasa se sitúa en el 24,9%, en Castilla y León en el 25%, en Valencia en el 24,3%, en Madrid en el 19,6% y en Baleares en el 19,2%. La provincia de Girona es el ámbito territorial del Estado donde menos se defrauda, con una tasa del 13,8%, la única cercana a la media europea.

DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA ha tratado de sondear, sin éxito, al Departamento de Hacienda alavés para conocer el detalle de la persecución al fraude en el territorio, así como las características del mismo y de sus protagonistas. Sí ha atendido a este medio el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que da algunas claves para entender cómo se pueden escapar tantos millones al control de la Administración en estos tiempos de ajuste para el común de los ciudadanos que viven de una nómina.

¿Quién defrauda? "Muchos ciudadanos ponemos el foco de atención en el fraude que conocemos, en el autónomo que viene a nuestra casa a hacer una reparación sin factura, la pequeña empresa a la que si le pides la factura dice que te tiene que cobrar el IVA, y sin embargo, según nuestras estimaciones, de los 59.000 millones de euros que se dejaron de recaudar en 2009, el 71,7%, 42.711 millones, correspondían a la evasión de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, estamos hablando de las tres cuartas partes de la evasión. Las pymes -el 97% del tejido empresarial español- defraudaban unos 10.150 millones, el 17% de la evasión; y los autónomos -tres millones de trabajadores- apenas 5.100 millones, el 6%. El fraude no empresarial, el del arrendador de un inmueble que no lo declara, el del que da clases particulares en su casa, el del trabajador que cobra una parte en b, apenas es el 2,6%, poco más de 1.540 millones".

Sin embargo, los esfuerzos del fisco se centran en estos grupos, entre los cuales no alcanzan el 30% de la evasión. La razón, explica Mollinedo, es que Hacienda selecciona a los contribuyentes que investiga en base a las discrepancias existentes entre lo que declara cada cuál y lo que figura en la base de datos. Cada año, los técnicos de Hacienda buscan esas discrepancias y llaman a capítulo al sospechoso.

"Obviamente se va a elegir las discrepancias de mayor importe para ser investigadas en primer lugar, pero, ¿quién deja rastro? Quien no tiene asesoramiento o tiene un mal asesoramiento. Son los que en los últimos días de la Declaración de la Renta llevan su paquete de facturas al asesor, les sale mucho y piden que les salga menos porque no lo pueden pagar. Esto es lo que ocurre generalmente con los autónomos y con las pequeñas compañías, las grandes no cometen ese error porque tienen un departamento contable que sabe que debe conciliar el importe a declarar con los de las empresas con las que están relacionados y evitar que salte la liebre", explica Mollinedo.

El problema es que los responsables de las haciendas fijan unos objetivos de afloramiento de fraude, normalmente los mismos del año anterior más la aplicación del correspondiente IPC, y así, a nada que se siga trabajando con la rutina de siempre se destapa la cantidad deseada. "Cuando uno visita cualquier oficina de la Agencia Tributaria, pero también de las haciendas forales, en el patio de operaciones hay un perfil de contribuyente económicamente débil. Las grandes empresas, los grandes patrimonios, habitualmente no son investigados, sólo ocasionalmente vemos filtraciones de datos, como los del banco LGT de Liechtenstein, las cuentas secretas de grandes fortunas en Luxemburgo, o las cuentas del HSBC de Suiza. Ahí está el verdadero fraude, en esos consorcios empresariales, en esas fortunas; ahora hemos visto con la filtración masiva de los datos de paraísos fiscales que ha realizado el Consorcio de Periodistas de Investigación de Estados Unidos que la baronesa Thyssen o la mujer de Juan Abelló -empresario de éxito y coleccionista de arte- tenían sus bienes y patrimonios a salvo a través de sociedades interpuestas en paraísos fiscales".

menos control, más fraude Mollinedo y sus compañeros de administración, por otro lado, lo tienen mucho más difícil que sus colegas alaveses a la hora de perseguir el fraude. No es lo mismo controlar a millones de contribuyentes que a unas pocas decenas de miles. "En los índices que manejamos de fraude fiscal el País Vasco sale bastante mejor parado que el conjunto del Estado, al ser territorios más pequeños el control es un poco mejor". En ese sentido, una prueba de que más control significa menos evasión la dan, una vez más, los números. "El ratio de empleados públicos en las administraciones tributarias respecto al número de contribuyentes en el conjunto del Estado, según datos de la OCDE, es de algo más de 1.100 empresas y personas para investigar cada año. Es inabarcable. Hablamos del doble que Francia, y precisamente tenemos el doble de economía sumergida. Parece que hay una correlación, ¿no?", se pregunta el secretario general de la central profesional Gestha.

El sindicato ha planteado una serie de medidas para rebajar en diez puntos la tasa de economía sumergida hasta alcanzar la media europea, pues "acabar con todo el fraude es una pretensión muy grande", según Mollinedo. "Nosotros lo que planteamos son una serie de medidas de carácter organizativo y otras de carácter fiscal, tributario. Parecen obvias, se trata por un lado de mejorar el funcionamiento interno de las administraciones públicas, y por otro de eliminar la sensación que tienen algunos contribuyentes de que no son tratados justamente con la normativa tributaria, y por tanto se defienden con la evasión", señala el técnico del Ministerio de Hacienda.

Lo primero es dotar a los inspectores de mayores competencias, además de cruzar datos con las haciendas autonómicas para, por ejemplo, comparar rentas y patrimonios y sacar conclusiones. "Tenemos que tener las manos libres en la lucha contra la evasión, no estar sometidos a un programa de discrepancias que sólo señala a los pequeños contribuyentes", reclama Mollinedo. Hay muchas más medidas que apunta Gestha en su informe La necesidad y la oportunidad de hacer mejoras en la gestión de los tributos en el marco de la Ley de Economía Sostenible, disponible en su página web e invisible para sus superiores.

En Álava, esos diez puntos de rebaja en el fraude supondrían el ingreso en las arcas forales y de la Seguridad Social de 384 millones de euros, 254 por impuestos y 130 por cuotas laborales. En todo el Estado surgirían de la nada 38.000 millones de euros, suficiente para tapar tres veces el agujero de Bankia, o para cubrir casi cuatro puntos del déficit estructural español de golpe.